Carlos Miguel Acosta Bravo
Impronta
La aprehensión de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, objetivo prioritario ligado al CJNG, abrió un flanco en Veracruz, por su eventual vinculo con José Luis Peña Peña, esposo de la gobernadora Rocío Nahle.
La especie parece ubicarse como parte de la añeja conseja que reza calumnia que algo queda, pero no puede minimizarse, toda vez que datos oficiales refieren que mantenía operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.
El pretendido nexo surge a la luz pública en una colaboración de Jorge Fernández Menéndez, a la que se suman afirmaciones del periodista Luis Chaparro.
La relación se habría establecido en torno al comercio de balastro para el Tren Maya, cuyos expedientes independientemente de este caso, están reservados y en todo caso son objeto de revisión por parte de las autoridades competentes.
Sin embargo, lo evidente es que al momento ni el gabinete de seguridad ni la Fiscalía General de la República, hasta donde se sabe realizan una investigación sobre el particular.
De ahí que el tema no pase, por el momento de un señalamiento periodístico, sin denuncia formal de por medio.
Un tema ante el que Rocío Nahle dio un paso al frente para negar el vínculo y ubicar los señalamientos periodísticos como una calumnia, al tiempo que abrió la posibilidad de proceder legalmente.
Sin embargo, la verdad jurídica, en torno al proceso e investigaciones sobre la actividad delictiva del Tanque, está en manos de la FGR y el Gabinete de seguridad, por lo que el plano mediático permanece en un nivel secundario.
Un caso, en el que la operación de contención de crisis, si es que la hubo se ubica en el plano jurídico y no en el periodístico, al amparo del estado de Derecho en el que se requieren pruebas, denuncias y la observancia del debido proceso.
