Salvador Muñoz
Los Políticos
Hay indicadores del éxito gubernamental que uno no sabe si celebrar o empezar a preocuparse. Por ejemplo: que hagan falta más cárceles porque tenemos más detenidos. La ecuación oficial parece sencilla: si hay más detenidos, la estrategia de seguridad funciona. Y probablemente, vista desde la compu, una gráfica o la mañanera, hasta se vea y suene bonita. El problema empieza cuando uno cambia los números por personas y descubre que más presos también significan más cárceles, más custodios, más comida, más camas y, cuando éstas ya no alcanzan, hacinamiento. La GoberNahle lo resumió sin demasiadas vueltas al reconocer que los penales de Veracruz están llenos, tan llenos que ya se proyecta uno nuevo con capacidad para alrededor de 2 mil 400 internos.
¡Vaya manera de crecer!
Hay un viejo chiste de un Gobernador que ordena remodelar los penales: mejores dormitorios, comida de primera, instalaciones dignas. Uno de sus colaboradores, sorprendido por tanta generosidad, le pregunta por qué no invertir mejor en las escuelas.
–Porque a la escuela nosotros ya no vamos a regresar… a la cárcel, quién sabe.
El chiste envejeció. Hoy habría que agregarle que ya ni siquiera alcanza con remodelarlas… hay que construir más!
Y no es un fenómeno exclusivo de Veracruz. El Gobierno federal anunció seis nuevos centros penitenciarios en el país para agregar miles de espacios al sistema. La explicación es razonable: hay sobrepoblación y una estrategia de seguridad que ha incrementado las detenciones.
Hasta allí, las cuentas salen.
Pero hay otra ecuación que debería preocuparnos:
Más detenciones no necesariamente significan más seguridad, así como más presos no significan necesariamente menos delincuencia, y más cárceles tampoco garantizan una mejor reinserción social.
En Veracruz había, según cifras oficiales reportadas en 2025, 8 mil 854 personas privadas de su libertad. Para dimensionarlo: son aproximadamente 112 presos por cada cien mil habitantes. No estamos en los niveles de Estados Unidos, que supera los 500, ni de Brasil, que rebasa los 400; pero tampoco estamos hablando de cuatro malandros encerrados jugando dominó. Y el verdadero problema no es únicamente dónde vamos a meterlos, sino qué vamos a hacer con ellos mientras estén allí y qué sociedad tendremos cuando salgan.
De esos 8 mil 854 internos veracruzanos, apenas 2 mil 145 participaban en programas educativos y mil 166 trabajaban en talleres, según la propia Secretaría de Seguridad Pública.
Entonces, si vamos a inaugurar más espacios penitenciarios, sería bueno saber cuántos serán verdaderamente espacios de reinserción y cuántos simplemente nuevas camas donde acomodar a quienes ya no caben.
Porque el hacinamiento no solamente representa incomodidad. Una prisión saturada puede convertirse precisamente en lo contrario de aquello que pretende ser: en lugar de reinsertar, perfecciona; en lugar de reconstruir tejido social, termina de romperlo.
Y allí está la paradoja de nuestras flamantes Cárceles del Bienestar.
Cuando se construye una escuela, uno supone que habrá más estudiantes. Cuando se abre un hospital, esperamos atender a más enfermos. Cuando se inaugura una carretera, presumimos mayor comunicación; pero cuando necesitamos una cárcel para otros 2 mil 400 veracruzanos, francamente no sé dónde está la buena noticia.
Claro que si los actuales penales están sobrepoblados, hay que resolverlo. Y si las personas privadas de su libertad viven hacinadas, el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas. La crítica no está en construir el penal necesario, sino en celebrar la necesidad de construirlo como consecuencia del éxito.
Quizá la verdadera política de seguridad no debería medirse solamente por cuántas personas conseguimos meter a prisión, sino por cuántas evitamos que llegaran a cometer el delito que las llevó hasta allí, porque si para demostrar que estamos ganando la batalla contra la delincuencia cada vez necesitamos más cárceles, llegará el día en que tendremos muchísimas cárceles… y habrá que preguntarnos quién chinitas ganó la batalla.
