Jorge Ramón Rizzo*
Focus Group
Lo que comenzó como un rumor de pasillo ha estallado en una crisis de proporciones catastróficas. Estamos frente al destape de una red de corrupción, adjudicaciones directas amañadas y desvíos millonarios que vulneran la esencia misma de un organismo que nació para garantizar imparcialidad, certidumbre y honestidad: El INE.
La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) representa uno de los golpes más severos a la credibilidad del árbitro de la democracia mexicana en toda su historia. La caída de Taddei no es un acto de «responsabilidad institucional» ni una «salida digna», es la consecuencia directa de investigaciones periodísticas. Apenas el 22 de octubre pasado en mi entrega de esta misma columna que titulé: «Periodismo, Contrapeso del Poder en México», hice referencia a la importancia de la vigilancia del poder desde la trinchera periodística.
Le platico que a mediados del siglo XIX y a medida que se iba dando la consolidación de la prensa liberal y de combate, el término «cuarto poder» comenzó a arraigarse y adoptarse de forma masiva. Dicho término recobra su valor original, atribuible en buena medida a «El Hijo del Ahuizote» que hizo del periodismo un verdadero vigilante y contrapeso del poder político en aquellos tormentosos años de México.
Hoy, gracias a que las investigaciones periodísticas publicadas por diversos medios nacionales no se quedaron en meras conjeturas, sino que exhibieron el nivel de colusión con los reveladores videos de la casa de Picacho en el Pedregal, los contundentes audios filtrados y hasta los documentos claramente exhibidos en redes y medios, es que se destapa la cloaca en el INE: ¡Cómo en los tiempos de «El Hijo del Ahuizote»!.
El papel de los medios de comunicación y del periodismo de investigación ha sido el catalizador indispensable y el detonante absoluto que provocó la caída de Guadalupe Taddei y el destape de la red de corrupción en el INE y en Organismos Públicos Locales Electorales en los estados del país. Porque fueron los medios, los que mostraron el mapeó minucioso del ‘modus operandi’ del desvío de recursos y el tráfico de influencias.
La presidenta Claudia Sheinbaum se vio obligada a modificar su postura inicial de neutralidad institucional para adoptar una narrativa de control de daños. La gravedad de las pruebas la arrinconó políticamente, obligándola a tomar acciones y emitir cinco pronunciamientos determinantes:
1. Desmarcarse de Guadalupe Taddei y retirarle el respaldo político
2. Recordar el origen de Taddei mediante la «tómbola»
3. Exigir públicamente una auditoría profunda a la Auditoria Superior de la Federación (ASF)
4. Lanzar una ofensiva contra los «coyotes electorales» e intermediarios, y
5. Intentar proyectar estabilidad ante los mercados y el proceso de 2027
Con la salida de Taddei, vino la designación interina de Blanca Yassahara Cruz García, con lo que el organismo ha iniciado una «purga» interna que ha provocado ya al menos 15 renuncias de altos funcionarios de confianza. Sin embargo, la justicia en México no puede conformarse con la huida de los implicados. Como bien ha señalado la academia y la sociedad civil a través de exigencias que llegan a solicitudes de juicio político. Una renuncia no es un certificado de inocencia ni equivale a haber rendido cuentas.
La ASF tendrá mucho trabajo en las oficinas del INE, que fueron secuestradas por conflictos de interés y favoritismos burdos. Y no estoy hablando de descuidos administrativos; hay desvío de cientos y cientos de millones de pesos y contratos de hasta nueve ceros entregados a redes empresariales ligadas a José Alfredo Hernández Casillas, un contratista con cercanía personal directa a la ahora expresidenta.
La exigencia presidencial de auditar también gestiones pasadas es válida en un esquema de absoluta rendición de cuentas, pero no debe ser utilizada como un distractor político para diluir la responsabilidad del régimen actual en el mal desempeño operativo del árbitro. El problema central de hoy es que las estructuras encargadas de cuidar los votos de los ciudadanos se utilizaron para engordar los bolsillos de unos cuantos proveedores ‘íntimos’.
El verdadero peligro de esta cloaca abierta no radica únicamente en el dinero público desaparecido, sino en la legitimidad de los procesos electorales venideros y esto incluye a los organismos locales electorales en los estados. Si las boletas, los códigos QR, las credenciales y la logística de las elecciones intermedias están manchadas por la sospecha de la corrupción, ¿Cómo se le va a exigir al ciudadano que confíe en los resultados de las urnas?.
Pero recapitulando: No solamente fue el uso de la tómbola, ya que la cosa se agravó profundamente cuando reformas legales le otorgaron a la presidencia del instituto facultades unilaterales para designar de forma directa a los titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas. Al eliminar el contrapeso colegiado, el INE pasó de ser un consejo plural a un feudo unipersonal en el que las consecuencias de esta concentración de poder quedó a la vista de todos.
El INE se encuentra en una especie de terapia intensiva moral. Desinfectar a la institución requiere más que sustituir a los «vendedores» del momento, exige auditorías forenses profundas de la ASF, investigaciones penales rigurosas de la Fiscalía General de la República que lleven a la cárcel a quienes abusaron de sus funciones, incluso hasta la figura del juicio político cabe en esta caso, y sin duda el regreso inmediato al diseño colegiado e independiente que dio origen a la transición democrática en México. Si el INE no se limpia por completo desde sus raíces, la democracia mexicana corre el riesgo de quedarse sin un árbitro confiable, convirtiéndose en un jugador más de la peor política de privilegios.
*Periodista/Tlaxcala
