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La académica y exabogada general de la UV, Marisol Luna Leal, informó que interpuso una Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que el caso de la prórroga otorgada al rector Martín Aguilar Sánchez representa un asunto de trascendencia nacional para todas las universidades públicas del país. 
Luna Leal detalló que la prórroga aprobada por la Junta de Gobierno de la UV es objeto de un amparo por su presunta inconstitucionalidad e ilegalidad, argumentando que dicho órgano aplicó de manera indebida la Ley de Autonomía y la Ley Orgánica de la institución, al crear un procedimiento sin fundamento normativo. También señaló la celeridad inusual con la que el Segundo Tribunal Colegiado resolvió los recursos relacionados, actuando en apenas dos días y medio, cuando los tiempos habituales oscilan entre tres y cinco meses. 
A raíz de lo anterior, la académica rechaza la versión difundida por la Dirección General de Comunicación Universitaria (DGCU) que afirma que “ya no hay recursos legales” por interponer. En contraste, explicó que el equipo jurídico que la acompaña presentó una SEFA para que la Suprema Corte analice temas clave como los alcances de la autonomía universitaria, los límites de actuación de órganos internos como la Junta de Gobierno y la relación de estos con los derechos humanos, la legislación vigente y la rendición de cuentas. 
El documento expone nueve preguntas de fondo que, a juicio de Luna Leal, deben ser revisadas por la Corte para esclarecer si órganos universitarios pueden tomar decisiones discrecionales, modificar procedimientos antes del inicio de procesos de designación o interpretar normas con efectos equivalentes a los del Poder Legislativo. Además, subraya que la prórroga otorgada al rector implica violaciones constitucionales que requieren la intervención del Pleno de la SCJN. 
Finalmente, advierte que mantener el criterio aplicado por los tribunales federales podría afectar no solo a la Universidad Veracruzana, sino también a todas las universidades públicas del país, dado que se trata de un precedente relacionado con autonomía, controles internos, derechos universitarios y transparencia.
