Ángeles González Ceballos
El secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes Hernández, afirmó que durante 18 años se “jinetearon” los recursos del fondo de reserva de 199 ayuntamientos a través del esquema de bursatilización.
Durante su comparecencia, como parte de la Glosa del Segundo Informe de la gobernadora Rocío Nahle García ante el Poder Legislativo, expuso diversas irregularidades financieras relacionadas con la bursatilización contratada hace 18 años, previo a la cancelación de esa deuda.
Detalló que los compromisos originales operaban bajo esquemas de Unidades de Inversión (UDIS), lo cual incrementó considerablemente los costos financieros.
“Se pidieron mil 200 millones y se iban a pagar casi 5 mil”, recordó.
Advirtió que los montos totales podían escalar hasta los 6 mil millones de pesos debido a la inflación y los ajustes económicos.
El secretario profundizó en el análisis realizado tras revisar los acuerdos con los fideicomisos y exigir transparencia sobre el manejo de los recursos de los 199 municipios que estaban incorporados al esquema bursátil.
Denunció que los intermediarios financieros operaban fondos de reserva que consideró innecesarios, mediante los cuales retenían dinero de los ayuntamientos durante periodos prolongados.
“Lo estaban jineteando”, aseguró, y explicó que los fondos de reserva carecían de justificación real al compararlos con otros créditos bancarios vigentes del Estado.
“No tenía razón de ser ese fondo de reserva, debía de ser del 2.3 por ciento, era del 30 por ciento, o sea, para jinetear el recurso”, recalcó.
Asimismo, Reyes Hernández criticó que los municipios enfrentaban condiciones desventajosas ante la retención duplicada de participaciones.
“Prácticamente estás hablando de que el 64-65 por ciento de lo que me estás quitando, 6.5 pesos de cada 10 los estás usando para jinetearlos, o sea, no solamente era una tasa de interés alta, una sobretasa tres veces por encima del mercado, en UDIS que eran inflación, sino condiciones completamente leoninas”, afirmó.
El funcionario reportó que la revisión y reestructuración de estos esquemas permitió recuperar 116 millones de pesos en participaciones para 15 municipios durante un periodo de seis meses.
Finalmente, recomendó que los recursos liberados se destinen a obra pública y a la mejora de los servicios básicos para la ciudadanía, evitando que el dinero continúe fluyendo hacia fideicomisos y fondos de carácter privado.




