En Veracruz, quien contamine u obstruya las redes de drenaje debe hacerse responsable de las consecuencias. Con esta premisa, el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa para poner orden y cerrar los vacíos legales que hoy permiten que el costo de la irresponsabilidad termine siendo pagado por toda la ciudadanía.
A nombre de la bancada del Partido Verde, la diputada Citlali Medellín Careaga propuso reformar la legislación estatal para prohibir expresamente que residuos, escombros, materiales de construcción, grasas, aceites y otras sustancias lleguen a las redes de drenaje y provoquen obstrucciones, contaminación o daños a la infraestructura.
La legisladora, representante del Distrito 3 de Tuxpan y expresidenta municipal de Tamiahua, recordó que quienes han tenido la responsabilidad de gobernar un ayuntamiento conocen de primera mano las consecuencias de un drenaje colapsado, especialmente durante la temporada de lluvias.
Recordó que cuando una tubería se tapa, el problema sale a las calles: genera encharcamientos, puede provocar el retorno de aguas residuales hacia viviendas y representa riesgos sanitarios y ambientales. Además, los contaminantes pueden terminar en ríos, lagunas y costas.
Medellín Careaga señaló que durante labores de desazolve se han encontrado pañales, computadoras y todo tipo de objetos que jamás deberían estar dentro de un drenaje.
Subrayó que “el drenaje no es un basurero. No podemos permitir que la irresponsabilidad de unos cuantos termine afectando a miles de familias.”
Refirió que actualmente existen disposiciones que prohíben determinadas descargas y el depósito de residuos en las redes de drenaje; sin embargo, la legislación no establece con suficiente claridad quién debe asumir los costos cuando una conducta provoca daños.
Puntualizó que cuando la responsabilidad sea acreditada, quien haya provocado la afectación deberá retirar los materiales, cubrir el desazolve, reparar la infraestructura dañada y reintegrar los gastos comprobados en los que haya incurrido la autoridad o el prestador del servicio.
Expresó que la propuesta respeta la autonomía municipal y mantiene las atribuciones de los ayuntamientos en la prestación de los servicios. También se limita al ámbito de competencia estatal y no altera las disposiciones federales en materia de residuos peligrosos o aguas nacionales.
Además, no crea nuevas oficinas, plazas, fondos ni estructuras burocráticas, por lo que su aplicación se realizaría con las facultades y recursos ya autorizados.
La diputada Citlali Medellín Careaga llamó a todas las fuerzas políticas a respaldar esta iniciativa y avanzar hacia una legislación que permita prevenir, sancionar y reparar los daños ocasionados a las redes de drenaje.
