Gonzalo Guízar Valladares
En Voz Alta
Esta semana voy a hablar de la riqueza más escasa que tenemos: el tiempo.
Faltan menos de ochenta días para que cambie la vida laboral de México. El primero de enero, la semana de trabajo bajará de cuarenta y ocho a cuarenta y seis horas. Y así, año tras año, hasta llegar a cuarenta en 2030. No es un anuncio: es ley. Ya está en el artículo 123 de la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo.
Reconozcámoslo con claridad. Después de más de un siglo, el país decidió que trabajar no puede costar la vida entera. Que un padre llegue a cenar. Que una madre alcance la junta de la escuela. Que un joven tenga una hora para estudiar. Que un abuelo vea crecer a su nieto.
Eso no es una cifra. Es una hora que regresa a casa.
Pero una ley no se cumple sola.
Y hay una pregunta que nos incomoda: ¿a quién le va a llegar esa hora?
Se calcula que esta reforma beneficiará a trece millones de personas. Sin embargo, en México más de la mitad de quienes trabajan lo hacen en la informalidad. Y en Veracruz, la cifra ronda los siete de cada diez.
Para ellos no hay contrato que acorte la jornada. Ni patrón que la cuente. Ni inspector que la vigile.
Para el comerciante del tianguis, para el albañil, para la jornalera, el tiempo no se reduce. Se les va.
Por eso, me gustan tres aspectos que propone el Partido Político PAZ.
Primero: que la ley se cumpla de verdad, en la fábrica, en el comercio y en el campo, con inspección real y no solo de papel.
Segundo: que la tiendita y el taller familiar sean acompañados, no asfixiados, porque una reforma que quiebra al pequeño negocio no libera a nadie.
Y en tercer lugar: que la informalidad deje de ser la salida de emergencia y se vuelva la puerta hacia los derechos.
Una sociedad se mide por el tiempo que le deja a sus familias. Reconozcamos lo que se logró. Y exijamos que llegue a todos.
