Ángeles González Ceballos
El dirigente estatal del partido PAZ, Gonzalo Guízar Valladares, solicitó de manera formal que el homicidio de su sobrino Guillermo Pamucé Yep, quien fuera coordinador regional del instituto político, se clasifique con un móvil político.
En conferencia de prensa, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga el caso con el fin de evitar un posible sesgo en el contexto del proceso electoral que está por iniciar en unos días de manera formal.
Guízar Valladares se dijo respetuoso del gobierno del Estado, de la Gobernadora, a quien aprecia mucho y, por eso definió que jamás lo harían ni lo harán, intentar meter un asesinato de esta naturaleza como un móvil político.
«Nosotros no lo decimos. No queremos, mucho menos en memoria de Guillermo, intentar polemizar en ese sentido», expresó.
El dirigente manifestó su inconformidad ante las versiones vertidas tras las diligencias del caso y advirtió sobre el manejo público de las pesquisas.
«Hay una tendencia de intentar estigmatizar para luego señalar que fue un ajuste de cuentas, sin importar quién lo mató. Queremos que se sancione al responsable porque una persona fallecida no puede ser responsable, en este caso de asesinato, de su propia muerte», señaló.
El coordinador regional de PAZ en el sur de Veracruz fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 23 de septiembre, en el fraccionamiento Veleros de Coatzacoalcos, por lo que Guízar lamentó las filtraciones del caso que han circulado, como un cateo e imágenes religiosas halladas en el lugar.
Guízar Valladares reprochó que decir que había una estatua a la Muerte, por ejemplo, es algo tan subjetivo, porque Pamucé Yep era devoto de San Judas Tadeo.
«Esas cosas lastiman a la familia y lastiman su dignidad, recordemos que la dignidad de las personas el Gobierno debe de protegerlas en vida y en muerte», opinó.
Sobre la divulgación de las indagatorias, remarcó que las filtraciones quebrantan el marco normativo vigente.
«La investigación es reservada, así como su filtración también es constitutivo de un delito. O sea, la investigación debe ser reservada. ¡Todas las filtraciones es un delito! Todo lo que se ha estado filtrando es un delito, y se los digo con toda claridad, el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 218 así lo establece», aseveró.
Preguntó si el cateo cuenta con la orden judicial y si los testigos que firman el acta son familiares de la víctima o quiénes firmaron como testigos.
También cuestionó si está debidamente integrada la cadena de custodia de los supuestos elementos filtrados por la autoridad.
Ante los señalamientos periodísticos sobre el posible hallazgo de armamento de uso exclusivo, el dirigente recalcó que la Fiscalía General de la República debe intervenir.
«Por el ámbito federal, ya que hay una posibilidad de dañar un proceso federal electoral, entonces, para que no haya un interés local que contamine con un tinte político, que se atraiga el caso a un ente federal ajeno a la localidad donde fue el crimen, derivado de lo que ellos mismos han dicho que ha surgido de la investigación en el cateo», señaló.
El líder partidista dejó en claro que la familia evaluará las vías jurídicas contra los funcionarios involucrados en la difusión de datos.
«Nos vamos a reservar el derecho que tiene la familia, lo vamos a dejar reservado para ir agotando los temas, para no iniciar una mala comunicación ni una confrontación innecesaria. No se trata de confrontar por confrontar. Se trata de respetar una investigación y de no guardar silencio ante una irrealidad», agregó.
Al ser cuestionado sobre presuntas amenazas previas en su contra o contra la víctima, Guízar Valladares desestimó tener conocimiento de intimidaciones directas hacia el exregidor ni contra su persona.
«En lo personal nunca he sido amenazado. Sería irresponsable, soy una gente seria, tengo las manos limpias. Yo lo que quiero es que se sepa la verdad, se haga justicia», manifestó.
Finalmente, recordó la trayectoria del coordinador regional y enfatizó el lazo afectivo y la labor de la víctima dentro de la estructura de PAZ.
«Él era integrante, operador político, había sido regidor en Jáltipan, regidor sexto en el anterior Cabildo. Era coordinador regional del partido PAZ, era una gente que trabajaba, era una gente que estaba activa siempre en sus cuestiones personales», subrayó.
