Pepe Cortés
Nadie estudia medicina para terminar marchando por medicamentos, ni una enfermera debería salir a la calle para exigir material para trabajar. Ninguna familia debería llegar a un hospital público con un enfermo y descubrir que, además de enfrentar la angustia de una enfermedad, tendrá que conseguir por su cuenta aquello que el hospital no tiene. Sin embargo, eso es parte de lo que hoy se denuncia en Veracruz.
La crisis ya rebasó las paredes de los hospitales. Médicos, enfermeras y trabajadores han denunciado carencias de medicamentos e insumos, y el domingo 13 de septiembre personal del Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio marchó por Xalapa para exigir soluciones y la salida de Roberto Ramos Alor, coordinador estatal del IMSS-Bienestar. Cuando quienes conocen el sistema desde adentro tienen que salir a la calle para ser escuchados, el problema ya no puede minimizarse.
Durante años prometieron un sistema público de salud mejor e incluso se habló de alcanzar niveles semejantes a los de Dinamarca. Desapareció el Seguro Popular, llegó el INSABI y después el IMSS-Bienestar; cambiaron instituciones, estructuras y discursos. Para el paciente, sin embargo, la pregunta sigue siendo elemental: ¿Está el medicamento cuando lo necesita?
La gobernadora Rocío Nahle afirma que está cuidando el dinero de los veracruzanos. Cuidar los recursos públicos es obligación de cualquier gobierno, pero también significa utilizarlos para cuidar a las personas. El discurso cambia cuando se enfrenta a médicos que denuncian carencias y a familias que compran aquello que debería proporcionar un hospital público.
El costo termina pagándolo el ciudadano. Detrás de la palabra «desabasto» está la madre que recibe una receta y busca dónde comprar el medicamento, la familia que hace cuentas o pide prestado porque la enfermedad no espera y el médico que sabe qué necesita su paciente, pero no siempre dispone de lo necesario para atenderlo. Para ellos, las explicaciones administrativas sirven de muy poco.
El deterioro llega a extremos difíciles de justificar. Entre las carencias reportadas está incluso la falta de agua purificada para pacientes: estar internado, recibir un paracetamol y no tener siquiera un vaso de agua para tomarlo. No estamos hablando de tratamientos millonarios ni de tecnología médica de última generación; estamos hablando de agua, mientras desde el gobierno nos dicen que están cuidando nuestro dinero.
El 10 de septiembre se difundió un video de una reunión de Roberto Ramos Alor con médicos residentes del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz. Los residentes denunciaban falta de gasas, suturas, soluciones y equipo quirúrgico, carencias que, según ellos, habían provocado cancelaciones de cirugías. Ante el reclamo, Ramos Alor respondió a una médica que si no quería operar por no contar con las herramientas, sencillamente no operara, y recordó a los residentes que su evaluación dependía de la institución que representaba.
No es un detalle menor. Denunciar una carencia frente a quien tiene influencia sobre tu futuro profesional coloca al residente en una situación particularmente vulnerable. El IMSS-Bienestar se deslindó de esas expresiones y Ramos Alor ofreció posteriormente una disculpa pública, pero una disculpa no llena un anaquel ni llena un vaso de agua.
Los médicos no provocaron las carencias, las enfermeras no vaciaron los almacenes y los pacientes tampoco son responsables. Deben responder quienes administran el sistema, ejercen los recursos y tienen la obligación de hacerlo funcionar. Sin embargo, mientras faltan medicamentos e insumos, los trabajadores marchan y los residentes reclaman condiciones para trabajar; Ramos Alor sigue ahí, intocable.
Aquí no se juzgan simpatías personales, sino resultados. Cuando bajo la responsabilidad de un funcionario se acumulan denuncias de desabasto, protestas de trabajadores y reclamos de médicos, es válido preguntar qué tendría que ocurrir para que existieran consecuencias. La gobernadora decidió mantenerlo y esa decisión también implica asumir responsabilidad política sobre su permanencia y sus resultados.
La alternativa comienza con transparencia. Que se publiquen los inventarios para saber qué medicamentos e insumos faltan, desde cuándo y cuáles son las compras pendientes; que existan fechas verificables para normalizar el suministro y que ningún médico, enfermera, residente o trabajador sea perjudicado por denunciar una carencia. Si las denuncias son exageradas, que los datos lo demuestren; si son ciertas, que las soluciones hablen.
A los ciudadanos también nos corresponde actuar. Si falta un medicamento o material, hay que preguntar, documentar y denunciar; si conocemos una carencia, debemos hacerla pública responsablemente y exigir respuestas. La salud pública no pertenece a ningún gobierno: la pagamos todos y la necesitamos todos.
Cuidar el dinero de los veracruzanos no sirve de mucho si se deja de cuidar la salud de los veracruzanos. Y cuidar a un funcionario mientras los hospitales denuncian carencias tampoco es cuidar a Veracruz. El problema no es que los médicos estén hablando; el problema es que tuvieron que salir a la calle para que el poder los escuchara.
___________________
Pepe Cortés es economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con maestrías en Administración Pública y en Control y Fiscalización. Ha sido director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la SEFIPLAN. Actualmente es consejero estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN en Veracruz.
@pepecortesmx
