Mara I. Cruz Pastrana
En la vida democrática de los partidos políticos, la selección de quienes habrán de representarlos en una contienda electoral constituye uno de los momentos de mayor trascendencia. No se trata únicamente de elegir un nombre para una boleta, sino de identificar a quienes cuentan con la confianza ciudadana, la capacidad de representación, la trayectoria y el compromiso necesarios para encabezar un proyecto político.
En los últimos años, las encuestas han adquirido un papel relevante en los procesos internos de selección de precandidaturas y candidaturas. Se han convertido en instrumentos para conocer preferencias, medir niveles de reconocimiento y explorar el posicionamiento de quienes aspiran a representar a una organización política. Sin embargo, su utilización también plantea interrogantes sobre la transparencia, la metodología y, especialmente, la responsabilidad con la que deben interpretarse sus resultados.
Una encuesta es una herramienta técnica de investigación social, no una elección ni una verdad absoluta. Es una fotografía estadística de un momento determinado. Puede medir conocimiento, popularidad, opinión favorable o intención de voto, pero ninguna de estas variables acredita por sí misma preparación profesional, experiencia administrativa, capacidad legislativa o compromiso con la ciudadanía.
La historia política mexicana nos recuerda que la popularidad y la exposición mediática no siempre corresponden con las exigencias de una responsabilidad pública. Hemos visto cómo algunos partidos incorporan a sus candidaturas figuras provenientes del espectáculo, el deporte y otros ámbitos, cuyo reconocimiento público no necesariamente está acompañado de experiencia política o conocimiento de las funciones que pretenden desempeñar.
No se trata de descalificar a nadie por su profesión u origen, sino de reconocer que llegar a un cargo público representa una responsabilidad, no un premio a la popularidad. Ser conocido no significa saber legislar; tener seguidores no equivale a tener capacidad de gestión, y encabezar una encuesta tampoco demuestra preparación para gobernar.
Otro aspecto preocupante es la proliferación de encuestas a modo, sondeos digitales y ejercicios de posicionamiento promovidos por algunos aspirantes a través de sus redes sociales. En ocasiones, estos mecanismos son impulsados por sus propios equipos de comunicación y administradores de redes sociales, quienes pueden convertir una estrategia de difusión en una aparente medición de respaldo ciudadano.
Una votación abierta en redes sociales no constituye necesariamente una muestra representativa. Los seguidores, las reacciones y las interacciones digitales pueden reflejar capacidad de movilización, pero no permiten afirmar que existe una preferencia mayoritaria entre la población. Cuando se manipulan preguntas, se seleccionan participantes o se difunden porcentajes sin sustento metodológico, se corre el riesgo de fabricar una percepción de triunfo que no corresponde con la realidad.
La credibilidad de una encuesta exige conocer quién la realiza, quién la financia, cuál es el universo consultado, cómo se seleccionó la muestra, cuándo se levantó la información y qué preguntas se formularon. La transparencia no debe ser opcional cuando los resultados se utilizan para justificar decisiones políticas.
Asimismo, el posicionamiento no puede reducirse a la presencia en redes sociales. La política se construye en las comunidades, colonias, municipios y distritos; en el contacto directo con la ciudadanía, en el trabajo organizativo y en la capacidad de escuchar y responder a las necesidades colectivas. La trayectoria y el reconocimiento territorial también importan.
Los partidos políticos tienen la responsabilidad de garantizar procesos internos con reglas claras, igualdad de oportunidades y respeto a sus disposiciones estatutarias. Las encuestas pueden contribuir a la toma de decisiones, pero no deben convertirse en instrumentos para imponer candidaturas, desconocer trayectorias o simular una competencia democrática.
La verdadera fortaleza de un liderazgo no se construye con cifras maquilladas ni popularidad artificial. Se demuestra con trabajo, experiencia, congruencia, cercanía con la gente y resultados.
En política, la credibilidad no se presume ni se fabrica: se construye todos los días. Porque la voluntad ciudadana merece respeto y la democracia exige mucho más que porcentajes; exige responsabilidad, transparencia y compromiso con la sociedad.
