Pepe Cortés
«El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente». La célebre advertencia de Lord Acton, formulada hace más de un siglo, parece escrita para recordar al México contemporáneo una verdad fundamental: la democracia no depende de la buena voluntad de los gobernantes, sino de la existencia de instituciones capaces de limitar sus decisiones. Cuando el poder deja de encontrar obstáculos, la libertad comienza a perder sus garantías.
El Instituto Nacional Electoral representa una de las conquistas más importantes de nuestra transición democrática. No nació de la generosidad presidencial ni fue un regalo de los partidos. Surgió de décadas de exigencias ciudadanas contra el fraude, el autoritarismo y el control gubernamental de las elecciones. Su construcción permitió avanzar hacia la alternancia política y consolidar reglas que hicieron posible competir por el poder sin que el gobierno decidiera quién debía ganarlo. Esa historia explica por qué su credibilidad constituye un patrimonio democrático que ningún partido puede reclamar como propio.
Hoy ese patrimonio enfrenta cuestionamientos que obligan a examinar el rumbo de la llamada transformación. Morena llegó al gobierno prometiendo combatir los abusos del pasado, pero sus propuestas para modificar el sistema electoral han generado preocupaciones sobre la preservación de los controles institucionales. El debate no consiste en negar la posibilidad de reformar al INE, sino en determinar si los cambios fortalecen su independencia o concentran atribuciones que deberían permanecer sujetas a decisiones colegiadas.
Las controversias sobre los nombramientos administrativos durante la presidencia de Guadalupe Taddei ilustran ese problema. La concentración de facultades en una sola autoridad puede reducir la participación de los órganos colegiados y debilitar los mecanismos internos de supervisión. Una institución encargada de garantizar imparcialidad necesita procedimientos transparentes, decisiones verificables y responsabilidades claramente definidas.
A ello se agregan investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Los señalamientos deben esclarecerse mediante auditorías y procedimientos legales, sin anticipar culpabilidades ni permitir que las responsabilidades eventualmente acreditadas queden sin consecuencias. La autonomía constitucional protege al Instituto frente a interferencias políticas, pero no exime a sus funcionarios de rendir cuentas por el ejercicio de los recursos públicos.
La salida de Taddei tampoco resuelve por sí misma los problemas institucionales. Cambiar a quien ocupa la presidencia carecerá de profundidad si permanecen intactos los mecanismos que dieron origen a los cuestionamientos. Recuperar la confianza exige revisar procedimientos, transparentar decisiones y garantizar que ninguna autoridad administrativa pueda actuar sin controles efectivos.
Aquí adquiere sentido la advertencia de Lord Acton. El peligro no reside exclusivamente en las personas, sino en las estructuras que permiten acumular facultades sin suficiente vigilancia. Una democracia madura no deposita su futuro en la honestidad individual de los funcionarios: establece reglas que impiden los abusos incluso cuando quienes gobiernan cuentan con amplias mayorías políticas.
Rumbo a las elecciones de 2027, México necesita una autoridad electoral cuya independencia resulte incuestionable en sus decisiones y cuya administración esté abierta al escrutinio ciudadano. La confianza en las urnas comienza mucho antes de la jornada electoral y depende de que todos los participantes reconozcan reglas claras y una autoridad imparcial.
La transformación no puede convertirse en una justificación para debilitar las instituciones democráticas. Ninguna mayoría tiene derecho a apropiarse de los organismos que pertenecen a los ciudadanos, ni ninguna autoridad puede reclamar autonomía para escapar de la rendición de cuentas.
El INE fue construido para impedir que el poder controlara las elecciones. Preservar esa conquista exige algo más que defender sus siglas: exige garantizar que cumpla su misión.
Porque cuando el árbitro pierde la confianza ciudadana, no solamente queda en entredicho una institución. Queda comprometida la credibilidad de la democracia que todos estamos obligados a preservar.
@pepecortesmx
Economista y abogado. Analista político y articulista.
