Carlos Miguel Acosta Bravo
Impronta
El recorte de hasta 11 mil millones de pesos al presupuesto del INE para 2027 no es un ajuste administrativo menor, es una reducción de capacidad institucional en el año en que México renovará 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, congresos locales y cientos de ayuntamientos. Si se suma el escándalo Taddei y el paro de trabajadores de los módulos, el riesgo no es solo logístico, es de legitimidad electoral.
El INE había solicitado 47,700 millones de pesos para 2027. Tras ajustes del Ejecutivo y de la Comisión de Presupuesto, la asignación quedó en 36,274 millones, una reducción de 23.9%.
De ese monto, 10,842.6 millones corresponden al financiamiento público de ocho partidos y candidaturas independientes. Eso deja aproximadamente 25,431 millones para la operación del INE y la organización de la elección, frente a los 31,431 millones que había solicitado para ese fin.
La reducción real para la organización electoral es de unos 6 mil millones de pesos. El INE deberá hacer con 11 mil millones lo que había planeado hacer con 17 mil millones para proyectos electorales, además de cubrir su gasto operativo anual de alrededor de 14 mil millones.
La elección de 2027 requerirá instalar más de 176 mil centros de votación, organizar capacitación, logística, boletas, credenciales, supervisión y cómputos. El recorte puede afectar directamente la contratación y capacitación de 51,714 capacitadores y supervisores electorales, cuya nómina representa 53.2% de una partida de 13,453 millones.
Esta también la impresión, resguardo y distribución de boletas y documentos electorales; el mantenimiento de módulos de atención ciudadana y expedición de credenciales que son necesarias para los comicios, y también se requiere actualización tecnológica, insumos operativos y logística de casillas; se requiere también brindar capacidad técnica y operativa de las juntas distritales y locales para supervisar procesos concurrentes.
El INE sostiene que la propuesta no pondrá en riesgo el ejercicio de sus funciones. Pero la contradicción es evidente, si el gasto operativo anual ya consume 14 mil millones, dejar 11 mil millones para proyectos electorales obliga a recortar actividades, personal o previsiones.
El recorte llega mientras trabajadores de los más de 800 módulos de atención ciudadana reclaman mejores salarios y condiciones laborales. Han convocado a un paro nacional para el 9 de noviembre, y el INE respondió con una propuesta de incremento salarial de 6% para el personal de nivel FA1 a partir de enero de 2027.
El riesgo es doble, retrasos en credencialización, si los módulos reducen horarios o suspenden servicios, se afecta la actualización del padrón y la expedición de credenciales para votar; y también se puede registrar la sobrecarga operativa, si el personal reduce horas o abandona el servicio, la preparación de la elección se complica.
El INE ha dicho que no habrá despidos ni suspensión de servicios, pero la tensión laboral persiste. Un paro prolongado podría generar retrasos en la actualización del padrón y en la logística electoral.
La elección de 2027 será una de las más grandes de la historia reciente, 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y miles de cargos municipales. El recorte puede afectar la calidad de la organización en varios frentes. La cobertura territorial: menos capacitadores y supervisores pueden significar menor presencia en zonas rurales o marginadas.
Menos presupuesto puede limitar la capacidad de resolver contingencias el día de la jornada y podría también afectar la confianza ciudadana, si el INE aparece debilitado, la percepción de fragilidad institucional aumenta.
El recorte llega en medio del escándalo por presuntos vínculos de Guadalupe Taddei con proveedores del INE, específicamente con José Alfredo Hernández Casillas, y se encuentran incluidas empresas investigadas por la UIF y la ASF. La combinación de recorte presupuestal y crisis de confianza crea un escenario de doble presión.
El INE debe organizar una elección compleja con menos recursos, Debe demostrar transparencia en contrataciones mientras enfrenta señalamientos de corrupción. Debe contener el descontento laboral de su personal; Debe sostener la legitimidad de un proceso electoral en el que se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.
El riesgo es que la narrativa pública se concentre en la crisis interna del INE y no en la calidad de la elección. Eso puede alimentar cuestionamientos sobre la neutralidad del árbitro y la limpieza del proceso. La respuesta no puede ser solo recortar. Debe incluir mecanismos que protejan la capacidad operativa y la transparencia del INE.
Se debe también separar de manera clara el presupuesto diferenciado y separar claramente el financiamiento a partidos del gasto operativo y electoral. La auditoría externa debe someter a revisión independiente todas las contrataciones y proveedores cuestionados e informar de manera clara a la sociedad mexicana de sus resultados.
Es urgente atender la demanda salarial, y establecer mejores condiciones y estabilidad del personal de módulos antes de que el paro escale, para no dar espacio a problemas sociales tan ampios como lo han significado las marchas de personal del IMSS, por incremento salarial y insumos para hospitales y democracia sindical.
El recorte al INE no es solo una decisión fiscal. Es una decisión política sobre la calidad de la democracia mexicana. Si el INE pierde capacidad operativa mientras enfrenta escándalos de corrupción y paros laborales, el riesgo no es solo logístico podría ser de legitimidad electoral.
La pregunta que el país debe hacerse no es si el INE puede organizar una elección con menos dinero. Es si puede organizarla con confianza, transparencia y capacidad de respuesta. Si la respuesta es no, el costo será mayor que el ahorro presupuestal.
