Ángeles González Ceballos
El vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación del Estado de Veracruz, Eduardo Mario Casares Sort de Sans, negó que existan actos de corrupción o cobros irregulares por parte de funcionarios estatales para permitir la operación de los verificentros.
En conferencia de prensa, detalló que se suspendieron las actividades de entre 20 y 30 centros de verificación por incumplimiento de la normatividad, pero no por actos de corrupción de las autoridades del Gobierno de Veracruz.
Aseguró que las suspensiones aplicadas son consecuencia de irregularidades en las que incurrieron los propios concesionarios.
Explicó que algunos establecimientos incumplieron las disposiciones del programa de verificación vehicular y las Normas Oficiales Mexicanas.
Resaltó que, por instrucción de la gobernadora Rocío Nahle García, la Dirección General de Verificación y las secretarías de Medio Ambiente (Sedema) y de Finanzas y Planeación (Sefiplan) comenzaron a realizar revisiones para poner orden en el sector.
Puntualizó que los establecimientos que permanecen cerrados no están clausurados, sino suspendidos temporalmente.
“Lo que nosotros pedimos desde el inicio de la administración es que hubiera piso parejo”, recordó.
Casares Sort de Sans afirmó que actualmente entre 20 y 30 verificentros continúan suspendidos, aunque en algún momento llegaron a ser más de 60 los establecimientos en esa condición.
Ahora, los concesionarios deberán solventar las observaciones y cumplir con los requisitos correspondientes para poder reabrir.
Asimismo, recalcó que ningún funcionario de Sedema o de Finanzas les ha solicitado dinero a los concesionarios para permitirles operar, según su conocimiento.
“Si alguien tiene pruebas de que algo le han pedido, que las presente ante la Fiscalía, como yo lo hice en su momento. Yo denuncié hasta a gobernadores”, recordó.




