Carlos Miguel Acosta Bravo
Impronta
La nueva evaluación del personal de carrera judicial puede ser legítima como instrumento de mejora, pero sus alcances dependen de si se aplica con reglas objetivas, participación real de los evaluados y garantías de estabilidad laboral. El rechazo de jueces, secretarios, actuarios y oficiales judiciales no es una negativa a ser evaluados, es una protesta contra un esquema que perciben como discrecional, punitivo y potencialmente instrumento de depuración política.
El acuerdo del Órgano de Administración Judicial (OAJ), publicado el 5 de noviembre de 2026, regula la evaluación del desempeño de aproximadamente 32 mil integrantes del personal de carrera judicial: secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales en más de 900 tribunales y juzgados federales.
El esquema contempla siete factores. El examen de conocimientos representa 40% de la calificación; el resto se distribuye entre productividad, trabajo en equipo, ética y valores, comportamiento profesional y valoraciones de superiores y compañeros.
Las escalas previstas son 90 a 100 puntos, sobresaliente; 80 a 89, satisfactorio; 70 a 79, regular; 60 a 69, suficiente; y 0 a 59, insuficiente. Quienes obtengan 80 o más evitarán nueva evaluación durante dos años; quienes obtengan 60 a 79 deberán someterse a acciones de fortalecimiento; y quienes obtengan menos de 60 podrían enfrentar consecuencias laborales en evaluaciones posteriores.
El OAJ ha aclarado que la evaluación de 2026 será exclusivamente diagnóstica. Sus resultados no implicarán aprobación o reprobación ni producirán consecuencias individuales sobre permanencia o separación.
Los exámenes están programados para diciembre de 2026: secretarios el 4, actuarios el 8 y oficiales judiciales los días 14 y 15. La primera evaluación ordinaria con efectos vinculantes se realizará en 2027, después de las acciones de capacitación.
Esto significa que, en lo inmediato, no habrá despidos derivados de la evaluación. Pero la preocupación de los trabajadores no es infundada, el acuerdo prevé que, a partir de 2027, una calificación inferior a 60 puntos y la no aprobación de un examen extraordinario puedan derivar en remoción del cargo.
El rechazo no es una negativa a rendir cuentas. Los trabajadores aceptan exámenes y capacitación, pero cuestionan que el modelo pueda utilizarse para afectar antigüedad, permanencia y estabilidad laboral.
Las críticas principales son subjetividad: 30% de la calificación dependería de cuestionarios de percepción aplicados por superiores y compañeros, lo que abre la puerta a favoritismos, represalias o presiones internas; Discrecionalidad, la participación de jueces y magistrados electos por voto popular en la calificación del personal genera dudas sobre criterios uniformes y neutralidad; Riesgo de depuración, trabajadores temen que la evaluación se use para separar a quienes no simpatizan con la nueva estructura o con la conducción del OAJ y por último falta de concertación, el acuerdo fue emitido unilateralmente por el OAJ, sin un proceso amplio de negociación con sindicatos y personal afectado.
La estructura del Poder Judicial de la Federación se ha vuelto más compleja tras la reforma. Hoy coexisten al menos tres ámbitos o tres poderes en uno : El Poder Judicial propiamente dicho, integrado por jueces y magistrados que resuelven controversias; El Órgano de Administración Judicial (OAJ), encargado de administración, carrera judicial, formación y evaluación del personal; Órganos auxiliares y de control, como la Escuela Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, que participan en la formación, supervisión y evaluación.
Esta separación busca profesionalizar la administración, pero también genera tensiones. Cuando el OAJ concentra facultades de evaluación, formación y sanción, el riesgo de concentración de poder aumenta. La evaluación deja de ser un instrumento técnico y puede percibirse como un mecanismo de control político o administrativo.
La evaluación del desempeño es válida y necesaria. Pero debe construirse con reglas claras, participativas y verificables. El contenido no debería decidirse unilateralmente por el OAJ; debería acordarse con representantes de jueces, magistrados, secretarios, actuarios, oficiales judiciales y sindicatos.
Los elementos mínimos que deberían acordarse son: Criterios objetivos y públicos, indicadores medibles, no percepciones subjetivas sin sustento documental; Ponderación equilibrada, reducir el peso de opiniones de superiores y compañeros, o someterlas a verificación cruzada; Derecho de defensa, garantizar recursos de revisión, apelación y contradicción antes de cualquier consecuencia laboral; Transparencia, publicar temarios, rúbricas, resultados agregados y mecanismos de revisión; No punitividad inicial, mantener la fase diagnóstica sin efectos laborales hasta que exista confianza en el sistema; Participación sindical, incluir a los sindicatos en el diseño, aplicación y revisión del esquema y lo más importante separación de funciones, distinguir claramente entre evaluación técnica, formación y sanción disciplinaria.
Si el OAJ insiste en aplicar un esquema percibido como punitivo sin diálogo, el costo puede ser alto. Ya hay paros en al menos 17 estados, incluyendo Veracruz, y la movilización puede escalar.
El riesgo no es solo operativo. Es de legitimidad. Un Poder Judicial que se percibe como instrumento de control político pierde autoridad moral frente a la ciudadanía. La evaluación debería fortalecer la confianza, no debilitarla.
La salida no es cancelar la evaluación, sino reconstruir su legitimidad. Eso implica, Suspender temporalmente los efectos punitivos hasta que se acuerden reglas claras. Abrir mesas de negociación con sindicatos y representantes del personal. Publicar íntegramente los criterios, ponderaciones y mecanismos de revisión; Garantizar que ninguna evaluación pueda utilizarse para persecución política o laboral; Fortalecer la capacitación antes de condicionar la permanencia.
La evaluación del desempeño es necesaria, pero no basta con evaluar. Hay que evaluar bien, con reglas justas y con participación real de quienes serán evaluados. Si el OAJ no corrige el rumbo, el costo será la desconfianza y la parálisis de un Poder Judicial que ya enfrenta suficiente erosión institucional.
