La académica Marisol Luna Leal, exabogada general de la Universidad Veracruzana, hizo público un posicionamiento en el que rechaza los señalamientos realizados en su contra y contra otros integrantes de la comunidad universitaria que han promovido juicios de amparo para impugnar la prórroga concedida al actual rector por la Junta de Gobierno .
El pronunciamiento surge tras la sesión del Consejo Universitario General celebrada el 15 de diciembre, en la que el rector Martín Aguilar Sánchez mencionó con nombre y apellido a quienes han expresado su desacuerdo con la prórroga, calificando dichas acciones como parte de una supuesta estrategia de desprestigio institucional .
Luna Leal señala que recurrir a un foro de alta relevancia para aludir a personas ausentes constituye un abuso de poder y una práctica tendenciosa, al impedir el derecho de réplica inmediata. Subraya que el ejercicio del disenso y el uso de recursos legales no pueden equipararse con ataques a la institución, sino que forman parte de la vida democrática universitaria .
En su documento, la académica cuestiona la finalidad de exhibir públicamente a quienes han ejercido derechos constitucionales y advierte que estas acciones colocan en una situación de vulnerabilidad a miembros de la comunidad, además de enviar un mensaje intimidatorio que inhibe la pluralidad y la crítica .
Asimismo, denuncia una serie de prácticas implementadas por la rectoría en los últimos meses —como cambios en consejeros, presiones laborales y actos de intimidación— que, a su juicio, evidencian un desgaste institucional y una deriva autoritaria incompatible con la naturaleza académica de la universidad .
El posicionamiento también aborda la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no atraer el caso relacionado con la prórroga rectoral. Luna Leal considera que dicha determinación se tomó sin debate ni transparencia y que dejó pasar una oportunidad histórica para delimitar los alcances de la autonomía universitaria .
Finalmente, la académica enfatiza que el respeto a la libertad de expresión y de reunión no es una concesión de la autoridad universitaria, sino una obligación constitucional. Concluye que confundir el disenso con el desprestigio institucional debilita la democracia universitaria y afecta el papel social de la universidad como espacio de pensamiento crítico
