Luis Alberto Romero
Hora cero
El fuero para alcaldes, síndicos y titulares de concejos municipales quedó atrás en Veracruz; el Congreso del Estado aprobó la reforma impulsada por la gobernadora Rocío Nahle para eliminar la declaración de procedencia como requisito previo para que las autoridades puedan proceder penalmente contra quienes ocupen estos cargos.
En el Congreso, la votación fue de 38 legisladores a favor, nueve en contra y una abstención.
La reforma modifica el primer párrafo del artículo 78 de la Constitución Política del Estado y busca que una investigación penal contra un presidente municipal no tenga que pasar primero por el Poder Legislativo.
La propuesta de la mandataria parte de que un cargo de elección popular no debe convertirse en una protección personal frente a la justicia.
La eliminación del fuero municipal pretende cerrar un espacio que, en los hechos, puede retrasar una investigación y dar tiempo para que una persona señalada por un delito se sustraiga de las autoridades, como ocurrió de forma reciente.
Recordemos que tres alcaldes han sido señalados de forma reciente por las autoridades estatales como no localizados o prófugos; se trata de Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván; Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste; ambos de Movimiento Ciudadano; e Isaac García Álvarez, de Coahuitlán, emanado del PRI.
En los casos de Bravo Montero y González Martínez, el Congreso tuvo que realizar previamente los respectivos procedimientos de declaración de procedencia para retirarles la protección constitucional y permitir que avanzaran las investigaciones de la Fiscalía General del Estado; posteriormente, ambos fueron reportados como prófugos o no localizados.
En el caso de García Álvarez, la Fiscalía lo requirió para comparecer por una investigación relacionada con hechos ocurridos durante una festividad patronal en Chumatlán, en la que cuatro personas resultaron heridas.
Estos casos dieron mayor fuerza al argumento de la gobernadora para modificar las reglas; el propósito, ha sostenido, es que la justicia pueda actuar sin distinción partidista. La propia Nahle ha señalado que la medida debe aplicarse a cualquier alcalde, independientemente del partido al que pertenezca.
La reforma no significa que una denuncia convierta automáticamente a un alcalde en culpable ni que pierda de manera inmediata su cargo; la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso permanecen vigentes; lo que desaparecerá es el paso previo por el Congreso para que pueda iniciarse un procedimiento penal contra las autoridades municipales comprendidas en la reforma.
La modificación tampoco elimina la declaración de procedencia para todos los servidores públicos; el mecanismo permanece para otros cargos contemplados en el artículo 78 constitucional.
Con esta reforma, Veracruz coloca sobre la mesa un principio sencillo; quien ocupa un cargo público debe responder ante la ley cuando existan elementos para investigarlo. El objetivo planteado por la gobernadora es terminar con privilegios que puedan convertirse en obstáculos para la justicia.
Con esta medida, la entidad veracruzana se suma a más de 20 estados donde no existe el fuero para presidentes municipales.
@luisromero85
