Carlos Miguel Acosta Bravo
Impronta
Durante la pandemia de Covid-19, el personal médico, de enfermería, laboratorio, ambulancias y limpieza fue llamado “héroe”. Hoy, ese mismo personal enfrenta desabasto de medicamentos e insumos, hospitales saturados, contrataciones precarias y una propuesta salarial de 2.9 por ciento que no alcanza a compensar el aumento del costo de vida. La consulta entre cerca de 495 mil trabajadores del IMSS no es solo una votación sindical, es una prueba de confianza entre el gobierno y quienes sostienen el sistema de salud.
Las quejas de falta de medicamentos, material de curación y equipo básico se han repetido en hospitales y centros de salud de IMSS-Bienestar. Trabajadores han denunciado faltantes de jeringas, sondas, normogoteros, microgoteros, adhesivos, gasas, suturas, guantes, analgésicos y otros insumos indispensables para atender pacientes.
El problema tiene un componente estructural, el catálogo de medicamentos fue reducido de 2 mil 753 a mil 929 claves, y se ha informado que los hospitales de segundo nivel del IMSS-Bienestar trabajarían con solo 871 claves autorizadas. Aunque las autoridades sostienen que se trata de un cambio de claves y de una racionalización del abasto, para médicos y pacientes la consecuencia es la misma, menos opciones terapéuticas y mayor riesgo de que una receta no pueda surtirse.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido fallas en el suministro, atribuidas tanto a incumplimientos de proveedores como a problemas de distribución. Ese reconocimiento es importante, pero no sustituye una solución verificable, hospitales con inventarios suficientes, recetas surtidas a tiempo y sistemas públicos de seguimiento que permitan saber qué falta, dónde falta y cuándo se resolverá.
La propuesta sometida a consulta prevé un incremento de 2.9 por ciento al salario tabular, 3.9 por ciento en una prestación de apoyo para renta y 200 pesos para despensa; en conjunto, representa un aumento global de 6.8 por ciento. Sin embargo, los trabajadores lo rechazan porque, en términos prácticos, el aumento directo al salario equivale a alrededor de 180 pesos.
La incongruencia es evidente. En 2020 y 2021, el personal sanitario fue objeto de homenajes, aplausos y discursos oficiales. Se le pidió trabajar en condiciones extremas, con riesgo de contagio, fatiga y carencias materiales. Hoy, cuando exige medicamentos, plazas dignas y un salario acorde con la inflación, recibe una oferta que considera insuficiente.
No se trata de pedir privilegios. Se trata de coherencia, un sistema de salud no puede funcionar con discursos heroicos y presupuestos ajustados. La salud pública depende de personas capacitadas, estables y protegidas; si el Estado no invierte en ellas, el costo lo pagan los pacientes en esperas, traslados, diagnósticos tardíos y tratamientos incompletos.
A las demandas del IMSS se han sumado trabajadores del ISSSTE, Pemex, del Sistema de Transporte Colectivo Metro y del sector eléctrico. Esa convergencia revela que el descontento no se limita a un instituto ni a un gremio: expresa una molestia más amplia de trabajadores del Estado frente a salarios que no reflejan el costo de vida y condiciones laborales que no corresponden a la responsabilidad de sus funciones.
Para el gobierno, el riesgo es político y operativo. Político, porque puede consolidar un frente de inconformidad en sectores estratégicos. Operativo, porque hospitales, transporte, energía y seguridad social no son áreas prescindibles, su deterioro se traduce de inmediato en afectaciones para millones de personas.
La consulta convocada entre los trabajadores del IMSS —reportes refieren un universo cercano a 495 mil— se realiza en 670 centros laborales, incluidos hospitales, unidades de medicina familiar y centros de salud.
El resultado puede tener tres lecturas, Si se aprueba, el gobierno podrá presentar el aumento como un acuerdo, pero no resolverá el desabasto ni la percepción de que el personal fue desatendido. Si se rechaza, la administración enfrentará una demanda salarial reforzada y la obligación de negociar una propuesta más seria.
La respuesta no puede limitarse a pedir paciencia o a defender porcentajes. Debe ofrecer un plan verificable con al menos cuatro compromisos: Abasto garantizado: publicar semanalmente el porcentaje de disponibilidad por hospital, clave y tipo de insumo y por último auditoría social, permitir que trabajadoras y trabajadores participen en la revisión de carencias, con protección frente a represalias.
El personal de salud no pide ser llamado héroe otra vez. Pide condiciones para ejercer su profesión: medicinas, insumos, personal suficiente, contratos estables y un salario que reconozca su responsabilidad. Mientras el Estado no atienda esas demandas, la frase “héroes de la pandemia” sonará cada vez más vacía.
La consulta de este 14 de octubre puede convertirse en una oportunidad para corregir el rumbo. Pero si el gobierno insiste en administrar y minimizar el conflicto con incrementos simbólicos y promesas genéricas, lo que hoy es una protesta laboral puede transformarse en una crisis de confianza hacia todo el sistema público de salud.
