Octavio Augusto Lara Báez
Contornos
La prostitución es un asunto vinculado con la salud pública y como tal, debe ser atendido por las autoridades. Gobiernos de todas las ciudades enfrentan el reto de mantener bajo control y permanente supervisión médica a todas aquellas personas –mujeres y hombres- que se dedican a la prestación de servicios de tipo sexual, a fin de prevenir la propagación de enfermedades venéreas, que puedan poner en riesgo la salud y la vida de los proveedores y consumidores de estos servicios.
Alcaldes veracruzanos, en diferentes momentos, como lo ha hecho recientemente el xalapeño David Velasco Chedraui, han tenido la intención de controlar mejor éstas actividades, proponiendo establecer zonas de tolerancia, lo que les ha generado, como es normal, expresiones a favor y en contra.
En Córdoba, diferentes administraciones han obtenido reacciones parecidas al querer llevar a cabo proyectos semejantes.
Y es que el tema de la prostitución, además de ser muy sensible para la sociedad, es complejo; en él intervienen una diversidad de factores, que van desde lo social a lo económico pero que también tienen que ver con nuestra cultura y nuestras creencias, las cuales frecuentemente chocan con la realidad cruda de una actividad que subsiste porque tiene una demanda real entre la población sexualmente activa.
Por ello, pese a esa connotación escabrosa que la sociedad le asigna, la prostitución no puede ignorarse o minimizarse, pues el vacío legal que prevalece respecto de su ejercicio y la falta de políticas oficiales claras, propician la clandestinidad, aumentando los riesgos y favoreciendo la corrupción.
Puede resultar lógico entonces, pensar que si se concentrara en una zona determinada a las personas dedicadas al comercio carnal y los negocios relacionados con espectáculos y venta de alcohol, ayudaría a las instancias de salud, de comercio y de seguridad, a tener un mayor control sobre ellos.
Entiendo que por una natural preocupación sanitaria, cada administración municipal, de casi cualquier parte del país donde no cuentan con zona de tolerancia, recurrentemente plantea la creación de una, reviviendo una y otra vez la polémica al respecto.
Hablar de zonas de tolerancia a muchos les espanta. Se dice en contra de ésta idea que la concentración de dichas actividades en un mismo sitio fomentaría más los vicios y la delincuencia, principalmente por el consumo de drogas que prolifera en la actualidad. Puede ser, pero también es cierto es que si no se pone orden a estos giros el riesgo es todavía mayor.
Creo que el antecedente más conocido de una zona de tolerancia en el estado es la Ley 98, promulgada por el entonces gobernador Jorge Cerdán en 1942, en la que establecía las «casas de asignación», eufemismo para nombrar a los prostíbulos y señalaba que la ubicación del terreno debería estar a una distancia mínima de 500 o mil metros de cualquier vivienda. Como dato curioso, dicha Ley prohibía el consumo de bebidas alcohólicas y los juegos de azar dentro del lugar, de lo que se desprende que en principio, las zonas de tolerancia sólo pretendían aislar la práctica de la prostitución.
Implementar y hacer que funcione el proyecto sería el desafío mayor, pues se enfrenta a las condiciones que impone nuestra actualidad. Simplemente, hoy en día, los medios de comunicación publicitan abiertamente “casas de masaje” y otras modalidades de sexo servicio; las modernas tecnologías posibilitan comprar o contratar cualquier cosa vía internet, y esa liberalización de la oferta de servicios, entre ellos los de tipo sexual, plantea problemas a la autoridad para regularlos.
La construcción de una zona de tolerancia tiene que ser, además, una acción perfectamente planeada y consensuada para garantizar su continuidad, en caso de que dure más allá de un período municipal.
Los empresarios interesados invertirían en los nuevos «establecimientos controlados», pero lo más importante sería que los Ayuntamientos garantizaran que los negocios actuales ya no seguirán operando bajo el mismo giro.
Mientras este tipo de proyectos se concretan, lo que toca a los Ayuntamientos es intensificar la supervisión de los antros de vicio, hacer valer los reglamentos existentes o actualizarlos, vigilar celosamente su cumplimiento y sancionar, sin excepciones de ninguna especie, a quien no respete las disposiciones.
No perdamos de vista que la propia sociedad ha prohijado la permanencia de la prostitución a través de siglos; lo que debe asegurar la autoridad es que por ningún motivo se salga de control. Caso aparte es la venta de drogas, que exige una atención especial y acciones enérgicas para evitarla a toda costa, con o sin zonas de tolerancia.
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