Alejandro Ávila
Banderilla
El alcalde de Banderilla José Antonio Sangabriel Fernández ha sido señalado por una funcionaria pública ante el Instituto Municipal de las Mujeres, por presunto acoso sexual y hostigamiento laboral.
En un comunicado a la opinión publica en el cual pide reservar su nombre, la afectada da a conocer que recibió diversas propuestas indebidas por parte del presidente municipal, las cuales jamás acepto.
Sin embargo, ante la negativa de la funcionaria y levantar quejas por hostigamiento laboral, le solicitaron la renuncia al cargo que ostenta.
Por tal motivo hace del conocimiento a la opinión pública que, mediante oficio del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento, le solicitaron su entrega-recepción, sin detallar algún motivo que lo ameritara.
Denuncia que antes de solicitarle la renuncia, enfrentó diversas amenazas, presiones laborales, actos de intimidación, amenazas de reducción salarial, intentos de provocar un cese, desplazamiento de funciones y actuaciones administrativas realizadas después de que la servidora pública manifestara su negativa a determinadas conductas y presentara quejas por hechos que considera constitutivos de acoso sexual y violencia de género.
También señala la intervención del Secretario del Ayuntamiento, en acontecimientos relacionados con documentación institucional, actuaciones administrativas y hechos posteriores a las denuncias formuladas, circunstancias que deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.
Asimismo manifestó que la situación se agravó con el intento de sustitución material de la servidora pública en su área de trabajo, procedimientos de entrega-recepción, presencia de elementos de seguridad y posteriores actuaciones dirigidas a formalizar su separación, todo ello en un contexto en el que previamente había denunciado actos de violencia y acoso.
Estos acontecimientos se encuentran documentados mediante oficios, actas circunstanciadas, audios, videos y demás elementos de prueba, mismos que han sido o serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
La difusión de estos hechos no pretende anticipar responsabilidades, corresponderá a las autoridades determinar, mediante las investigaciones y procedimientos correspondientes, la responsabilidad que pudiera existir respecto del Presidente Municipal, del Secretario del Ayuntamiento o de cualquier otra persona servidora pública que hubiese intervenido.
