Pepe Cortés
Hace un año, las lluvias atípicas y las inundaciones que golpearon al norte de Veracruz dejaron una tragedia que no terminó cuando descendió el nivel del agua. Las viviendas destruidas, los caminos colapsados y los puentes dañados representaron pérdidas materiales, pero también evidenciaron la fragilidad de una infraestructura de la que dependen miles de familias para trabajar, estudiar, comerciar y recibir atención médica. Doce meses después, las protestas de comunidades que siguen reclamando vías de comunicación muestran que la recuperación no puede medirse únicamente por los recursos anunciados.
En enero de 2026, el gobierno federal anunció 4 mil 319 millones de pesos para intervenir 713 kilómetros de carreteras y 18 puentes. Sin embargo, en septiembre, el Centro SICT Veracruz informó que continuaban los trabajos en 36 caminos y 18 puentes de 14 municipios, con avances reportados de 40 por ciento en caminos y 25 por ciento en infraestructura. La conclusión se proyectaba hasta el primer trimestre de 2027. Es decir, una parte de la reconstrucción se extendería prácticamente año y medio después de la emergencia.
El problema adquiere otra dimensión cuando las cifras se confrontan con las condiciones que denuncian los habitantes. El 9 de octubre, pobladores de Chahuatlán, municipio de Ilamatlán, protestaron para exigir la reconstrucción de un puente vehicular. Señalaron que deben atravesar directamente el río para transportar personas y mercancías, incluso ante el riesgo de nuevas crecidas. El deterioro de ese cruce tiene antecedentes desde 2021, lo que demuestra que no todas las necesidades de infraestructura comenzaron con las inundaciones del año pasado.
En Chicontepec, representantes de aproximadamente 50 comunidades indígenas bloquearon en abril la carretera Alazán-Canoas para reclamar el cumplimiento de compromisos establecidos con autoridades estatales en noviembre de 2025. Exigieron pavimentación y soluciones duraderas. En octubre, otro derrumbe afectó la comunicación entre Zontecomatlán y Chicontepec. Estas protestas plantean una cuestión fundamental: ¿qué mecanismos existen para garantizar que los acuerdos firmados con las comunidades se traduzcan en obras y no solamente en nuevas reuniones?
A este escenario se suma la controversia sobre el ejercicio presupuestal de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Durante la revisión de la Cuenta Pública 2025, el diputado Enrique Cambranis Torres señaló una diferencia de mil 733 millones de pesos entre el presupuesto aprobado y el gasto devengado. La Secretaría de Finanzas respondió que el 92.8 por ciento de los recursos disponibles para inversión estaba comprometido mediante contratos y que 335 millones permanecían sin contratar al cierre del ejercicio.
Ambas cifras utilizan criterios presupuestarios distintos y requieren una conciliación técnica antes de determinar si existió un subejercicio. Pero el debate no debería agotarse en una discusión contable. Comprometer recursos significa asumir obligaciones; devengarlos implica reconocer gastos conforme a las reglas aplicables; pagarlos supone realizar desembolsos. Ninguna de esas etapas demuestra, por sí misma, que una carretera esté terminada y pueda utilizarse con seguridad. La evaluación del gasto público exige relacionar cada peso ejercido con avances físicos, calidad de las obras y beneficios verificables.
Desde la economía pública, posponer el mantenimiento y la reconstrucción puede resultar considerablemente más costoso que intervenir oportunamente. Los daños se agravan, aumentan las necesidades de inversión y se trasladan costos a la sociedad. Un transportista paga reparaciones, un agricultor pierde oportunidades de comercialización y una familia enfrenta mayores gastos para trasladarse. Cuando una comunidad queda aislada, también se restringe su acceso a mercados, escuelas, hospitales y servicios públicos.
Hay, además, una responsabilidad de planeación. Veracruz enfrenta periódicamente lluvias intensas y crecidas de ríos. La reconstrucción debe considerar estudios hidrológicos, drenajes adecuados, estabilidad de taludes y criterios de resistencia ante futuros fenómenos meteorológicos. Reponer infraestructura sin corregir las condiciones que contribuyeron a su deterioro puede significar nuevas pérdidas y mayores gastos públicos.
Los anuncios de reconstrucción y los arranques de obra se convierten en verdaderos espectáculos políticos, con escenarios, discursos y aplausos para la gobernadora Rocío Nahle. Mientras tanto, hay comunidades que siguen esperando la conclusión de sus caminos y puentes. Sería deseable que pronto pudiéramos presenciar otros actos públicos, pero esta vez para anunciar obras efectivamente terminadas y abiertas al tránsito, antes de que una nueva temporada de lluvias provoque más baches, deslaves y destrucción.
Porque las carreteras no se reconstruyen con discursos ni con aplausos. Se reconstruyen con planeación, presupuesto bien ejercido y obras concluidas. Y mientras los ciudadanos esperan resultados, el contraste entre la ceremonia y la realidad sigue alimentando una percepción difícil de ignorar: mucho anuncio, mucho aplauso y mucho show, pero todavía demasiadas obras por terminar.
@pepecortesmx
Economista y abogado. Analista político y articulista.
