Pepe Cortés
La inflación no es solamente un porcentaje publicado cada mes por el INEGI. Es la diferencia entre llenar el carrito del supermercado o dejar productos en el anaquel; entre mantener abierto un pequeño negocio o bajar la cortina; entre construir una fábrica o guardar el proyecto hasta que regrese la certidumbre. Para el gobierno es una estadística; para las familias es una pérdida diaria.
En agosto, la inflación anual se ubicó en 3.26 por ciento. El dato puede parecer moderado, pero que disminuya la inflación no significa que bajen los precios. Significa únicamente que continúan aumentando a menor velocidad. Todo lo acumulado durante los años anteriores permanece en la cuenta que pagan los mexicanos.
La inflación golpea primero a las familias porque reduce silenciosamente el valor de sus ingresos. El sueldo puede permanecer igual e incluso aumentar nominalmente, pero alcanza para menos alimentos, transporte, vivienda, medicinas y educación. No hace falta que el Congreso apruebe un nuevo impuesto: el ciudadano pierde capacidad de compra cada vez que utiliza su dinero.
El daño es mayor para quienes menos tienen. Una familia de bajos ingresos destina una proporción más grande de su presupuesto a alimentos y servicios indispensables. No puede protegerse fácilmente comprando activos, cambiando sus ahorros a otra moneda o trasladando el incremento a alguien más. La inflación castiga con mayor severidad a quien dispone de menos medios para defenderse.
También asfixia a los pequeños negocios. Una tienda, una fonda, una panadería o un taller pagan más por mercancías, insumos, electricidad, renta y transporte. Si aumentan sus precios pueden perder clientes; si absorben los incrementos sacrifican sus utilidades. El negocio puede continuar vendiendo y, al mismo tiempo, ganar cada día menos.
Así se forma un círculo destructivo. Las familias compran menos porque su ingreso perdió valor, mientras el pequeño comerciante vende menos y enfrenta costos mayores. Después reduce inventarios, aplaza contrataciones, elimina empleos o cierra. Detrás de cada cortina que baja no desaparece solamente una empresa: una familia pierde su patrimonio y otras pierden una fuente de trabajo.
Las grandes inversiones tampoco escapan. Una empresa que estudia construir una planta, un hotel o un centro logístico necesita calcular costos, tasas de interés y rendimientos durante varios años. La inflación introduce incertidumbre, encarece el crédito y dificulta proyectar el valor futuro de la inversión. Muchos proyectos terminan reducidos, pospuestos o trasladados a otro país.
Mientras las familias pierden capacidad de compra y los negocios enfrentan mayores riesgos, el gobierno puede obtener beneficios temporales. Cuando suben los precios y los ingresos nominales, también aumenta en pesos la recaudación del IVA, del ISR y de otros gravámenes. Una persona puede terminar pagando más impuestos sin haber aumentado realmente su capacidad económica.
La inflación también reduce el valor real de algunas obligaciones públicas pactadas en pesos. Sin embargo, ese beneficio es engañoso y pasajero: después aumentan el costo de la deuda, las pensiones, los contratos gubernamentales y las demandas sociales. El gobierno puede recibir más pesos, pero esos pesos compran menos y la economía genera menos bienestar.
Aquí aparece el endeudamiento público. Endeudarse no es contablemente igual que imprimir dinero, pero cuando la deuda financia gasto corriente sin aumentar la capacidad productiva, sus efectos pueden parecerse. El gobierno introduce poder de gasto adicional sin que necesariamente crezca la producción de bienes y servicios; presiona la demanda, compite por los recursos financieros, encarece el crédito y deja una factura que deberá cubrirse con impuestos, recortes o nuevos préstamos.
La autonomía del Banco de México es indispensable, pero no puede compensar eternamente una política fiscal irresponsable. La política monetaria pisa el freno mientras el gobierno mantiene el acelerador. Si la deuda crece hasta que el costo de los intereses condiciona las decisiones económicas, la autonomía puede existir en la Constitución y debilitarse en los hechos.
Un banco central obligado a elevar las tasas para combatir la inflación también encarece las hipotecas, las tarjetas, el financiamiento empresarial y la propia deuda pública. Si, por el contrario, tolera mayores aumentos de precios para aliviar la presión sobre las finanzas gubernamentales, sacrifica el poder adquisitivo de los ciudadanos. En cualquiera de los dos caminos, la irresponsabilidad fiscal termina socializando sus costos.
Por eso México debe avanzar hacia el déficit cero como principio de responsabilidad nacional. En condiciones normales, el gobierno no debe gastar más de lo que ingresa. Las excepciones deben reservarse para emergencias reales o inversiones productivas, sujetas a límites, fuentes de pago y un calendario obligatorio para recuperar el equilibrio.
Déficit cero no significa deuda cero ni un Estado paralizado. Significa que el gasto permanente debe sostenerse con ingresos permanentes y que ninguna administración puede comprometer ilimitadamente el dinero de las siguientes generaciones. La deuda que construye infraestructura y genera crecimiento puede pagarse con la riqueza que ayuda a crear; la que sostiene burocracia, ocurrencias y déficits recurrentes termina cobrándose al ciudadano.
En México se pretende castigar a los medios con el argumento de defender a las audiencias. Si verdaderamente se quiere proteger a los ciudadanos, habría que comenzar por exigir responsabilidades a los políticos que no defienden su salario, su ahorro y su patrimonio. Quieren vigilar las palabras de los medios, cuando deberían vigilar cada peso que gastan los gobiernos.
La estabilidad de precios no es una obsesión técnica de los economistas. Es la defensa de la familia que trabaja, del comerciante que arriesga su patrimonio y del inversionista que puede crear empleos. México necesita menos controles sobre lo que escucha la gente y más límites para quienes gastan su dinero.
La deuda pública nunca pertenece al presidente que la contrata ni al Congreso que la autoriza. Tarde o temprano la pagan las familias mediante impuestos, intereses, menor crecimiento o inflación. Déficit cero no significa un gobierno inmóvil: significa un gobierno responsable.
@pepecortesmx
Economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con posgrados en Administración Pública y Control y Fiscalización. Consejero estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN en Veracruz; ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la SEFIPLAN.
