* El IEV superó la prueba de fuego
* Pozos, detrás de protestas del IVE
José Ortiz Medina
En Corto… sin Cortes
En quince días Veracruz cambiará su mando político, económico y social. En dos semanas, Javier Duarte de Ochoa asumirá su mandato constitucional y como nuevo gobernador del estado estará obligado a marcar las diferencias, a continuar con los proyectos que ameriten su permanencia, a renovar aquellos que por las exigencias sociales requieran, y a crear los programas que las necesidades y reclamos de los ciudadanos impongan.
Hoy que el gobernador Fidel Herrera Beltrán se presentará ante el Congreso del Estado para rendir cuentas de su sexenio, el gobernador electo estará ahí para identificar los proyectos que serán transexenales.
Apenas el sábado, cuando los reporteros pedían –como ya se hizo costumbre y tradición– una calificación para el VI Informe, Duarte de Ochoa respondió con pertinencia política porque no quiso anticipar comentarios hasta escuchar el mensaje.
Se trata de la misma prudencia que el gobernador Fidel Herrera Beltrán mostró en su trato con Javier Duarte de Ochoa. Sabedores los dos de los tiempos y las formas políticas, el gobernador electo recibió la felicitación de Herrera Beltrán y prácticamente la estafeta hasta el día de la ratificación de la validez de la elección.
Hoy sabemos, porque así también lo informó Duarte de Ochoa, que existe una estrecha colaboración y relación de trabajo entre la administración que concluye y la que está por iniciar. Ahí están la defensa presupuestal conjunta ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y la elaboración del Decreto de reordenamiento en la administración pública estatal.
Si bien la transición no debe significar rompimiento, tampoco debe entenderse como el continuismo y la inercia que nada beneficia a los nuevos proyectos. Javier Duarte de Ochoa está por iniciar su gobierno, una administración que debe distinguirse y marcar diferencias. Ya anticipaba que el orden y la disciplina serán signos característicos de su mandato, como también la transparencia.
Como nadie parte de cero, el último informe del gobernador Fidel Herrera Beltrán será definitivo en los proyectos que Duarte de Ochoa termina de trazar. En quince días, así como marca la Constitución Política del Estado de Veracruz, se iniciará una gestión que debe responder a las exigencias y necesidades de la nueva realidad veracruzana.
VISTO EN PERSPECTIVA y justo cuando ya se está caminando en la transición política y de poderes en Veracruz, hay que reconocer el trabajo que ha realizado el Instituto Electoral Veracruzano, una institución que estuvo en el ojo del huracán por obvias razones -porque fue el centro de interés de los partidos políticos- pero que se mantuvo incólume, firme en el cumplimiento de la ley. La razón última se la ha dado tanto el Tribunal Estatal Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancias judiciales que han avalado casi todas sus decisiones. Los cincuenta diputados que tomaron protesta el pasado 5 de noviembre, el gobernador electo Javier Duarte de Ochoa que hará lo propio el 1 de diciembre y los 212 munícipes que se presentarán a gobernar sus demarcaciones el día primero de enero de 2011, le deben al Instituto Electoral Veracruzano y a los miles de ciudadanos que trabajaron antes, durante y después del proceso electoral, la legitimidad de sus triunfos. A la cabeza de esta organización estuvieron la Consejera presidenta Carolina Viveros García y sus colegas Blanca Castaneyra, Víctor Borges Caamal, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini y Alfonso Ayala Sánchez. Bien.
SI BIEN ES CIERTO que todos tenemos derecho a manifestar nuestras inconformidades públicamente, también lo es el hecho que para llevar este tipo de manifestaciones se debe empezar por tener plenamente justificada dicha acción y no solo por llamar la atención. Por eso resulta verdaderamente extraño que personas como Lizbet Jiménez Peña, quien de inicio es egresada de contaduría de la UV, se haya sumado a la protesta que protagonizaron hace unos días egresados de la licenciatura en Educación para Adultos del IVE, para exigir plazas docentes, mismas que a decir de ellos, les han sido negadas por su perfil académico. Pero lo que resulta aún más extraño de esta turbia manifestación es que en los procesos que desde hace cinco años realiza la SEV para otorgar las plazas docentes, sí se han considerado a los egresados del IVE. Tan es así que en el último proceso que se llevó a cabo en junio de este año, se registraron 177 egresados del IVE. Claro, que no hayan logrado alcanzar el puntaje requerido es otra cosa, pero de eso a que se les haya negado el derecho a buscar una plaza por su perfil, hay mucha diferencia. Por cierto y hablando de estos concursos de plazas que buscan impulsar la transformación del sistema educativo nacional, no se tiene registro alguno de que Lizbeth Jiménez haya siquiera hecho el intento de participar en este proceso y miren que ella ha cubierto interinatos propuestos por la Organización Sindical SETSE en el nivel de Telebachillerato, desde el 2009 hasta el 23 de marzo de este año, lo que de entrada echa abajo aquello de que le hacen el feo por no contar con el perfil requerido. Todo esto hace pensar que Enrique Pozos Tolentino, dirigente del Movimiento de Unidad Popular pretende colgarse de este tipo de acciones no solo para meter presión ante la opinión pública, sino para ver si de pura suerte es chicle y pega, y de esta manera logra sacarle a la SEV una que otra placita.
