Pepe Cortés

Ricardo Ahued acudió el martes al Congreso de Veracruz a comparecer, pero terminó protagonizando un ejercicio de evasión política. Lo que debía ser rendición de cuentas se convirtió en una colección de explicaciones insuficientes, deslindes cómodos y promesas de responder después. Presumió más de tres mil audiencias ciudadanas y 22 mil documentos gestionados. Cifras de oficina. Pero la confianza pública no se mide en trámites recibidos, sino en resultados y preguntas contestadas. Porque una cosa es presentarse ante los diputados y otra, muy distinta, responderle a Veracruz.

Una de las preguntas incómodas fue sobre los familiares de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno estatal. Tres hijos de su hermano Arturo trabajan en la administración de Nahle. Pedro Arturo López Herrería es asesor en la Secretaría de Gobierno; Erandi dirige El Colegio de Veracruz, y su esposo, Leonel Efrén Rivera Pinete, ocupa la Dirección de Salud Pública. Ahued justificó su confianza en Pedro Arturo porque lo conoce desde joven. ¡Vaya criterio para justificar nombramientos públicos! ¿Desde cuándo conocer a alguien acredita capacidad profesional? ¿Cuándo sustituyeron la experiencia y el mérito por las relaciones personales? El servicio público no es una bolsa de trabajo familiar.

Luego vino el Palacio de Gobierno. La remodelación se anunció en 60 millones de pesos, pero la gobernadora admitió que costará más. Sin monto actualizado, contratos ni proveedores públicamente aclarados, Ahued respondió que no maneja dinero ni tiene chequera. ¡Extraordinario! Se ocupa un cargo de primer nivel, pero cuando preguntan por el dinero público, la responsabilidad aparece convenientemente en otra oficina. El Palacio no pertenece a Morena. Se sostiene con los impuestos de los veracruzanos.

En seguridad, la realidad desbordó el discurso. Tras dos homicidios políticos en la sierra de Zongolica, Ahued habló de seguimiento y protección. Frente a los cuestionamientos sobre agresiones electorales y sus 264 mesas de paz, prometió información por escrito. Las mesas no detienen balas. Las promesas tampoco. Con el llamado cártel inmobiliario, la contradicción resulta igualmente incómoda. Registro Público, Catastro y notarías forman parte del ámbito de responsabilidad gubernamental. Ahued presumió más de 170 casos atendidos y auditorías notariales. Pero atender no es resolver, auditar no es sancionar y abrir expedientes no devuelve una vivienda. ¿Cuántos responsables han sido condenados? ¿Cuántas familias recuperaron su patrimonio?

Sobre las desapariciones, otra colección de actividades y recursos ejercidos. Pero la pregunta fundamental permanece: ¿cuántas personas fueron localizadas? Ricardo Ahued no es ningún improvisado. Fue alcalde, senador y administrador general de Aduanas. Conoce perfectamente la obligación de rendir cuentas. Por eso sus evasivas son políticamente más graves. Veracruz no necesita funcionarios que justifiquen al poder. Necesita funcionarios que respondan por él. Cuando sobran explicaciones y faltan respuestas verificables, comparecer deja de ser rendición de cuentas y se convierte en protección política. Y para eso, señor Ahued, no hacía falta ir al Congreso.

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@pepecortesmx

Economista y abogado. Analista político y articulista.