Marco Antonio Aguirre Rodríguez
Místicos y Terrenales
La Historia del narcotráfico en México es un libro escrito por alguien que conoce del tema, Guillermo Valdés, ex director del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen), quien plantea que en México existen organizaciones criminales tan violentas y crueles porque hay un Estado débil.
Su visión es a nivel país, pero es bien cierta también en el panorama micro, porque hay estados en los que la violencia se acentúa porque los gobiernos que los administran no han sabido o no han podido detener la delincuencia organizada.
Cierto es que ningún punto del país se salva, pero también que existen entidades con mayores grados de violencia que otras.
Por ejemplo, ¿cómo entender que la acción de la delincuencia organizada en Veracruz sea mucho más activa que en los estados vecinos?. A saber: Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Aunque Tamaulipas también tiene altos grados de violencia, tanto que ahora es el punto de enfoque del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien prácticamente tomo las riendas en esa entidad y anunció una depuración en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría General de Justicia.
El combate a la delincuencia ha sido altamente deficiente y esto ha ocurrido desde hace mucho tiempo.
Pero ahora, por lo pronto, Amnistía Internacional llamó al presidente Enrique Peña Nieto a atender la critica situación de los derechos humanos en el país, vulnerados por las fuerzas de seguridad y “otros funcionarios públicos implicados”, soportada por la impunidad “debido a la ausencia de respuesta del gobierno a las denuncias de violaciones de derechos humanos”.
El documento suscrito por Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional, apunta que en el actuar del gobierno mexicano «existe el persistente patrón de ignorar las quejas de las víctimas o rechazarlas por carecer de fundamento, en lugar de asegurar investigaciones exhaustivas e imparciales para prevenir y castigar los abusos».
Si vemos el panorama en lo micro, en Veracruz esto es peor, tanto que muchas víctimas de muchos delitos prefieren no denunciar porque saben que en lugar de una respuesta favorable obtendrán evasivas o incluso hasta malos tratos, llegando a veces a la situación de que el delincuente en lugar de amedrentarse amenaza nuevamente por la denuncia presentada.
Algo muy simple ¿quién puede dar en este momento un estudio sobre el numero de casos de víctimas del delito que no denuncian?. Nadie, porque al gobierno del estado no le interesa.
Más bien busca e implementar una intención de ocultamiento de la realidad.
Pero dentro de lo poco que llega a la denuncia, ¿cuál es el porcentaje de detenciones realizadas?, de los detenidos ¿cuántos fueron procesados?, de los procesados ¿a cuántos se condenó?, de los condenados, ¿cuántos cumplen sentencia?.
El grado de eficacia de la procuración de justicia de Veracruz es muy, pero muy, muy bajo.
La falta de resultados hizo que el nuevo procurador de justicia en el estado, Luis Ángel Bravo Contreras, abandonase el protagonismo inicial con el que llegó y que ahora más bien se muestre cauto para hablar.
El gobierno de Javier Duarte ha contribuido sustancialmente a que la imagen de que México es un país sin ley se haya extendido por todo el mundo.
La impunidad existe en Veracruz hacia los delincuentes y la mejor prueba es que los asesinos de periodistas no han sido capturados.
En lugar de la eficacia en la procuración de justicia, cuando alguien emite un llamado de atención sobre la situación de criminalidad en ocasiones llegan amenazas, abiertas o veladas, como las que recibió la cantante Toñita, famosa por haber salido del reallity show de La Academia, cuando denunció la desaparición de su hermano.
En lugar de ubicar el destino de Salvador Salazar Gómez lo que se hizo fue mostrar unas fotografías donde supuestamente aparece con armas, para criminalizarlo y justificar el delito de su desaparición.
Si a Toñita, puesta en los reflectores del país, y con su caso expandido por el mundo, como respuesta a su denuncia le dan amenazas, ¿qué no ocurre con otras víctimas con menos notoriedad?.
Las amenazas llegan incluso de personas que dicen ser hasta “amigables” cuando dicen “hay que cuidarse, más que nada por los hijos”.
La intención es crear el miedo a hablar.
Y el gobierno de Javier Duarte dio muestras amplísimas de que su intención es contener la opinión pública, no resolver la inseguridad que viven los veracruzanos, desde un principio de su gobierno.
De hecho el gobernador cada vez que se encuentra con alguien que le pide actuar para aplicar la ley o reclamando la inactividad ante los casos de desaparecidos, acelera el paso y se va.
Pero ¿cómo habrá eficacia en dar seguridad pública a los veracruzanos cuando los recursos para este fin son mal manejados?. Y lo dijo la Auditoría Superior de la Federación, ¿cuál es la justificación del dinero desviado y del regresado la federación porque no se aplicó en lo que se debía?, ¿porqué la carencia de castigo hacia quienes hicieron esta –por lo menos- mala administración?.
El gobierno de Javier Duarte ha puesto mucho más que un granito de arena para que hoy a Enrique Peña Nieto le reclamen desde lo internacional la inseguridad en México y la persistente impunidad de los delincuentes.
Vaya, su reciente Operativo de Seguridad Blindaje Norte en el municipio de Papantla, arrojó ya acusaciones de detenciones injustificadas y tortura, en específico contra Jesús Telesforo Hidalgo Ordoñez y Jesús Eduardo Hidalgo Ruíz, el primero de ellos un profesor que también realiza labores de herrero para incrementar sus ingresos, mientras que el segundo es alumno del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica.
Pero si el gran místico del estado realmente quiere empezar a cambiar la situación, en lugar de implementar programas fantasma de seguridad puede comenzar por decirnos cuál es la real situación en el estado.
¿O es mejor enviar amenazas simuladas hacia quien hable de la inseguridad en Veracruz?
