Salvador Muñoz
Los Políticos
La presi Sheinbaum quiere que el agua permanezca en manos públicas. Incluso plantea elevar a rango constitucional la prohibición de privatizar su operación. La idea suena bien, sobre todo para quienes consideran que abrir la llave y recibir agua debería ser un derecho y no una aventura financiera… pero habría que invitar a la Precisa a darse una vuelta por el puerto de Veracruz, Medellín de Bravo y Boca del Río. No necesariamente para que tome agua de la llave, sino para que conozca lo que sucede cuando un servicio público termina administrado por intereses privados.
En Veracruz, ya dijimos que la historia comenzó en 2015, durante la administración municipal de Ramón Poo Gil, cuando se entregó la operación del agua a una empresa de participación mixta cuyo socio privado mayoritario surgió de la asociación entre Odebrecht Ambiental e InterAgbar. Años después llegó la española Acciona. Cambiaron los protagonistas empresariales, pero la concesión siguió corriendo… Y vaya que ha corrido agua… y también dinero…
De acuerdo con cifras expuestas por el Instituto Metropolitano del Agua, Grupo MAS ha cobrado más de 11 mil millones de pesos desde que comenzó a operar. Una cantidad que, vista desde las oficinas corporativas, seguramente resulta refrescante. Desde las colonias donde se reclama mejor servicio, probablemente no tanto.
El asunto es que el Orfis encontró 52 observaciones relacionadas con la concesión, entre ellas deficiencias técnicas, financieras y legales; y el Ayuntamiento de Veracruz denunció ante la Fiscalía estatal posibles delitos de administración fraudulenta y fraude en grado de tentativa.
Hay un dato particularmente llamativo: la controversia por una cartera de 2 mil 660 millones de pesos en presuntos adeudos de más de 82 mil cuentas, cuya procedencia y posibilidad legal de cobro cuestiona la autoridad municipal. En otras palabras: además de abrir la llave, los usuarios podrían necesitar abrir un expediente para averiguar qué les están cobrando.
Desde luego, una observación de auditoría no equivale a una sentencia, y una denuncia tampoco demuestra por sí sola la comisión de un delito. Para eso están las investigaciones y los procedimientos legales.
Lo que sí está documentado es que la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo ha decidido confrontar la operación de Grupo MAS mediante auditorías, denuncias y exigencias de cumplimiento. Ahora falta ver hasta dónde pueden llegar esas acciones y qué respuestas ofrecen las autoridades competentes.
Mientras tanto, la Presidenta plantea que el agua no debe privatizarse y en Veracruz continúa funcionando un esquema concesionado que nació hace más de una década.
La pregunta es inevitable: si la privatización del agua ya no corresponde al modelo que defiende el Gobierno federal, ¿qué sucederá con las concesiones que todavía están vigentes?
Y otra, quizá más incómoda: ¿quiénes supervisaron durante todos estos años que las inversiones prometidas, la calidad del servicio y los recursos cobrados cumplieran lo establecido? Porque en Veracruz llevamos demasiado tiempo escuchando hablar de auditorías, concesiones, inversiones y adeudos.
Lo único que no debería quedar en suspenso es el derecho de la gente a recibir agua.
Que el agua vuelva a ser pública puede requerir una reforma. Que se rindan cuentas por su manejo no debería necesitar otra Constitución.
