Pepe Cortés
Una de las promesas económicas más repetidas de la llamada Cuarta Transformación fue no endeudar a México. Andrés Manuel López Obrador convirtió la deuda pública y el Fobaproa en símbolos de la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores. Hoy, las cifras de la propia Secretaría de Hacienda muestran cuánto aumentó la deuda durante su gobierno y cuánto se proyecta que crecerá con Claudia Sheinbaum.
AMLO recibió en 2018 un Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) de 10.550 billones de pesos, equivalente a 44.8% del PIB. Al terminar su gobierno, en 2024, alcanzó 17.426 billones y 51.4% del PIB: un incremento nominal de 6.875 billones de pesos en seis años.
La dimensión resulta todavía más clara utilizando una referencia que López Obrador convirtió durante décadas en bandera política. Los aproximadamente 552 mil millones de pesos del Fobaproa representan apenas una fracción del incremento registrado durante su administración: los 6.875 billones adicionales equivalen a 12.5 Fobaproas.
2024 fue además el punto de inflexión fiscal. El último año de López Obrador dejó elevados requerimientos financieros, un déficit considerable y una deuda superior al 51% del PIB. Ese fue el punto de partida que recibió Claudia Sheinbaum.
Para diciembre de 2027, Hacienda proyecta que el SHRFSP llegará a 21.849 billones de pesos, equivalente al 55% del PIB. Esto significaría agregar 4.423 billones de pesos en los primeros tres años de Sheinbaum, aproximadamente 8 Fobaproas adicionales. Para ese mismo año, Hacienda estima Requerimientos Financieros del Sector Público por 1.391 billones de pesos, 3.5% del PIB.
La diferencia entre ambas administraciones es reveladora: AMLO agregó 6.875 billones en seis años; Sheinbaum agregaría 4.423 billones en solamente tres. De cumplirse las proyecciones oficiales, entre 2018 y 2027 los gobiernos de la 4T habrán incrementado la deuda aproximadamente 11.3 billones de pesos, equivalente a más de 20 Fobaproas. El ritmo anual de crecimiento nominal del saldo durante los primeros tres años de Sheinbaum sería incluso mayor que durante el sexenio anterior.
La deuda tiene además un costo inmediato. Para 2026, su costo financiero ronda 1.5 billones de pesos, equivalente a 4.1% del PIB, y absorbe alrededor del 15% del gasto neto total. Es dinero comprometido antes de llegar a hospitales, escuelas, carreteras, seguridad o infraestructura.
Pero los intereses son solamente una parte de la factura. Cuando un gobierno mantiene déficits y se endeuda para sostener un gasto superior a sus ingresos, consume hoy recursos que todavía no ha generado. El desequilibrio no desaparece: se acumula en forma de deuda, intereses y mayores necesidades de financiamiento.
Y ahí aparece otro costo: la inflación. Los déficits fiscales persistentes y un gasto público que crece por encima de los ingresos pueden generar presiones sobre los precios. Cuando el Estado sostiene durante años ese desequilibrio mediante mayor endeudamiento, la factura no se limita al costo financiero: también puede terminar reflejándose en el poder adquisitivo de las familias.
La inflación funciona entonces como un impuesto silencioso. No aparece como IVA o ISR, pero se cobra cuando el salario compra menos alimentos, gasolina, transporte o servicios; cuando los ahorros pierden valor y cuando una familia necesita cada vez más pesos para mantener el mismo nivel de vida. La inflación no elimina el costo de los desequilibrios fiscales: lo traslada también al bolsillo de los ciudadanos.
El problema de fondo es para qué se utiliza la deuda. Endeudarse para financiar inversión productiva que genere crecimiento, infraestructura y mayores ingresos futuros puede crear las condiciones para pagarla. Endeudarse sistemáticamente para financiar déficits y gasto sin generar suficiente crecimiento significa consumir hoy recursos que tendrán que producirse mañana. Eso no es deuda sana.
Cada billón adicional compromete una parte de los presupuestos futuros. Capital e intereses deberán pagarse con los ingresos públicos de los próximos años, reduciendo los recursos disponibles para inversión, servicios públicos y nuevas necesidades. El endeudamiento de hoy termina condicionando a generaciones que no participaron en las decisiones que originaron esa deuda.
La contradicción es enorme. La 4T llegó al poder denunciando la deuda del pasado y convirtió al Fobaproa en símbolo de aquello que jamás debía repetirse. Para 2027, sus propios gobiernos habrán llevado el saldo de la deuda pública a casi 22 billones de pesos.
Prometieron no endeudar a México. Nueve años después, la deuda prácticamente se habrá duplicado. Los gobiernos pasan y las deudas permanecen. Lo que se gasta hoy terminará siendo pagado por las generaciones que vienen.
@pepecortesmx
Economista y abogado por la UV, posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Consejero estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN en Veracruz; ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la SEFIPLAN.
