Carlos Miguel Acosta Bravo
Impronta

La falta de consenso para elegir a la nueva titular del INE no es un problema meramente parlamentario. Es una señal de que la legitimidad del árbitro electoral está en disputa justo después de la renuncia de Guadalupe Taddei, rodeada por acusaciones de presunta corrupción, y a pocos meses de las elecciones de junio de 2027.

Cuando Morena advierte que puede usar su mayoría para avanzar sin acuerdo, mientras el PAN recurre al Tribunal Electoral y el PRI se niega a participar, el riesgo no es sólo que se retrase una designación. Es que la ciudadanía perciba que el INE ya no es un árbitro independiente, sino una institución capturada por la lógica de la mayoría política.

La renuncia de Taddei dejó la presidencia del INE vacante desde el 26 de octubre, mientras la consejera Blanca Yassahara Cruz García ejerce de manera provisional desde el 27 de octubre. La Cámara de Diputados debe emitir la convocatoria para elegir a la sustituta, pero las negociaciones entre Morena, PAN y PRI no han producido un acuerdo.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, reconoció que el consenso “se esfumó” tras la demanda del PAN ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Morena podría usar su mayoría —junto con PT y PVEM— para iniciar el proceso sin el respaldo de la oposición.

El problema es que la presidencia del INE no es un cargo cualquiera. Es la cabeza de un organismo cuya función es garantizar que las elecciones sean libres, equitativas y creíbles. Si su designación se percibe como una decisión impuesta, la legitimidad de todo el sistema electoral queda cuestionada.

Cuatro expresidentes del IFE/INE —José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova— pidieron que la nueva presidenta sea designada por consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.

Su argumento es sencillo: el INE necesita recuperar confianza, y esa confianza no se construye con mayorías impuestas. Se construye con acuerdos, transparencia y perfiles que no respondan a intereses partidistas.

Pero Morena respondió con dureza. La legisladora Dolores Padierna afirmó que el INE se convirtió en el “último reducto de la derecha” y que la Constitución, no los acuerdos cupulares, debe mandar.

Esa respuesta revela el nudo del conflicto: para el oficialismo, el consenso se percibe como una exigencia de la oposición; para la oposición, la mayoría se percibe como una forma de captura. En ambos casos, el que pierde es el ciudadano.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “van a volver a fracasar” quienes intenten deslegitimar las elecciones de 2027 y que “nunca más” habrá fraudes electorales.

La intención puede ser legítima: defender la legitimidad del proceso electoral. Pero el momento importa. Decirlo en medio de una crisis por la sucesión del INE puede interpretarse como una advertencia política que anticipa el resultado de la disputa, en lugar de garantizar condiciones de imparcialidad.

La democracia no se protege sólo con discursos contra el fraude. Se protege con reglas claras, procedimientos visibles y decisiones que no dependan de la voluntad de un solo partido.

Si la nueva presidenta del INE es designada sin un consenso amplio, el riesgo es que la oposición y una parte de la ciudadanía cuestionen su legitimidad desde el inicio. Eso puede traducirse en desconfianza en la organización de las elecciones de junio de 2027; una mayor inclinación a impugnar resultados y cuestionar cómputos; el fortalecimiento de narrativas de fraude, aun cuando la elección se realice con normalidad; debilitamiento de la percepción de independencia del árbitro electoral y mayor polarización política y social.

El peligro no es que el INE “no pueda” organizar la elección. Es que una parte de la sociedad deje de aceptar como legítimos sus resultados, aun cuando la jornada transcurra sin incidentes.

Para que México recupere el camino de la democracia, se necesitan acciones concretas, no sólo discursos: emitir una convocatoria transparente, con reglas conocidas y plazos claros; elegir a la nueva presidenta mediante un consenso amplio, respetando el procedimiento constitucional.

Comunicar con claridad que las investigaciones por presunta corrupción contra la expresidenta Guadalupe Taddei no equivalen a culpabilidad automática, pero sí exigen esclarecer los hechos y aplicar las sanciones que correspondan, si se acreditan irregularidades, así como informar sobre el estado de las investigaciones.

La crisis del INE no es sólo un problema de nombres o de procedimientos. Es una prueba de que la democracia mexicana depende de la capacidad de sus instituciones para generar confianza, no sólo para ejercer poder.

Si Morena impulsa una designación sin consenso, la legitimidad del INE podría quedar en entredicho. Si la oposición bloquea el proceso sin ofrecer alternativas, también contribuirá a la parálisis. En ambos casos, el perdedor será el ciudadano.

La democracia no se defiende con mayorías ni con vetos. Se defiende con acuerdos, transparencia y respeto a las reglas. Si México quiere retomar el camino de la democracia, lejos de la lógica populista que construyó López Obrador, deberá demostrar que el poder no es un botín, sino una responsabilidad.