Miguel Ángel Rueda-Ruiz
Filias y fobias… del Poder
El Poder Ejecutivo en Veracruz abre otro capítulo en la criminalización de contenidos -como herramienta jurídica para contener la Libertad de Expresión- llevándola a los terrenos del Terrorismo y Sabotaje.
Veracruz enfrenta un contexto crónico de violencia e intimidación contra la prensa, donde la criminalización legal de comunicadores es vista como parte de un patrón de riesgo.
Más que acusaciones formales de terrorismo en tribunales, los comunicadores han enfrentado un «terrorismo de facto» proveniente tanto de grupos criminales como de instituciones estatales, manifestado en desapariciones, asesinatos y desplazamiento forzado.
El de Rafael León Segovia, “Lafita León”, acusado de terrorismo, se suma a los casos María de Jesús Bravo Pagola @maruchibravo -periodista y usuaria de Twitter- y Gilberto Martínez Vera -@gilius_22- por difundir rumores falsos en redes sociales sobre supuestos ataques armados a escuelas en Veracruz y Boca del Río.
En agosto de 2011, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, policías estatales detuvieron a Bravo Pagola y Martínez Vera acusados de terrorismo y sabotaje iniciando una discusión pública sobre las implicaciones de ambos casos.
Los acusaron de terrorismo equiparado y sabotaje, con penas posibles de hasta 30 años de prisión.
Ambos casos generaron críticas internacionales, incluyendo de Amnistía Internacional, por violar la libertad de expresión.
Finalmente, retiraron los cargos y los liberaron tras presión pública.
Este incidente se considera uno de los primeros ejemplos en México de criminalización de contenido en redes sociales bajo cargos graves como terrorismo.
Hoy, en la criminalización de contenidos en Veracruz participan el Estado, Grupos de Poder y el Sistema Penal.
Es evidente el uso de leyes, procesos o estigmas para restringir, perseguir o castigar la producción, difusión o ejercicio de información, opinión o expresión.
El fenómeno puede afectar a periodistas, activistas, colectivos y personas que expresan ideas o difunden contenidos en medios tradicionales o digitales.
La detención y acusaciones penales contra Rafael León Segovia, en Coatzacoalcos, implica un efecto disuasorio sobre otros comunicadores y limita la libertad de prensa en la entidad.
La criminalización es “terrorismo de facto” contra periodistas y creadores de contenido.
El entorno histórico suma persecución penal de periodistas por su trabajo informativo; ambiente peligroso para la libertad de expresión por violencia e impunidad.
Así como la narrativa oficial contra “noticias falsas” y “conceptos imprecisos” que minimizan hechos reales y limitan expresiones legítimas.
El contexto crónico y el entorno histórico se confirman en el primer semestre de este agónico 2025 donde resalta el acoso judicial – que deriva en criminalización- como forma moderna de censura.
La organización Article 19 documentó un fuerte incremento en el acoso judicial contra periodistas y medios en México, que consiste en iniciar procesos legales —penales, civiles o electorales— para desgastar, intimidar y censurar a comunicadores.
Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se registraron 51 casos de acoso judicial, afectando a 39 periodistas y 12 medios de comunicación.
Veracruz fue la entidad con mayor número de casos en el país, con 10 procesos legales iniciados solo en ese periodo, por encima de Ciudad de México y Jalisco.
Este tipo de procesos suelen utilizar figuras jurídicas como la Violencia Política en Razón de Género (VPEG) y los llamados litigios estratégicos contra la participación pública, diseñados para intimidar, hacer gastar recursos y forzar autocensura.
El caso de Rafael León Segovia se inserta en la intensa cercanía entre el Poder Ejecutivo y la acotada autonomía de la nueva Fiscalía General del Estado.
En la alineación para la ejecución de la justicia en Veracruz se suman los renovados jueces y magistrados del Poder Judicial.
El de Rafael León Segovia no es un caso aislado. Es la aplicación, en este nuevo régimen estatal, de un comportamiento crónico del Poder, la criminalización de contenidos.
Es la punta de una lanza que se cierne sobre periodistas y ciudadanos en general.
