Pepe Cortés
El dinero es de los ciudadanos, no del gobierno. Parece una obviedad, pero Morena impulsa una iniciativa que permitiría determinar en qué sectores los mexicanos podrán pagar únicamente mediante medios electrónicos. No se trata de rechazar la tecnología, sino de defender un principio elemental: quien trabaja y gana honestamente su dinero debe conservar la libertad de decidir cómo utilizarlo. La modernización debe ampliar nuestras opciones, no reducirlas.
México ya conoció una época en la que los trabajadores no podían disponer libremente del fruto de su esfuerzo. En las antiguas tiendas de raya, muchos recibían fichas o vales que los obligaban a comprar donde el patrón decidía. La Revolución mexicana combatió esos abusos y la Constitución de 1917 estableció que el salario debía pagarse en moneda de curso legal, no en mercancías ni fichas. Aquella conquista no significa que debamos rechazar las transferencias bancarias, sino recordar un principio fundamental: el trabajador debe poder disponer libremente de su salario.
La iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos contempla que Hacienda determine sectores donde los pagos electrónicos podrán ser la única forma de pago. Su artículo 13 establece esa facultad y el 14 permite desarrollar las disposiciones administrativas correspondientes. El gobierno menciona gasolineras y casetas de peaje, pero el texto no limita expresamente esa posibilidad a dichos servicios. Claudia Sheinbaum asegura que no se prohibirá el efectivo. Sin embargo, las declaraciones presidenciales no sustituyen las garantías legales. ¿Qué impediría ampliar mañana esas restricciones a otras actividades esenciales?
El gobierno habla de inclusión financiera, pero México no termina donde llega la señal de internet. ¿Qué ocurrirá con niñas y niños de comunidades indígenas sin acceso a servicios bancarios, personas con discapacidad que enfrentan barreras tecnológicas, adultos mayores sin teléfonos inteligentes o familias que viven sin conectividad? La inclusión no se decreta desde un escritorio. Se construye eliminando obstáculos y ofreciendo alternativas. Digitalizar sin garantizar accesibilidad puede convertir una herramienta de progreso en una nueva forma de exclusión.
También está en juego la privacidad. Las operaciones electrónicas pueden generar registros sobre nuestros consumos y movimientos financieros. La trazabilidad puede ayudar a combatir delitos, pero exige garantías sobre el uso de datos personales. Aquí surge otra pregunta para Morena: mientras propone ampliar las facultades para regular nuestros pagos, siguen pendientes explicaciones públicas sobre los negocios y presuntos conflictos de interés que investigaciones periodísticas han relacionado con Amílcar Olán y personas cercanas a los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Esos señalamientos deben investigarse sin prejuzgar responsabilidades. La rendición de cuentas debe comenzar por quienes gobiernan, no terminar en quienes compran el mandado.
Existe además una cuestión económica: ¿quién pagará la digitalización? Aceptar tarjetas puede implicar terminales, conectividad y comisiones que afectan especialmente a pequeños negocios y pueden trasladarse al consumidor. También debemos considerar las fallas bancarias, los apagones y la falta de internet. El efectivo permite continuar operaciones cuando los sistemas electrónicos dejan de funcionar. Promover alternativas digitales accesibles es razonable; eliminar opciones sin resolver esas barreras plantea riesgos que merecen atención.
El Senado debe examinar cuidadosamente la iniciativa, precisar los límites de las facultades administrativas y garantizar que nadie quede excluido de bienes o servicios esenciales por carecer de cuenta bancaria, tarjeta o teléfono inteligente. El debate no enfrenta al efectivo contra la tecnología, sino dos maneras de entender la relación entre ciudadanos y gobierno. Modernizar no debe significar controlar, digitalizar no debe significar excluir y combatir la delincuencia no debe convertirse en un pretexto para vigilar a los ciudadanos. Morena debe responder una pregunta sencilla: ¿quién decide cómo gastamos nuestro dinero, nosotros o el gobierno? El dinero pertenece a quien lo gana legítimamente. Y la libertad de decidir cómo gastarlo también.
@pepecortesmx
Economista y abogado. Analista político y articulista.
