Pepe Cortés
Las tiendas se multiplican, las mercancías llegan por toneladas, los precios presionan al comercio mexicano y la presencia económica y migratoria china crece frente a nuestros ojos. Mientras tanto, México parece evitar una pregunta incómoda: ¿quién está vigilando este fenómeno y quién está defendiendo nuestros intereses? China posee una cultura milenaria que merece respeto, pero aquí no hablamos de gastronomía, filosofía o tradiciones. Hablamos de migración, comercio, empleo, industria y soberanía. Según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, las residencias temporales de ciudadanos chinos pasaron de 2,063 en 2021 a 6,587 en 2024, más del triple en apenas tres años. Con ello, los ciudadanos chinos pasaron del quinto al segundo lugar entre los extranjeros que obtuvieron ese estatus, solo detrás de los estadounidenses, y la Ciudad de México se convirtió en su principal destino.
Tampoco hablamos de cualquier potencia. China está gobernada por un régimen comunista autoritario de partido único. Su Ley de Educación establece el liderazgo del Partido Comunista Chino sobre el sistema educativo y su orientación ideológica, incluida la presencia del pensamiento de Xi Jinping. Su artículo 5 habla de formar “constructores y sucesores socialistas”. Es importante distinguir entre la riqueza cultural del pueblo chino y la naturaleza política del régimen que lo gobierna. Pero México también debe entender con qué Estado está tratando y cuáles son sus intereses económicos y estratégicos.
Hay, además, una controversia que no debemos esconder. El fuerte incremento de ciudadanos chinos que durante los últimos años llegaron a la frontera estadounidense provocó un debate político y de seguridad nacional en Estados Unidos. Algunos dirigentes republicanos hablaron de “hombres en edad militar” y plantearon que detrás del flujo podría existir un interés estratégico de Pekín. En un mitin en Pensilvania, en abril de 2024, Donald Trump llegó a preguntarse si China estaba formando “un pequeño ejército” dentro de su país. Hasta ahora no existe evidencia pública que demuestre esa teoría ni que esos migrantes sean militares enviados por el gobierno chino, y Pekín rechazó esas acusaciones. Pero México, territorio de paso y también de destino, tiene una pregunta propia que responder: ¿sabemos realmente quién entra, quién permanece, qué actividades desarrolla y bajo qué condición migratoria?
Después está la economía. Los productos chinos llenan plataformas, bodegas, mercados y establecimientos. Son baratos, sí, pero lo barato puede salirle muy caro a México. Cuando una mercancía importada sustituye producción que podía realizarse competitivamente aquí, esa demanda deja de alimentar una cadena productiva nacional: es una venta menos para un fabricante mexicano, un pedido menos para sus proveedores y mayor presión sobre empleos y comercios. Comprar no es un acto económicamente neutral. México no puede exigir mejores salarios, empresas fuertes y crecimiento mientras permite que sectores nacionales enfrenten una competencia que, en determinados casos, opera bajo estructuras de costos, subsidios o prácticas comerciales diferentes.
El gobierno ya reconoció parte del problema. Desde el 1 de enero de 2026, México aplica nuevos aranceles a 1,463 fracciones correspondientes a mercancías provenientes de países sin tratado comercial, entre ellos China, con tasas que en algunos casos alcanzan el 50 %. Marcelo Ebrard informó que, durante los primeros cinco meses del año, las importaciones procedentes de China correspondientes específicamente a esas fracciones disminuyeron 28.4 %. Sin embargo, el desequilibrio comercial sigue siendo enorme: entre enero y abril de 2026, México importó de China 42,851 millones de dólares y exportó 4,994 millones. El déficit alcanzó 37,857 millones de dólares. Y un arancel sirve de poco frente a cualquier mercancía que logre entrar subvaluada, incorrectamente clasificada o sin ser debidamente declarada.
Ahí aparece otro problema: nuestras aduanas. Contrabando, subvaluación, evasión fiscal, mercancías que ingresan sin ser debidamente declaradas o registradas y operaciones destinadas a eludir impuestos, aranceles o regulaciones son prácticas que México debe combatir. Cuando un producto entra sin pagar lo correspondiente, la competencia deja de ser pareja. El empresario mexicano paga impuestos, seguridad social, permisos, salarios y cumple con una estructura regulatoria. Quien evade esas obligaciones obtiene una ventaja indebida. Los grandes cargamentos no atraviesan una frontera por arte de magia: existen importadores, documentación, agentes aduanales, transportistas, destinatarios y autoridades responsables de revisar las operaciones.
Por eso, cuando se detectan irregularidades, la investigación no debería terminar con el decomiso. Debe seguir toda la cadena: quién importó, quién declaró, quién permitió el ingreso, quién distribuyó y quién comercializó. También debe investigarse la corrupción, porque cuando una operación irregular atraviesa los controles del Estado corresponde determinar si existió una falla, una omisión o la participación de servidores públicos. El contrabando no solamente representa impuestos que México deja de recaudar; también golpea directamente al empresario, al comerciante y al trabajador mexicano que sí cumplen la ley. Tampoco faltan señalamientos sobre condiciones laborales, etiquetado, permisos, seguridad, situación migratoria de trabajadores y procedencia de productos en determinados establecimientos de importación. Las autoridades tienen la obligación de investigar esos señalamientos y actuar cuando corresponda.
También debemos seguir el dinero. ¿Quién financia establecimientos cada vez mayores? ¿Quién importa sus mercancías? ¿Son negocios independientes o existen grupos empresariales detrás? ¿Cuántos extranjeros trabajan en ellos y bajo qué condición migratoria? ¿Cuántos mexicanos emplean y en qué condiciones? Cuando existan indicios concretos, deberá investigarse cualquier vínculo empresarial o financiero relevante con estructuras del Estado chino. Investigar no significa acusar. Significa ejercer soberanía.
México puede comerciar con China, recibir inversión extranjera y admitir migración legal. Lo que no puede hacer es renunciar a defender su mercado, sus fronteras y sus intereses. Quien venga debe cumplir nuestras leyes; quien venda, pagar impuestos; quien importe, respetar nuestras reglas; y quien contrate mexicanos, respetar sus derechos. Nosotros también tenemos una responsabilidad: cuando exista una alternativa nacional competitiva, comprar mexicano significa mantener demanda, producción, inversión y empleo dentro de nuestro país.
Entonces volvamos a la pregunta original: ¿quién detiene a los chinos? La respuesta no consiste en detener personas por su nacionalidad. Consiste en detener el contrabando, la evasión, las prácticas comerciales desleales, la corrupción y las omisiones de nuestras propias autoridades. Tampoco necesitamos convertir una teoría sobre militares chinos en una verdad sin pruebas. Necesitamos algo más importante: un Estado mexicano que sepa quién entra, qué mercancía cruza nuestras fronteras, quién la importa, quién la financia y bajo qué condiciones compite.
Porque antes de comprar barato debemos preguntarnos cuánto termina costándole a México.
Primero lo hecho en México.
@pepecortesmx
Economista y abogado. Consejero Estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN en Veracruz.
