Ángeles González Ceballos
Luego de haber sido detenidos por su presunta participación en el llamado Cártel Inmobiliario, David “N”, Miguel Isaac “N”, Jese Miguel “N” y Salvador Matías “N”, la Fiscalía General del Estado informó que logró la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año y fijó el próximo 6 de octubre para la audiencia de continuación.
A los cuatro se les imputaron los delitos de fraude, fraude procesal, uso de documento falso y falsedad ante la autoridad por su presunta participación en los hechos ocurridos el 11 de diciembre de 2024, cuando las víctimas fueron despojadas de un inmueble ubicado en la colonia La Isleta, en esta capital.
El pasado 8 de septiembre la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales ejecutó órdenes de aprehensión contra Miguel Isaac N Pedro Damián N por fraude y fraude procesal.
Posteriormente, el 9 de septiembre, la Fiscalía General del Estado cumplimentó otra orden de aprehensión, en contra Jesé Miguel N, a quien también un juez le impuso prisión preventiva justificada por un año. Posteriormente fue detenido David N en Calpulalpan, Tlaxcala.
Durante la diligencia, la Fiscalía formuló imputación en su contra por los delitos señalados.
Por otra parte, este viernes, la Fiscalía General del Estado indicó que como parte de las acciones realizadas en cumplimiento de un mandato judicial, elementos de la Policía Ministerial y Fiscales adscritos a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), restituyeron un inmueble de 17 hectáreas, ubicado en el rancho denominado “El Encinal”, en la colonia Encinal perteneciente a la congregación de Pacho Viejo del municipio de Coatepec.
Durante la diligencia se verificaron las condiciones del inmueble y, posteriormente, se efectuó la entrega material y formal de la posesión a las víctimas, quienes recibieron nuevamente el bien, con lo que se dio cumplimiento a la resolución emitida dentro del proceso correspondiente.
Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su actuación con apego a la legalidad y su compromiso con la protección y restitución de los derechos de las víctimas.
