Raúl Abraham López Martínez*
Coyuntura Política XXI
El triunfo de Javier Duarte de Ochoa se debió en gran medida al control que el Poder Ejecutivo Local ejerció sobre el Instituto Electoral Veracruzano, hasta que se revierta esta relación de subordinación los ciudadanos estaremos en condiciones de consolidar la alternancia en Veracruz
Preámbulo
En Veracruz nos encontramos viviendo la continuidad de un régimen político que ha perdurado en el poder durante más de 80 años. De un régimen que se ha negado a modificar sus tradicionales formas de hacer política fincadas en relaciones de poder entre la sociedad civil, los partidos políticos y el aparato de gobierno local (Poder Ejecutivo Local, Congreso Local, Poder Judicial del Estado de Veracruz y los Órganos Desconcertados) con fuertes rasgos de tipo centralista, vertical y autoritario.
Si bien estos tres rasgos de ejercer el poder, centralista, vertical y autoritario, han sido las características del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, en el contexto del reciente proceso electoral se magnificaron de una manera grotesca.
El propósito de este artículo consiste en realizar una reflexión del proceso electoral del 2010 centrándome en una serie de situaciones políticas y sociales que alejaron de manera sustancial la posibilidad de que las elecciones estuvieran marcadas por el sello de la distinción democrática.
Lo anterior nos puede arrogar un conjunto de elementos que se pueden integrar a un amplio diagnóstico político sobre el status que guarda la democracia en Veracruz, de colocar en la esfera pública el déficit democrático y constituir una Agenda Ciudadana para la Democracia.
¿Por dónde empezar?
En su acepción etimológica democracia significa el poder del pueblo (Kratos=pueblo, demos=pueblo”). Esto ha dado pauta a dos profundos campos de conceptos, debates y propuestas cuyo punto de partida es la democracia. Estos dos campos se pueden ubicar a partir del debate que existe entre el liberalismo y los demócratas: “la demanda por un lado de limitar el poder, y por otro de distribuirlo.” (Bobbio,1989).
Berlanga (2010) sostiene que “El concepto de democracia presenta dos dimensiones principales, las reglas y procedimientos, por un lado, y los principios y valores, por el otro. Imposible definir la democracia excluyendo o mutilando a alguno de estos dos polos. “.
En “El futuro de la democracia” Bobbio (1996) en una definición básica sobre la democracia la entiende como “un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos”.
En el plano de los valores encontramos que “el valor axial de la democracia es la igualdad política. Este valor la distingue de las demás tradiciones de pensamiento político. La igualdad política consiste en que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a participar en la cosa pública, en los asuntos comunes. Todos pueden alzar su voz, volverse visibles. En la democracia no puede haber desigualdad o privilegios; los ciudadanos se reconocen como iguales en el ámbito político. Algo que simboliza este valor es el voto. Un ciudadano, un voto, es decir, todos los votos cuentan lo mismo, independientemente de las diferencias sociales o naturales.” Berlanga (2010).
En el marco de la regulación jurídica del sistema político mexicano plasmado en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; si bien no existe una definición explicita sobre el concepto de democracia en el que el Estado Mexicano se adscribe, encontramos en los derechos y obligaciones que enuncian y en las leyes reglamentarias e instituciones que regulan; el encuentro de las tesis liberales y democráticas, y la aplicación de ambas dimensiones de la democracia, procedimientos y valores.
De manera específica, estos aspectos cobran una mayor densidad semántica y política en la parte jurídica que se va a encargar de regular las reglas del juego para que los ciudadanos organizados por medio de partidos políticos puedan acceder los espacios de poder.
Facultando a nivel nacional al Instituto Federal Electoral (IFE) y a nivel estatal al Instituto Electoral Veracruzano (IEV), a organizar los procesos electorales, ambas instituciones por ley se tienen que regir bajos los principios rectores de certeza, legalidad, independencia y objetividad, y en el caso del IEV también se consideran los principios de profesionalismo, equidad y definitividad.
Esto nos puede servir de punto de partida para plantearnos las siguientes interrogantes:
a) ¿El Instituto Electoral Veracruzano cumplió en el proceso electoral en regirse por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, equidad y definitividad?
b) ¿Cuáles son las principales estrategias que implementaron los candidatos a gobernador en Veracruz?
c) ¿Cuál fue el papel de los medios de comunicación de Veracruz en la contienda electoral?
El papel del árbitro electoral en la contienda electoral del 2010
El Artículo 113 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave señala que el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano es “el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, y de que las actividades del Instituto se rijan por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, equidad, transparencia y definitividad.”
A partir de estas atribuciones legales, el IEV tiene la responsabilidad de garantizar a los ciudadanos que los partidos políticos y sus candidatos tienen que cumplir con las reglas del juego.
Para efectos de organización del proceso electoral de Veracruz 2010 el día 23 de enero de 2009 el Congreso Local aprobó una lista de cincos nombres para integrar al Consejo General incluyendo la elección de la Presidencia del máximo órgano de decisión del IEV.
En la versión estenográfica de esta sesión ordinaria legislativa, quedó registrado el intenso debate que protagonizaron principalmente los diputados del PRD y del PAN.
En el debate relativo a la votación de la Presidencia y el Consejo General del IEV, los diputados del PAN en representación del diputado Federico Salomón señalaron que la legislación en materia electoral en Veracruz se ha caracterizado “por la falta de consenso, la opacidad de la información, la omisión de opiniones distintas a las oficiales y la violación de nuestra normatividad interna”.
En su exposición de motivos sobre el dictamen para elegir a los cinco consejeros, el diputado Salomón sostuvo que la comisión de diputados responsable de elaborar el dictamen “emitió acuerdos por encima de la misma convocatoria del pleno de esta Soberanía y de la ley electoral al convenir reponer el procedimiento por cuanto hace a los requisitos de los aspirantes a consejeros…”.
En cuanto a la propuesta de Carolina Viveros García para fungir como Consejera Presidenta del IEV, el diputado Federico Salomón manifestó que su reelección representa un fraude a la ley “violando principios concebidos en la legislación.”.
El diputado panista al concluir su exposición de motivos señaló que: “En fin, una vez más se oscurece la vida política electoral en este Estado. Por coherencia doctrinal, política y estatutaria del Partido Acción Nacional, no se permite ser parte en este proceso doloso, ilegal, por lo cual, en coherencia con las impugnaciones presentadas ante diversas instancias, por el compromiso con la militancia del partido, pero, sobre todo, por la inalienable responsabilidad con los veracruzanos, se decidió no participar en este ejercicio autoritario ilegal. Por lo tanto, no se propuso consejero alguno. En razón de lo anterior, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta LXI Legislatura no participó en el trucado proceso legislativo que nos ocupa y en atención a lo anteriormente expuesto, la postura será en contra.”.
En el caso del PRD de los cuatro diputados de representación proporcional con los que contaron en esta legislatura se dividieron en dos bloques.
Por una parte se ubicaron los diputados Margarita Guillaumín Romero y Fredy Ayala González, quienes se manifestaron en tribuna en contra de reelegir a Carolina Vivero como Presidenta del Consejo General debido por su falta de eficacia, ausencia de credibilidad, incapacidad mostrada para hacer valer la ley, aunado al desorden administrativo y financiero en el que dejó al Instituto Electoral Veracruzano.
En sentido contrario los otros dos diputados del PRD, Manuel Bernal Rivera y Celestino Rivera Hernández, se destacaron ante el pleno por defender el dictamen presentado, actuando en alianza legislativa junto con los diputados del PRI, del PRV, del PT y de Convergencia.
Esta alianza legislativa le permitió al PRI obtener la mayoría calificada necesaria para aprobar el dictamen para reelegir a Carolina Viveros en la Presidencia del Consejo General y elegir a los demás Consejeros.
En términos concretos de los cinco espacios en disputa en el Consejo General del IEV, en sesión ordinaria del Congreso Local realizada el 23 de enero de 2009, el PRI logró quedarse con 3 de los 5 asientos disponibles colocando los nombres de Carolina Viveros García, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini y Alfonso Ayala Sánchez. En pago por apoyar al PRI los dos diputados del PRD Manuel Bernal y a Celestino Rivera, les otorgaron un Consejero recayendo el nombramiento en Víctor Gerónimo Borges Caamal. Igualmente los dos diputados de Convergencia fueron recompensados con un lugar en el Consejo General para Ángeles Blanco Castaneyra Chávez.
Me parece importante detenernos un momento a analizar la manera en que se decidió la integración del Consejo General, es en este momento en donde podemos apreciar uno de los movimientos tácticos que forma parte de una estrategia global implementada por el grupo de Fidel Herrera Beltrán cuyo objetivo va a ser el de generar las condiciones necesarias para garantizar el triunfo electoral de su partido a como dé lugar.
Este golpe táctico, implica tener el control del árbitro electoral, quedando prácticamente el IEV al servicio del gobernador.
Vulnerando de manera irreparable los principios de los que se supone se tienen que regir cada uno de los actos del Instituto Electoral Veracruzano.
A la luz de estos acontecimientos nos encontramos en condiciones de señalar que los tres Consejeros Electorales propuestos por el PRI tuvieron la misión de actuar en calidad de operadores políticos para apoyar al pupilo de Herrera Beltrán.
Bajo esta lógica de control y operación política fue como se desarrollaron los trabajos en materia de organización electoral del IEV. Actuando por acción o por omisión, quebraron por completo los principios rectores que los marcos normativos señalan.
El papel de los contendientes
Con el árbitro electoral sometido a los intereses del PRI en Veracruz, el grupo en el poder decidió marcar las nuevas reglas. Estas se resumen a “el fin justifica los medios”. Esto le permitió a Javier Duarte contar con todos los recursos públicos emanados del gobierno estatal y de los gobiernos municipales en donde gobierna el PRI. A nivel operativo la coordinación general de la campaña de Duarte recayó en el entonces gobernador en funciones Fidel Herrera Beltrán.
El coordinador general de campaña de Javier Duarte tuvo bajo su responsabilidad la aplicación de por lo menos las siguientes estrategias:
a) Coordinar directamente a su propio gabinete de gobierno en acciones de campaña.
b) Recabar recursos económicos, en especie del erario público y de carácter privado y transferirlos a la campaña.
c) Fortalecer y movilizar las redes de clientelismo para reforzar los actos de campaña y en la movilización de votantes el día de la jornada electoral.
d) Reforzamiento mediático a favor de su candidato.
e) Uso y movilización de la fuerza pública con fines de presión política en contra de las redes aliadas del principal adversario político de Javier Duarte.
Por su parte Miguel Ángel Yunes Linares supo aprovechar su presencia en calidad de Director General del ISSSTE, enfocándose a gestionar recursos provenientes de esta institución para abrir clínicas y centros de atención hospitalaria como parte fundamental de su estrategia de precampaña.
En la parte de la campaña por la gubernatura Yunes Linares basó sus actividades bajo las siguientes estrategias:
a) Movilización de recursos económicos, materiales, humanos y de información provenientes de las delegaciones federales y de los gobiernos municipales que decidieron apoyarlo destacando en esta estrategia el gobierno municipal de Boca del Río gobernado por uno de sus hijos.
b) Promoción de rupturas provenientes de otros partidos principalmente del PRI y del PRD.
c) Creación y movilizaciones de redes ciudadanas que se movilizaron de manera voluntaria en apoyo al candidato del Partido Acción Nacional.
En lo que respecta al candidato del PRD-Convergencia y el PT, Dante Delgado Rannauro, fue el candidato que más limitaciones económicas y políticas tuvo, desgatado políticamente y sin recursos su participación en la contienda se redujo a una presencia de tipo testimonial.
Los medios de comunicación y la contienda electoral
En un sistema político democrático los medios de comunicación cumplen con el papel de forjadores de una esfera pública:
Habermas (1986) “Bajo esfera de lo público entendemos en principio un campo de nuestra vida social en el que se puede formar algo así como opinión pública. Todos los ciudadanos tienen —en lo fundamental— libre acceso a ella. Una parte de la esfera de lo público se constituye en cada discusión de particulares que se reúnen en público. En este caso, ellos no se relacionan ni como hombres de negocios o en el ejercicio de sus profesiones, cuyos asuntos particulares los motivarían a hacerlo, ni como compañeros con obligaciones estatutarias de obediencia, bajo disposiciones legales de la burocracia estatal. Como concurrencia, los ciudadanos se relacionan voluntariamente bajo la garantía de que pueden unirse para expresar y publicar libremente opiniones que tengan que ver con asuntos relativos al interés general. En el marco de una gran concurrencia esta comunicación necesita determinados medios de transmisión e influencia; tales medios de la esfera de lo público son, hoy: periódicos, revistas, radio y televisión. Hablamos de la esfera de lo público casi a diferencia de la literaria cuando las discusiones públicas se relacionan con objetos que dependen de la praxis estatal. El poder del Estado es, por decirlo así, el adversario de la esfera de lo público, mas no su parte. En efecto, ese poder es considerado como poder público porque antes que nada debe su atributo a las tareas que desarrolla para el bien público, es decir, a la procura del bien común de todos los conciudadanos. Primero, cuando el ejercicio de la dominación política está efectivamente subordinada al mandato de la esfera de lo público ésta gana una influencia institucionalizada sobre el gobierno, por medio del cuerpo legislativo. El título de “opinión pública” se relaciona con las tareas de la crítica y del control que practica informalmente la concurrencia ciudadana (también formalmente durante el periodo de elecciones) frente a la dominación organizada del Estado. Conforme a esta función de la opinión pública existen del mismo modo disposiciones en torno a la publicidad; la esfera de lo público obligatoria está relacionada con algo así como un protocolo. A la esfera de lo público como esfera mediadora entre sociedad y Estado, en la que se forma la concurrencia como portadora de la opinión pública, corresponde el siguiente principio: cada publicidad, que antiguamente debió de realizarse en contra de la política enigmática de los monarcas, permite un control democrático de la acción estatal.” (citado por Uribe, 2006: 58).
En el caso de Veracruz nos encontramos en una situación completamente distinta a lo que propone Habermas en su concepto de “esfera pública”. En muy raras excepciones hay medios de comunicación formales que permiten expresar y publicar libremente las opiniones. Lo que se procura es el servilismo y la obediencia política ante la burocracia y el partido gobernantes. La mayoría de los periódicos, revistas, la radio y televisión (pública y privada) lejos de constituirse en espacios de crítica y control frente al gobierno se han convirtieron sumisamente en los instrumentos de propaganda de Fidel Herrara Beltrán.
En Veracruz la esfera pública se encuentra seriamente limitada. En las pasadas campañas los medios de comunicación evidenciaron de la manera más ruin su incapacidad de emanciparse como interlocutores entre la sociedad civil y la sociedad política, actuando como lacayos que por unos pesos venden al mejor postor los encabezados, destacan o minimizan información que les solicitan, atacan al oponente a pedido del cliente y han hecho de la propaganda política la función y negocio de los medios.
Rumbo a una Agenda Ciudadana para la Democracia en Veracruz
La falta de condiciones democráticas para la disputa electoral hace patente la necesidad impulsar una Agenda Ciudadana para la Democracia en Veracruz que abarque a la mayor parte de las instituciones del sistema político Veracruzano.
Los veracruzanos no podemos continuar viviendo bajo un régimen que ha hecho de la administración pública local su propio feudo.
En pleno siglo XXI resulta completamente inaceptable que continúen vigentes estas formas centralistas, verticales y autoritarias de relacionarse con los partidos políticos y con la sociedad civil.
Concluyo mi participación, proponiendo 10 puntos básicos para crear la Agenda Ciudadana para la Democracia en Veracruz con la idea de que se permita otorgar una efectividad política y legal a los poderes locales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a los órganos autónomos del gobierno incluyendo una modificación completa jurídica y constitutiva del Instituto Electoral Veracruzano:
1) Consolidar, ampliar y profundizar, el acceso ciudadano a una real rendición de cuentas de los gobernantes;
2) Generar un nuevo equilibrio en materia de contenidos de información entre el gobierno estatal y los medios de comunicación;
3) Abatimiento frontal a la corrupción que se encuentra mermando las funciones sustanciales de la administración pública estatal;
4) Desmantelar las relaciones clientelares de control ciudadano;
5) Garantizar en las elecciones locales subsecuentes genuinas elecciones libres y democráticas,
6) Desterrar cualquier intento de recurrir a las fuerzas de seguridad pública con fines de control y represión política;
7) Abrir al control ciudadano los órganos electorales;
8) Diseñar e Implementar estrategias que permitan el empoderamiento de actores intermedios de la sociedad civil;
9) Transparentar y reglamentar públicamente el gasto público en materia de medios de comunicación.
10) Implementar la figura de revocación de mandato para todos los cargos de elección popular.
* Director de la Revista Digital Independiente Voz Universitaria www.vozuniversitaria.org.mx raul@vozuniversitaria.org.mx facebook.com/raul.lopezmartinez
Bibliografía
Berlanga, José (2010). Democracia, en Eduardo Villarreal y Víctor Martínez (comps), (PRE) Textos para el análisis político, México, FLACSO-Universidad Von Humboldt
Bobbio, Norberto (1996). El futuro de la democracia, México, FCE.
Bobbio, Norberto (1989). Liberalismo y democracia, México, FCE.
Uribe, Rodolfo (2006). Dimensiones para la democracia. Espacios y criterios, México, CRIM-UNAM, pp. 58-59
