Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
En Teocelo, 3 millones 972 mil 040.73 pesos son señalados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) como presunto daño patrimonial dentro de la revisión de la Cuenta Pública 2025.
De acuerdo con la información de la revisión, el monto observado se concentra principalmente en el rubro financiero-presupuestal, con 3 millones 644 mil 214.67 pesos, además de observaciones relacionadas con obra pública que, en conjunto, representan 327 mil 826.06 pesos.
Aquí aparece un elemento político y administrativo que merece ser colocado sobre la mesa.
La Cuenta Pública corresponde al ejercicio 2025, cuya administración municipal fue encabezada por Isaac Alberto Anell Reyes, quien gobernó Teocelo durante el periodo 2022-2025.
Dentro de aquella administración estuvo Daniela Villegas Olmos, hoy alcaldesa de Teocelo, quien se desempeñó entonces como síndica única.
No se trata simplemente de revisar un documento del pasado y pasar la página. Se trata de recursos públicos, de dinero que pertenece a los ciudadanos y de observaciones que un órgano fiscalizador consideró suficientemente relevantes para incorporarlas a su proceso de revisión.
La circunstancia adquiere mayor relevancia porque quien hoy encabeza el Ayuntamiento no llega a la administración municipal desde fuera de la historia reciente de Teocelo. Formó parte del gobierno anterior como síndica.
Por eso, más que discursos políticos, lo que Teocelo necesita ahora son explicaciones documentadas.
¿Qué originó las observaciones?
¿Dónde quedaron los recursos señalados?
¿Quiénes participaron en las decisiones administrativas y financieras relacionadas con esos montos?
¿Las observaciones podrán ser solventadas?
¿Quiénes serán llamados a responder, en caso de que las irregularidades no sean aclaradas?
Son preguntas que no deberían generar molestia, porque la rendición de cuentas no es un ataque político: es una obligación de cualquier gobierno.
Lo correcto es esperar las etapas correspondientes y exigir que, si existen responsables, respondan; y si las observaciones pueden ser solventadas con documentación válida, que así quede acreditado públicamente.
Lo que tampoco sería correcto es guardar silencio.
La transparencia no puede ser selectiva. Cuando una administración encuentra señalamientos de gobiernos anteriores, tiene la obligación política y administrativa de informar a la ciudadanía qué está ocurriendo, qué se está solventando y qué corresponde investigar.
En Teocelo hay un elemento adicional que vuelve inevitable la discusión: la actual presidenta municipal fue parte de aquel Ayuntamiento.
Por eso, aunque la Cuenta Pública sea de 2025 y aunque todavía no exista una resolución definitiva sobre el presunto daño patrimonial, la sociedad teocelense tiene derecho a conocer la historia completa.
Casi cuatro millones de pesos no son solamente una cifra en un informe.
Son casi cuatro millones de razones para pedir cuentas, revisar documentos y exigir que la verdad administrativa llegue hasta sus últimas consecuencias.
Porque al final, más allá de partidos, nombres o colores, el dinero observado es dinero público.
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