Pepe Cortés
Vivir en México cuesta cada vez más. Basta recorrer un mercado, surtir la despensa o pagar los servicios de una vivienda para comprobarlo. Pero lo preocupante no es solo cuánto pagamos hoy, sino cuánto podríamos pagar mañana.
En la primera quincena de octubre, la inflación anual llegó a 3.62%, frente al 3.45% de septiembre, y la subyacente se ubicó en 3.78%. En esos quince días, el tomate verde subió 22.07%, la electricidad 18.51%, la calabacita 16.27% y el gas doméstico LP 1.38%. Algunos incrementos responden a factores estacionales, pero su efecto en el bolsillo es inmediato.
Los precios no siempre esperan a que los costos aumenten. Las empresas calculan sus gastos futuros y anticipan obligaciones laborales, fiscales y administrativas. La economía funciona con expectativas, que influyen directamente en las decisiones comerciales.
El cierre del año trae aguinaldos, prestaciones y compromisos laborales, además de expectativas de incrementos salariales para 2027. En 2026, el salario mínimo aumentó 13%, hasta alcanzar 315.04 pesos diarios. Sin embargo, un incremento nominal no garantiza una mejora equivalente del poder adquisitivo.
A esto se suma la nueva Ley de Economía Digital, aprobada por el Congreso. Sus disposiciones transitorias conceden a Hacienda 15 días hábiles, desde su entrada en vigor, para determinar los sectores donde los pagos electrónicos podrán convertirse en la única forma de pago. Posteriormente, las autoridades correspondientes tendrán otros 15 días hábiles para emitir reglas y establecer mecanismos de transición.
La realidad mexicana plantea dificultades. Según la Agencia de Transformación Digital, 85% de las operaciones menores a 500 pesos se realizan en efectivo, mientras las cifras del dictamen señalan que 21.7% de los hogares carece de internet. Imponer pagos electrónicos sin resolver las limitaciones de conectividad y bancarización puede excluir consumidores y encarecer operaciones.
Para los pequeños negocios, las terminales bancarias, comisiones y servicios financieros representan costos adicionales. Cambiar la forma de cobrar no significa producir más ni incrementar la productividad. Las modificaciones fiscales previstas para 2027 también generan expectativas de mayores gastos administrativos y de cumplimiento.
Una panadería, una fonda o una tienda deben pagar salarios, prestaciones, electricidad, proveedores e impuestos. Las empresas no son instituciones de beneficencia pública: necesitan recuperar sus costos y obtener utilidades para sobrevivir. Cuando las cargas aumentan, presionan los precios y sus consecuencias alcanzan al consumidor.
Este es el círculo vicioso: millones de trabajadores reciben aumentos salariales que prometen mejorar sus condiciones, pero pueden convertirse en espejismos cuando el encarecimiento de productos y servicios consume sus beneficios. El salario nominal aumenta, mientras el poder adquisitivo puede deteriorarse día con día.
Desde la Economía Social de Mercado, mejorar los salarios exige productividad, inversión, competencia y certidumbre. En Veracruz necesitamos simplificación administrativa y condiciones favorables para producir, comerciar y generar empleos.
El riesgo para 2027 es que las expectativas de mayores costos provoquen aumentos anticipados de precios, erosionando los beneficios salariales antes de que lleguen a los bolsillos.
Porque la inflación se mide en porcentajes, pero el encarecimiento de la vida se padece en pesos. De poco sirve ganar más pesos si cada día alcanzan para comprar menos.
@pepecortesmx
Economista y abogado. Analista político y articulista.
