Alejandro Ávila
La madre y defensa legal de Martín N., joven detenido hace cuatro años tras repeler un asalto en una sucursal bancaria, hicieron un enérgico llamado a la gobernadora Rocío Nahle y a la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, para que intervengan y revisen las anomalías que, aseguran, se registraron durante la gestión de la exfiscal Verónica Hernández Giadáns.
Durante la exposición del caso, se detalló que los hechos ocurrieron el 6 de octubre de 2021, cuando Martín N. y un compañero, quienes se desempeñaban como custodios, acompañaron a un empresario a la sucursal bancaria de BanBajío, ubicada en la avenida Adolfo Ruiz Cortines del municipio de Boca del Río, para realizar un retiro importante de dinero destinado al pago de nómina.
De acuerdo con la defensa, fueron interceptados por asaltantes procedentes de Tabasco, quienes portaban armas y mantuvieron retenidos a empleados y clientes. En el lugar se desató un intercambio de disparos en el que uno de los presuntos asaltantes perdió la vida y otro custodio resultó lesionado.
El abogado defensor, Daniel de Jesús Morales Morales, señaló que durante la investigación inicial se incurrió en irregularidades y acusó que se fabricaron delitos.
“Hubo una determinación muy importante que fue un ejercicio de la nueva acción penal (…) es de llamar mucho esto la atención de la administración pasada de la Fiscalía estatal, presidida por la licenciada Verónica Hernández (…) se hace un replanteamiento arbitrario de este pronunciamiento y se judicializa este asunto”.
Asimismo, enfatizó que el órgano procurador de justicia “en ningún momento ha presentado de manera probatoria las armas de fuego con las que se repelió el ataque (…) como las del asaltante”.
A cuatro años de su aprehensión, la madre del imputado, Alicia López, reprochó que su hijo sea el único procesado y privado de su libertad mientras el resto de los implicados se encuentra libre.
“La verdad no hay sustento, no hay un señalamiento, todo lo que presenta la Fiscalía es falso, no hay nada (…) él ahorita está en proceso de juicio y la Fiscalía está presentando cosas que ya no sustentan nada”.
Los inconformes insistieron en que el caso estuvo marcado por la omisión de pruebas clave y una actuación parcial de la anterior administración ministerial, por lo que solicitaron la urgente intervención de las actuales autoridades estatales para garantizar que se actúe con apego a derecho y se revise la situación jurídica del joven.
