Mara I. Cruz Pastrana
Noviembre es un mes que nos convoca a reflexionar, pero también a actuar. En el marco de los días de activismo previos al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es indispensable poner sobre la mesa la violencia política contra las mujeres en razón de género, una forma de violencia que afecta directamente la calidad de nuestra democracia.
Hablar de violencia contra las mujeres no significa referirnos únicamente a las agresiones que ocurren en los hogares, en las calles o en los espacios laborales. También debemos mirar lo que sucede en los partidos políticos, en los procesos electorales, en los congresos, en los ayuntamientos y en todos aquellos espacios donde se toman decisiones públicas.
La participación política de las mujeres representa una de las transformaciones más importantes de nuestra vida democrática. Durante décadas, conquistar el derecho a participar, ser postuladas, resultar electas y ejercer responsabilidades públicas significó enfrentar estructuras que históricamente reservaron el poder para los hombres. Hoy existen avances jurídicos y políticos que han modificado ese escenario, pero sería un error pensar que la igualdad está alcanzada. ¡No lo está!
Veracruz ha avanzado en materia de representación política, por supuesto. Las mujeres están en 54 presidencias municipales, en el Congreso del Estado hay 27 diputadas locales, 161 mujeres en sindicaturas y 451 regidoras.
En total, 666 mujeres ocupan esos cargos, el 63.2% de los 1,054 cargos edilicios. Pero aquí cabe una reflexión: Veracruz ha avanzado en la presencia numérica de las mujeres en los gobiernos municipales, pero el siguiente desafío es garantizar que esa mayoría también tenga igualdad de condiciones para decidir, gobernar y ejercer el poder.
La presencia de mujeres en presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y diputaciones demuestra que la paridad ha permitido abrir espacios que durante generaciones estuvieron restringidos, sin olvidar mencionar que por primera vez tenemos una gobernadora. Sin embargo, es importante distinguir entre representación numérica y ejercicio efectivo del poder.
La representación política no consiste solamente en ocupar una candidatura o aparecer en una boleta electoral. Significa tener voz en las decisiones, participar en la construcción de políticas públicas, intervenir en la distribución de responsabilidades, acceder a los espacios de dirección y contar con condiciones reales para ejercer el cargo para el que se fue electa.
La paridad debe reflejarse también en la integración de los órganos de gobierno, en las dirigencias partidistas y en los espacios donde se definen presupuestos, estrategias y prioridades. No podemos hablar de igualdad si las mujeres llegan a los cargos, pero encuentran obstáculos para decidir; si se les invita a participar, pero se les excluye de las decisiones importantes; o si su presencia se utiliza para cumplir una disposición legal sin reconocer plenamente su liderazgo.
En este punto, el marco constitucional mexicano es contundente. El artículo 1.º de nuestra Constitución Política establece el principio de igualdad y no discriminación, reconoce los derechos humanos y obliga a todas las autoridades, dentro de sus competencias, a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. El artículo 4.º reconoce expresamente que el Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres.
En Veracruz, el artículo 6.º de la Constitución Política del Estado reconoce la igualdad de derechos y obligaciones de mujeres y hombres en la vida política, social, económica y cultural, así como el principio de paridad en las denominaciones de los cargos públicos, lo cual es un tema para analizar detenidamente. De manera particular, el artículo 68 dispone que los ayuntamientos deben integrarse conforme al principio de paridad de género. Asimismo, establece la observancia de este principio en los nombramientos de las personas titulares de las dependencias, entidades y órganos de la administración pública municipal.
No son disposiciones decorativas. Son mandatos constitucionales que obligan a transformar las instituciones y las prácticas políticas.
Sin embargo, mientras avanzamos en representación, persiste una realidad que no podemos minimizar: la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta puede manifestarse mediante amenazas, intimidaciones, descalificaciones basadas en estereotipos, obstaculización del ejercicio de atribuciones, exclusión de decisiones, violencia económica, simbólica, psicológica o digital, cuando estas conductas tienen elementos de género y buscan limitar o menoscabar los derechos político-electorales de las mujeres.
En noviembre de 2026, el OPLE Veracruz dio a conocer que se habían registrado cerca de 23 quejas por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género durante el año. Entre los señalamientos se encuentran expresiones relacionadas con estereotipos de género y publicaciones en medios de comunicación y redes sociales. Es importante precisar que se trata de quejas que deben investigarse y resolverse conforme a derecho, no de responsabilidades que puedan darse por acreditadas de antemano.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz contempla expresamente esta modalidad de violencia. Su artículo 13 Bis establece que las autoridades estatales, municipales y los organismos autónomos deben garantizar el acceso y ejercicio pleno de los derechos de participación política de las mujeres. El artículo 13 Ter obliga a las personas servidoras públicas de los poderes y órdenes de gobierno, así como de los organismos autónomos, a asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política por razones de género.
Esto significa que la responsabilidad no recae exclusivamente en quien agrede. También existe una obligación institucional de prevenir, atender, investigar y sancionar las conductas que correspondan, además de garantizar medidas de protección cuando sean necesarias.
Debemos distinguir, además, entre la crítica política legítima y la violencia de género. Las mujeres que ejercen cargos públicos están sujetas al escrutinio ciudadano, como cualquier otra persona servidora pública. Sus decisiones pueden cuestionarse y sus resultados deben evaluarse. Pero ninguna crítica puede utilizar el género como instrumento para humillar, intimidar, desacreditar o impedir el ejercicio de sus derechos.
La libertad de expresión y el debate democrático no son incompatibles con el respeto a la dignidad humana.
Otro desafío fundamental es la formación política. Necesitamos mujeres con herramientas jurídicas, conocimiento legislativo, formación en derechos humanos, perspectiva de género y capacidad para construir propuestas. La capacitación no debe limitarse a los periodos electorales ni convertirse en una actividad protocolaria. Debe ser permanente y accesible, particularmente para mujeres jóvenes y aquellas que participan desde comunidades rurales, indígenas y afromexicanas.
Los partidos políticos tienen aquí una responsabilidad ineludible: deben democratizar sus estructuras, formar nuevos liderazgos, garantizar oportunidades de dirección y dejar de considerar la participación femenina como un requisito que únicamente debe cumplirse en las candidaturas.
En estos días de activismo rumbo al 25 de noviembre, hagamos que la reflexión trascienda las consignas y se convierta en compromisos verificables. La igualdad no se construye solamente con reformas, sino con instituciones que las cumplen, partidos que abren espacios, autoridades que actúan y una sociedad que no normaliza ninguna forma de violencia.
Veracruz ha conquistado avances importantes en la representación política de las mujeres. El desafío ahora es garantizar que esa representación se traduzca en autonomía, liderazgo, decisiones y ejercicio pleno del poder.
Porque la paridad abrió las puertas, pero la igualdad sustantiva debe garantizar que ninguna mujer sea silenciada, desplazada o violentada por ejercer el derecho de estar y decidir. La democracia no estará completa mientras una mujer tenga que luchar dos veces: primero para llegar y después para que la dejen ejercer.




