Fanny Yépez
La Columna
Cuando el tema en la agenda nacional y local son los casos de corrupción, que indignan a la población, surge otro asunto, ahora son los concesionarios de verificentros del estado de Veracruz, basándose en pruebas documentales denunciaron formalmente, ante la opinión pública y autoridades, ser objeto de extorsiones y cobro de «moches» por parte de algunos funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
La queja fue presentada formalmente mediante un oficio, dirigido a la oficina de la gobernadora Rocío Nahle García y los empresarios confían que, solo escalando a ese nivel, podrán ser atendidos y hacerles justicia por ese ilícito que han vivido por parte de algunos malos funcionarios públicos.
«Cada persona es responsable de sus actos» es una postura externada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García. Esta declaración ha sido empleada por la mandataria en diversos momentos de su gestión, para referirse a la conducta individual de servidores públicos, militantes o ciudadanos frente a la ley.
Los señalamientos directos
La agrupación denominada Verificentros de Veracruz Unidos, señala de forma directa a dos servidores públicos de la Dirección General de Verificación Vehicular:
Paola Elizabeth López Chávez: Directora general del área que, de acuerdo con las denuncias, sostuvo reuniones con los empresarios advirtiendo posibles inspecciones y clausuras.
A Jesús Serrato García: Identificado como el subdirector o enlace operativo de la dependencia, se le acusa de ser el encargado de contactar a los concesionarios para fijar las «cuotas» de operación.
El modus operandi y las cuotas exigidas
Según los expedientes y testimonios entregados a la Coordinación de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, el esquema de extorsión operaba de la siguiente manera:
- Incremento de cobros: Inicialmente comenzaron exigiendo cuotas mensuales de $5,000 pesos por establecimiento, cantidad que posteriormente se elevó hasta los $15,000 pesos.
• Códigos de retiro sin tarjeta: Como parte de las evidencias entregadas a la oficina del Ejecutivo, los empresarios aportaron comprobantes bancarios impresos de «Códigos de Retiro sin tarjeta» por montos de $10,000 pesos. Sostienen que estos códigos eran enviados directamente al número telefónico asignado a Jesús Serrato.
• Medidas de presión: Los concesionarios que se negaban a cumplir con los pagos reportaron bloqueos administrativos, retrasos o negativas en la entrega de hologramas, engomados y formas valoradas esenciales para operar, además de amenazas de clausura inmediata. Se estima que esta problemática ejerce presión sobre los 135 verificentros autorizados en el estado.
La investigación de la denuncia presentada por la agrupación «Verificentros de Veracruz Unidos» por presuntas extorsiones y cobro de «moches, corresponde a tres instancias distintas, dependiendo de la naturaleza de la responsabilidad (administrativa, interna o penal):
El Órgano Interno de Control (OIC) de la Sefiplan: Es la autoridad administrativa interna, que debe investigar de primera mano la conducta de los servidores públicos involucrados. Los concesionarios entregaron copia formal de su queja ante esta oficina para que se determinen posibles responsabilidades administrativas o faltas graves, según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La Contraloría General del Estado (CGE): Al tratarse de dependencias del Poder Ejecutivo, es el órgano estatal encargado de fiscalizar y sancionar administrativamente la corrupción de los funcionarios públicos, si el OIC no resuelve o si el caso se turna por su gravedad.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE): El Ministerio Público debe investigar penalmente el caso si se interpone una denuncia formal por los delitos de extorsión, cohecho o abuso de autoridad. El titular de Sefiplan, Miguel Santiago Reyes Hernández, señaló públicamente que, internamente no hallaron pruebas y que no se había formalizado una denuncia ante la Fiscalía, por parte de los afectados en su momento; y para que exista un castigo de cárcel, la FGE es la única facultada para abrir una carpeta de investigación penal.
Los concesionarios presentaron inicialmente el escrito el 19 de agosto de 2026 y posteriormente, el 14 de septiembre de 2026 entregaron evidencias adicionales, (como estados de cuenta bancarios y comprobantes de retiros) directamente ante la Coordinación de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, dirigidas a la oficina de la gobernadora Rocío Nahle García, para presionar a que las instancias correspondientes actúen de manera inmediata.
En el estado de Veracruz se cuenta con un padrón oficial de 56 instalaciones listadas por la SEDEMA, en más de 30 municipios, aunque el número total histórico registrado o en proceso de regulación ha llegado a rondar entre los 158 y 185 centros según reportes previos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y la SEDEMA.
Tomando como referencia este número de verificentros, y hacemos multiplicaciones podríamos suponer que cada mes a través de los moches los funcionarios recaudaban 2 millones 775 mil pesos. Ahora la pregunta que surge es si el titular de la Sefiplan, estaba enterado o desconocía de estos hechos irregulares.
La extorsión cometida por funcionarios públicos o institucionales provoca graves daños económicos, una erosión profunda de la confianza ciudadana en las instituciones y un aumento crítico en la impunidad, afectando directamente el tejido social y el desarrollo de las empresas.
Principales daños que provoca:
Erosión de la confianza y alta cifra negra: Cuando las autoridades abusan de su poder para extorsionar, la ciudadanía pierde la fe en el sistema judicial. Datos del INEGI señalan que más del 91% de los delitos no se denuncian o no derivan en una carpeta de investigación, en gran parte por el temor a sufrir nuevas represalias o extorsiones por parte de las mismas instituciones.
