Pepe Cortés
Hay imágenes que un gobierno puede explicar y otras que simplemente tiene que asumir. Este lunes 21 de septiembre, habitantes de comunidades de Altotonga y Jalacingo llegaron a Xalapa para reclamar algo tan básico como el agua. Denunciaron afectaciones en los manantiales de los que dependen sus comunidades y exigieron revisar un pozo agrícola que consideran relacionado con el problema. El asunto no era nuevo para las autoridades. Sí hubo diálogo antes del desalojo, pero con autoridades de menor nivel y personal de Conagua. Los habitantes sostienen que mostraron los manantiales, expusieron la disminución que observaban y señalaron el pozo que consideran relacionado con el problema. Si el conflicto ya era conocido, corresponde preguntar qué respuestas recibieron y por qué el problema siguió creciendo hasta llegar a las calles y carreteras.
El lunes llegó la fuerza pública. Hubo un operativo para retirar a manifestantes en Xalapa y también intervención de elementos antimotines en la zona de Perote. Horas antes, la gobernadora Rocío Nahle había hablado de diálogo y solicitado nuevamente la intervención de Conagua. Después vinieron los escudos, el repliegue de manifestantes y, finalmente, otra mesa de negociación. Esa secuencia merece una explicación: diálogo, protesta, bloqueo, desalojo y otra vez diálogo. No porque sentarse a una mesa garantice una solución, sino porque resulta necesario conocer qué respuestas produjo aquella primera interlocución, qué asuntos quedaron pendientes y por qué el conflicto continuó escalando.
Después del operativo aparecieron nuevos compromisos. Una comisión de 40 habitantes de Jalacingo y Altotonga se reunió con funcionarios de la Secretaría de Gobierno y de Conagua. Se levantó una minuta para revisar las fuentes de abastecimiento, analizar alternativas de suministro y explorar programas relacionados con infraestructura hidráulica. También se estableció una reunión de seguimiento para el 5 de octubre y, después de esos acuerdos, los bloqueos fueron retirados. Dialogar es necesario, pero una mesa por sí misma no resuelve un problema. Importan las decisiones, los acuerdos y, sobre todo, su cumplimiento.
En medio del conflicto apareció además la confrontación política. La gobernadora vinculó públicamente a familiares de Pepe Yunes con la concesión cuestionada, mientras él negó que él o su familia sean concesionarios del pozo señalado y pidió esclarecer la situación. Pero las acusaciones entre políticos no responden la pregunta central: ¿ese aprovechamiento afecta o no los manantiales de los que dependen las comunidades? Eso debe determinarse con mediciones, estudios, revisión de concesiones y datos públicos. Si no existe afectación, que se demuestre. Si existe, que las autoridades actúen.
Y Veracruz tiene memoria. El 20 de junio de 2024, en Totalco, municipio de Perote, una protesta relacionada con la defensa del agua terminó en un operativo de desalojo en el que murieron dos personas. No son acontecimientos iguales y sería incorrecto equipararlos, pero el antecedente existe. Otra vez hablamos de agua, comunidades de aquella región, carreteras bloqueadas y policías frente a manifestantes. Por eso la pregunta sigue siendo inevitable: ¿qué aprendimos de Totalco?
Ahora existe una minuta y hay una fecha: 5 de octubre. Ahí podrá evaluarse si los nuevos compromisos se traducen en acciones verificables. Retirar manifestantes puede liberar una carretera y firmar una minuta puede terminar una protesta, pero ninguna de esas cosas garantiza agua para una comunidad. Ese es el fondo del problema: el diálogo no garantiza soluciones y los acuerdos tampoco, si no se cumplen. Gobernar exige escuchar, decidir y convertir los compromisos en resultados. Después de los antimotines volvió el diálogo. Ahora falta saber si esta vez habrá soluciones.
@pepecortesmx
Economista y abogado por la UV, con estudios de posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Consejero estatal e integrante de la Comisión Permanente del PAN Veracruz.
