Ana Rosa Valdés Salazar
En mi Opinión
La iniciativa de reforma a 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, tuvo el fin que muchos analistas políticos y expertos en Derecho Electoral le vaticinaron: no alcanzó la mayoría calificada de votos y fue desechada.
Lo que mal empieza, mal acaba. Se rechazó una iniciativa elaborada desde el poder, exclusivamente por integrantes de la élite de Morena y del gobierno federal, ninguno de ellos experto en Derecho Electoral y cerrados a escuchar opiniones de la oposición, de asociaciones y de académicos conocedores de la materia.
Con sus partidos aliados PVEM y PT en abierta rebeldía, a sabiendas de que no alcanzaría la mayoría requerida, el proyecto se presentó y la Presidenta dijo: yo ya cumplí, hice lo que el pueblo me pidió, aunque nunca precisó cuándo ni dónde le pidieron que reformara la Constitución en esos términos. Enigmática frase el yo ya cumplí, ¿con quién?
Ante el riesgo de que se aprobara una reforma tan regresiva, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Presidente de su Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, llamó a formar un bloque opositor entre PRI, PAN y MC para frenar la intentona del régimen.
El llamado se sustenta en el reconocimiento de la realidad política de México, donde una oposición dividida fortalece al partido en el poder porque la competencia entre partidos opositores reduce las posibilidades de equilibrar el poder político.
Históricamente -dijo el PRI-, los cambios democráticos en México se han alcanzado mediante acuerdos entre las distintas fuerzas, cuyos líderes priorizaron el interés nacional sobre cualquier otro interés y con unidad política hicieron posible que avanzara la democracia.
Y así, con los votos en contra de PAN, PRI, MC, PVEM y PT, y hasta de algunos diputados de Morena (que no tienen convicción, según la Presidenta Sheinbaum), se logró derrotar al autoritarismo, pero el peligro sigue latente, con el plan B que de inmediato se dio a conocer y que, apoyado ahora sí por PVEM y PT, incluye reducir y poner un tope en los presupuestos asignados a los Congresos locales y en los salarios de sus legisladores; así como recortar el número de regidurías en los municipios del país y fortalecer la participación ciudadana en temas electorales a través de consultas populares.
Como se advierte, el ya famoso plan B no es otra cosa que un engendro profundamente antifederalista, pues lo que pretende regular, compete a las autoridades locales, y particularmente peligroso resulta el intento de someter a consulta popular temas electorales, es decir, asuntos sobre acceso al poder, lo que no se hace en ningún país del mundo, porque la materia involucra temas muy delicados y el resultado de una consulta sería vinculante con la participación de sólo el 40 por ciento de los electores inscritos en el padrón. Imagínese usted lo que se le podría ocurrir al gobierno consultarle al pueblo en materia electoral y deduzca lo que puede venir.
Por eso se requiere la unidad de las fuerzas progresistas, las mismas que impulsaron la transición democrática, desde la Reforma Política de 1977 y las reformas posteriores con la creación del IFE en 1990; la de 1993, que fortaleció la autonomía del Instituto al desvincular al Poder Ejecutivo de su dirección y aumentar la representación ciudadana en el Consejo General; y la de 1996, que otorgó plena autonomía al IFE, mediante su ciudadanización, y estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En todo ese proceso, el PRI tuvo una destacada participación inaugurando la serie de reformas políticas con la de 1977, que permitió el registro a partidos que se mantenían en la clandestinidad y estableció el principio de representación proporcional en la elección de diputados, replicado después en las elecciones de legislaturas estatales y de ayuntamientos; y apoyando las reformas posteriores mediante acuerdos con la oposición y el voto de sus mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
De ahí el llamado de la dirigencia nacional priista a las fuerzas democráticas para retomar el camino de la unidad política y la oposición responsable que permita construir acuerdos. Hoy más que nunca nuestra democracia está en riesgo y es impostergable cerrar filas para proteger a las instituciones que la hacen posible.
Morena ya probó el sabor de la derrota, de nosotros depende que este nuevo intento de imposición autoritaria, llamado Plan B, fracase también, por el bien de México.
