Enrique Yasser Pompeyo

Mesa de Redacción

En Catemaco, las cuentas de la administración municipal 2022-2025 dejaron algo más que números sobre el escritorio: dejaron 65 millones 761 mil 942.55 pesos en presunto daño patrimonial, de acuerdo con las observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2025 realizada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).

La cifra no es menor. Tampoco puede despacharse como un simple asunto administrativo o como una colección de observaciones técnicas sin consecuencias para la vida pública.

Detrás de cada peso observado existe una pregunta elemental que las autoridades y los exfuncionarios tendrán que responder: ¿qué ocurrió con los recursos públicos de Catemaco?

El informe individual atribuye las observaciones al periodo encabezado por el exalcalde Juan José Rosario Morales, y distribuye el monto en tres grandes rubros.

El mayor corresponde al ámbito financiero-presupuestal, con 35 millones 737 mil 578.80 pesos. Le siguen las observaciones relacionadas con obra pública, por 28 millones 975 mil 760.17 pesos, y finalmente el apartado de deuda pública y disciplina financiera, con 1 millón 48 mil 603.58 pesos.

Los números hablan por sí solos de la magnitud del problema fiscal señalado por el órgano auditor.

La administración municipal aparece entre los ayuntamientos con mayores montos observados en la revisión estatal.

Los responsables señalados tienen derecho a presentar documentación, argumentos y pruebas para aclarar o solventar las irregularidades. Será el procedimiento legal correspondiente el que determine qué observaciones pueden solventarse y, en su caso, qué responsabilidades proceden.

Eso sí: la presunción de inocencia no debe convertirse en una excusa para la opacidad.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se administraron los recursos municipales y, sobre todo, a saber si las cantidades observadas pueden ser justificadas con documentos, contratos, comprobantes, obras ejecutadas y procedimientos apegados a la ley.

65.7 millones de pesos no son una cifra abstracta. Son recursos públicos que pudieron traducirse en infraestructura, servicios, seguridad, caminos, agua potable, espacios públicos o mejores condiciones para las comunidades de Catemaco. Por eso, cada peso observado merece una explicación puntual.

Ahora comienza una etapa fundamental: la de las aclaraciones y la revisión de las pruebas. Ahí estará buena parte de la responsabilidad de las instituciones fiscalizadoras: actuar con rigor, sin linchamientos políticos, pero también sin permitir que expedientes de millones de pesos terminen archivados en el olvido.

Catemaco necesita respuestas, no discursos.

Si las observaciones pueden solventarse, que se documenten y se aclare públicamente. Si existen responsabilidades, que se determinen conforme a derecho. Si los recursos públicos fueron manejados correctamente, que sean los documentos y las pruebas los que lo demuestren.

Al final, la verdadera rendición de cuentas no consiste solamente en presentar números. Consiste en explicar dónde estuvo cada peso y demostrar que fue utilizado para aquello que la sociedad encomendó a sus gobernantes.

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