Pepe Cortés
El Congreso de Veracruz aprobó, con 34 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, una reforma a la Ley de Salud que incorpora la medicina tradicional y la partería al Sistema Estatal de Salud. El decreto define la medicina tradicional como un conjunto de prácticas que incluye el uso de plantas, animales, minerales, técnicas manuales y también terapias espirituales.
De ahí surge una pregunta sencilla, pero incómoda: si las terapias espirituales ya tienen lugar en la legislación sanitaria, ¿qué diferencia jurídica existe entre un ritual tradicional y alguien que reza un Padre Nuestro o un Ave María por la recuperación de un enfermo?
Conviene aclarar primero lo que no está en discusión. La herbolaria, la partería y las prácticas comunitarias forman parte de nuestra riqueza cultural y merecen respeto. En muchas comunidades, una partera o un huesero representa la primera opción de atención disponible. Reconocer estas tradiciones es legítimo.
También es necesario precisar lo que plantea la reforma. Sus defensores, entre ellos la diputada morenista Miriam García Guzmán, sostienen que no busca competir con la medicina contemporánea, sino establecer un vínculo de complementariedad. El texto contempla criterios de seguridad sanitaria y reconoce la coexistencia con la medicina convencional.
Pero una ley no debe juzgarse únicamente por sus intenciones, sino por sus reglas y consecuencias. ¿Quién certificará la seguridad de una terapia espiritual? ¿Qué enfermedades podrá atender y cuáles quedarán excluidas? ¿Quién responderá si un paciente abandona su tratamiento médico por confiar en un ritual? ¿Se destinarán recursos públicos a estas prácticas? ¿Con qué criterios se evaluarán sus resultados?
Estas preguntas marcan la diferencia entre reconocer una tradición y regular servicios de salud. El valor cultural de una práctica no demuestra su eficacia terapéutica. Para ello se necesitan evidencia científica, protocolos de seguridad y responsabilidades institucionales claramente definidas.
La contradicción aparece al observar el panorama sanitario de Veracruz. Mientras el Congreso amplía el reconocimiento legal de prácticas tradicionales, persisten denuncias por desabasto de medicamentos, cirugías pospuestas y falta de insumos hospitalarios. Una madre que busca medicamentos oncológicos para su hijo no necesita una ceremonia como respuesta institucional, sino recibir oportunamente el tratamiento prescrito. Quien llega a urgencias con un infarto necesita personal capacitado, medicamentos y equipos funcionando.
Además, México es un Estado laico. Las instituciones públicas deben garantizar la libertad de creencias sin favorecer una religión ni sustituir la atención médica por prácticas espirituales. Si estas últimas encuentran reconocimiento dentro del sistema estatal de salud, las autoridades deben explicar con qué criterios distinguirán unas de otras. La respuesta no puede depender de preferencias políticas o religiosas.
Tampoco sería correcto anticipar consecuencias que todavía no están demostradas. Si la reforma no implica financiar prácticas de eficacia no comprobada ni desplazar prioridades clínicas, podría representar un reconocimiento cultural legítimo. Su verdadero alcance dependerá de las disposiciones reglamentarias, los mecanismos de supervisión y las decisiones presupuestales.
Por eso, Morena y sus aliados deben explicar quién supervisará estas actividades, si habrá financiamiento público y qué medidas impedirán que una práctica espiritual retrase un diagnóstico, sustituya un tratamiento o comprometa la seguridad de los pacientes.
Si rezar ayuda emocionalmente a un enfermo, que rece. Si una ceremonia tradicional le proporciona tranquilidad, que la practique libremente, siempre que no ponga en riesgo su salud. Pero nadie debe confundir ese derecho con la obligación del Estado de garantizar atención médica respaldada por evidencia científica.
Porque quien entra a un hospital público no está pidiendo un milagro. Está ejerciendo su derecho constitucional a la protección de la salud. Y ese derecho se garantiza con médicos, medicamentos, diagnósticos oportunos, infraestructura hospitalaria y rendición de cuentas.
La fe puede acompañar al enfermo. La ciencia debe orientar su tratamiento. Y el gobierno tiene la obligación de garantizar que ambas nunca se confundan a costa de la vida de los veracruzanos.
@pepecortesmx
Economista y abogado. Analista político y articulista.
