Carlos Miguel Acosta Bravo
Impronta
Los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el ejercicio fiscal 2025 son relevantes porque exhiben fallas de control en la nómina educativa de Veracruz y Oaxaca que no son meros errores contables. Afectan recursos federales destinados a educación básica y normal, y tocan directamente la relación entre gobiernos estatales y organizaciones sindicales como el SNTE y la CNTE. Su impacto dependerá de si las autoridades convierten las observaciones en depuración real de nóminas, sanciones y recuperación de recursos, o solo en un episodio de desgaste político.
En Veracruz, la auditoría 2126 al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) dejó 48 millones 657 mil 604 pesos pendientes de aclarar y emitió ocho pliegos por probable daño a la hacienda pública federal. El hallazgo principal fue el pago de 38.9 millones de pesos a 105 trabajadores con plazas simultáneas en centros escolares geográficamente incompatibles.
También identificó 5.46 millones de pesos pagados a personal con licencia sin goce de sueldo, 2.25 millones a trabajadores después de su baja y 648 mil pesos a 14 personas con registro de defunción. Además, observó 543 mil 355 pesos pagados a una persona que realizaba actividades en el SNTE sin acreditar funciones vinculadas con educación básica o normal.
En Oaxaca, la ASF detectó irregularidades en el IEEPO por cerca de 100 millones de pesos, incluidos 10.9 millones pendientes de aclarar por personal con más de una plaza, cargos de elección popular o registros de defunción. También encontró pagos por 9.6 millones de pesos a 50 trabajadores que ocupaban cargos de elección popular sin acreditar funciones educativas, y 387 mil pesos a cuatro personas con registro de defunción.
El Fone no es una bolsa discrecional, está destinado a sostener la nómina educativa y el gasto operativo de la educación básica y normal. Cuando se pagan plazas inexistentes, incompatibles, a personas dadas de baja o fallecidas, el recurso público deja de llegar al aula, a materiales, a infraestructura o a servicios educativos.
El daño no se mide solo en millones de pesos. Se mide en escuelas sin condiciones adecuadas, en plantillas desequilibradas, en maestros que cargan con mayor carga laboral y en la pérdida de confianza de las familias. Si una plaza se usa como prebenda sindical o política, el derecho a una educación pública de calidad se convierte en moneda de intercambio.
Los hallazgos tienen un componente político inevitable. En Veracruz, la ASF observó pagos a un trabajador con funciones sindicales sin acreditar labores educativas; en Oaxaca, detectó pagos a personas con cargos de elección popular y plazas múltiples. Estos casos colocan bajo la lupa una práctica histórica, el uso de plazas, comisiones y recomendados como mecanismo de influencia sindical.
Para el SNTE en Veracruz, el riesgo es reputacional y organizativo. Si la auditoría se traduce en revisión de comisionados, validación de funciones y depuración de nómina, el sindicato podría perder un instrumento de poder interno y de negociación con el gobierno estatal. Para la CNTE en Oaxaca, donde el IEEPO tiene una historia de fuerte presencia sindical y conflictos por el control de plazas, los hallazgos pueden reactivar una confrontación entre control administrativo del sistema educativo y estructuras de representación magisterial.
Sin embargo, hay que ser cuidadoso, las observaciones de la ASF no equivalen, por sí mismas, a una sentencia de corrupción ni a una responsabilidad penal individual. Son hallazgos que exigen aclaración, documentación y, en su caso, determinación de responsabilidades. El problema político surge cuando la depuración se aplica de forma selectiva, como castigo a un sindicato o como protección de otro.
La prueba para ambos gobiernos será demostrar que la revisión no es un operativo político, sino una política de estado para limpiar la nómina educativa. Eso requiere tres acciones concretas:
En primer lugar, una depuración verificable, en donde se deben actualizar padrones, cruzar datos con actas de defunción, altas y bajas, comisiones, licencias y ubicaciones de centros de trabajo; En segundo y el más importante la recuperación del recurso público, exigir reintegros, retenciones o responsabilidades administrativas cuando se acredite pago indebido; y en tercero reglas transparentes para comisiones, publicar criterios, listas de comisionados, funciones reales, plazos y mecanismos de revocación, evitando que la plaza educativa funcione como recompensa sindical o política.
Si el gobierno de Veracruz usa los hallazgos para presionar al SNTE sin un proceso técnico y transparente, puede generar conflicto magisterial, paros y desgaste del servicio educativo. Si el SNTE o la CNTE responden con resistencia frontal, sin aceptar auditorías ni depuración, reforzarán la percepción de que las plazas son un botín corporativo en la educación, antes que un instrumento para atender a niñas, niños y adolescentes.
La salida no es confrontación, sino corresponsabilidad. Los sindicatos pueden defender derechos laborales legítimos sin proteger irregularidades; los gobiernos pueden depurar nóminas sin criminalizar la organización sindical ni utilizar la auditoría como arma política.
La ASF tiene ante sí una oportunidad para demostrar que la fiscalización puede llegar hasta el corazón de las estructuras de poder educativo. Pero también los gobiernos de Veracruz y Oaxaca tienen la obligación de responder con hechos, depurar nóminas, recuperar recursos, sancionar responsabilidades y garantizar que cada peso del Fone llegue a la escuela.
Si eso ocurre, las observaciones dejarán de ser un escándalo y se convertirán en una reforma silenciosa del sistema educativo. Si no, el resultado será el de siempre: millones observados, sindicatos desgastados, gobiernos confrontados y las aulas y las escuelas que siguen esperando recursos que nunca llegaron.
