El anuncio del reemplacamiento vehicular masivo para 2026 en Veracruz no llegó como una política pública cuidadosamente planeada, sino como una provocación administrativa.
En un estado golpeado por servicios deficientes, plataformas colapsadas y una estructura gubernamental que no logra despegar, la medida fue interpretada de inmediato por amplios sectores de la ciudadanía como lo que realmente parece ser: un nuevo golpe al bolsillo, disfrazado de orden administrativo.
La inconformidad social no surge en el vacío. Llega tras un cierre de 2025 marcado por el colapso del sistema de recaudación estatal, caídas constantes de la Oficina Virtual de Hacienda, oficinas físicas saturadas y contribuyentes atrapados en trámites interminables, sin información clara ni certeza jurídica.
Bastó el canje de placas para motocicletas —que apenas representa una fracción del parque vehicular— para exhibir una estructura administrativa frágil, mal planeada y sin capacidad de respuesta.
Si el sistema se desbordó con un padrón reducido, la pregunta es inevitable:
¿cómo pretende el gobierno enfrentar el reemplacamiento del resto del parque vehicular en 2026?
Hablar de modernización resulta irónico cuando el sistema opera peor que hace una década.
Los canjes vehiculares del pasado, incluso los masivos, nunca provocaron el nivel de caos observado recientemente. Hoy, bajo el discurso de un “nuevo sistema”, el gobierno ofrece lentitud, fallas técnicas, requisitos cambiantes y una experiencia que erosiona la confianza ciudadana.
El problema no es únicamente tecnológico.
Es un problema de conducción política.
La recaudación estatal opera sin liderazgo claro, sin planeación estratégica y con decisiones improvisadas, lo que se traduce en reglas contradictorias, lineamientos que se emiten y se revocan, y criterios que cambian según la ventanilla o el día.
Un ejemplo evidente es la exigencia del CFDI (factura electrónica) para trámites tan básicos como el cambio de propietario.
Durante décadas, el endoso simple fue un mecanismo válido; hoy se invalida de facto y se obliga a los ciudadanos a pagar certificaciones notariales costosas, encareciendo artificialmente un trámite administrativo y cerrando la puerta a miles de contribuyentes que buscan regularizar su situación.
Lejos de facilitar la recaudación, se obstaculiza, contradiciendo el deber legal básico de cualquier autoridad fiscal: recaudar, no ahuyentar al contribuyente.
IA EN CONTROL VEHICULAR: APOYO TECNOLÓGICO O COARTADA PARA LA INCOMPETENCIA
A este desorden se suma un elemento poco discutido públicamente, pero ampliamente conocido al interior de la actual administración de SEFIPLAN, llegada en buena parte desde Puebla:
Los lineamientos, circulares y disposiciones en materia de Control Vehicular están siendo elaborados con apoyo de inteligencia artificial, particularmente mediante sistemas como SofIA, utilizados para redactar comunicados y estructurar criterios administrativos.
El uso de inteligencia artificial, en sí mismo, no es negativo.
Bien aplicada, puede agilizar procesos, homologar criterios y reducir errores.
El problema en Veracruz no es la IA.
El problema es que se está usando como sustituto del criterio humano, no como herramienta de apoyo.
Cuando una IA genera lineamientos sin supervisión experta, sin contexto local y sin evaluación de impacto, el resultado no es eficiencia, sino caos automatizado:
• Circulares que se revocan días después o carecen de sustento jurídico.
• Requisitos imposibles de cumplir o abiertamente incongruentes con el Código Financiero.
• Amenazas de sanciones que luego se “reinterpretaban”: por escrito se ordena observancia estricta y, al detectar el error, se emiten indicaciones verbales o por WhatsApp que se contraponen, dejando al personal en total incertidumbre.
• Oficinas paralizadas por órdenes que nadie puede sostener jurídicamente.
La IA no falla sola.
Falla cuando quienes deben decidir abdican de su responsabilidad.
Y aquí surge la pregunta incómoda que el gobierno no ha querido responder:
Si los comunicados, lineamientos y criterios se generan con IA; si no hay liderazgo, coherencia ni planeación;
si las decisiones se improvisan y se corrigen sobre la marcha…
¿para qué sirven entonces el Procurador Fiscal, el Director General de Recaudación y la Jefa de Control Vehicular?
Porque su función no es redactar documentos.
Es pensar, evaluar, decidir y asumir el costo político y jurídico de sus decisiones.
• UNA IA NO COBRA SALARIOS ELEVADOS.
• NO TIENE PRESTACIONES.
• NO EVADE RESPONSABILIDADES.
HOSTIGAMIENTO INTERNO Y COLAPSO OPERATIVO
A este escenario se suma un desgaste interno que el gobierno se niega a reconocer.
En lugar de fortalecer al personal con experiencia, la administración optó por hostigamiento laboral, presión administrativa y sanciones arbitrarias contra trabajadores de oficinas recaudadoras.
El resultado fue inmediato: fuga de talento, desmotivación y oficinas debilitadas, justo cuando más se necesitaba capacidad operativa.
No es que el personal no quiera trabajar; es que opera atado por decisiones erráticas, órdenes contradictorias y circulares que cambian de un día para otro.
El discurso humanista quedó reducido a propaganda frente a una realidad de maltrato, improvisación y desorden institucional.
REEMPLACAMIENTO: ORDEN PARA EL DISCURSO, NEGOCIO PARA LA CALLE
En este contexto, el reemplacamiento anunciado no se percibe como orden, sino como negocio.
La narrativa oficial insiste en seguridad y control del padrón vehicular, pero en la calle el mensaje es otro:
pagar otra vez, sin ver resultados.
No hay carreteras dignas, no hay infraestructura nueva, no hay servicios eficientes que respalden la exigencia de un nuevo desembolso masivo.
La percepción ciudadana es contundente: se cobra mucho y se gobierna poco.
Las preguntas incómodas persisten:
• ¿Dónde están los beneficios tangibles de lo ya cobrado?
• ¿Quién responde por los sistemas que no funcionan?
• ¿Por qué se amplía la carga administrativa cuando la estructura actual no resiste ni los procesos mínimos?
EL RIESGO POLÍTICO DE 2026
Si el sistema colapsó con las motocicletas, ¿qué ocurrirá cuando más del 80 % del parque vehicular deba reemplacarse?
El escenario no es hipotético ni alarmista. Es una proyección lógica basada en hechos recientes: filas interminables, enojo social, sanciones injustas y un desgaste político acelerado y difícil de revertir.
Este desgaste no es menor ni accidental.
Responde a una cadena de decisiones erróneas, omisiones reiteradas y falta absoluta de conducción, que han convertido un trámite administrativo en un foco permanente de conflicto social.
Como dicta la lógica política, “amor con amor se paga”, y cada error administrativo termina cobrándose en las urnas.
Con la revocación de mandato en el horizonte de 2027, cada trámite fallido, cada sistema caído y cada cobro injustificado no solo alimentará el descontento durante 2026: lo consolidará.
Rocío Nahle aún podría corregir el rumbo, pero el margen de maniobra se reduce cada día.
Porque el caos actual no es responsabilidad difusa ni heredada. Tiene origen claro, decisiones concretas y responsables plenamente identificables.
El colapso en materia de control vehicular tiene nombre y apellido y recae directamente en:
• Luciano Cervantes Jiménez, Procurador Fiscal, por permitir criterios sin sustento jurídico, tolerar lineamientos contradictorios y no ejercer el control legal que su cargo exige.
• Israel Octavio Caballero de la Rosa, Director General de Recaudación, por conducir el área sin planeación, imponer requisitos inviables y administrar el sistema bajo la lógica de la improvisación permanente.
• Berenice Guillén Melche, Subdirectora de Registro y Control de Obligaciones, por avalar procedimientos incongruentes con el marco normativo y permitir que la operación se sostenga en criterios cambiantes.
• Angélica Malpica Morfines, Jefa de Control Vehicular, por ejecutar sin criterio propio disposiciones erráticas que paralizan oficinas y generan confrontación directa con contribuyentes y personal.
Y no se trata de errores menores ni fallas técnicas.
Se trata de incapacidad para dirigir áreas estratégicas del Estado.
La corrección exige acción inmediata, no discursos ni simulaciones: remover a quienes no funcionan, restituir el criterio técnico y jurídico, reconstruir el aparato recaudatorio y explicar con claridad para qué y para quién se gobierna.
Si el gobierno insiste en avanzar sin corregir, el reemplacamiento de 2026 no será recordado como una medida de orden, sino como el punto de quiebre definitivo.
No solo por el colapso administrativo que se anticipa, sino porque puede sellar la percepción de un gobierno que cambió placas, automatizó decisiones y cobró sin rumbo, pero nunca logró cambiar la incompetencia.
UN REMATE NECESARIO: LA CRÍTICA NO ES TRAICIÓN, ES RESPONSABILIDAD
No se le desea el fracaso a la gobernadora Rocío Nahle.
Decirlo con claridad es necesario en un contexto donde toda crítica suele ser descalificada como ataque político.
Aquí no hay deseo que le vaya mal a su gobierno.
Al contrario: si a Veracruz le va bien, nos va bien a todos.
El problema es que, hasta ahora, parece no haber espacio para la autocrítica, y mucho menos para escuchar observaciones técnicas, advertencias administrativas o señalamientos fundados. En la lógica que se ha instalado —y que se repite en distintos gobiernos de la llamada Cuarta Transformación— la crítica no se procesa como consejo, sino como afrenta, y cualquier señalamiento es interpretado como obra de adversarios reales o imaginarios.
Ese es un error grave.
Gobernar no es rodearse de lealtades ciegas ni blindarse frente a la realidad. Gobernar es escuchar, corregir y decidir a tiempo.
Si la arrogancia y la soberbia terminan imponiéndose sobre el análisis técnico y la experiencia institucional, el costo político será enorme, y no recaerá únicamente en los funcionarios operativos, sino en la figura de la propia gobernadora.
Hoy, buena parte del problema en SEFIPLAN no es ideológico ni presupuestal:
es de desconocimiento del territorio, de las normas locales y de la administración pública veracruzana.
El grupo de funcionarios improvisados que llegó desde Puebla no entiende dónde está parado.
Citan playas en zonas montañosas, desconocen el entramado legal estatal y, lejos de apoyarse en el personal con décadas de experiencia, optaron por someter, hostigar y amedrentar a quienes sí conocen los lineamientos, las leyes y la operación real del sistema.
Ese camino no lleva a la modernización. Lleva al colapso.
Y el colapso ya es visible en la calle.
Nunca antes se había visto en Veracruz a ciudadanos pernoctando más de 12 horas fuera de las oficinas de Hacienda, durmiendo en banquetas o dentro de sus vehículos, para intentar alcanzar una ficha o ser atendidos.
Nunca antes trámites administrativos que deberían resolverse en minutos o pocas horas se prolongaban más de 24 horas, obligando a los contribuyentes a perder días de trabajo, asumir costos adicionales y vivir un desgaste innecesario.
Ese nivel de descomposición no es normal ni aceptable, y no puede justificarse con discursos de modernización ni con la promesa de sistemas futuros.
Ningún problema estructural se resuelve a fuerza de circulares, ni ningún sistema recaudatorio se fortalece con amenazas internas ni con decisiones automatizadas sin criterio humano.
La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil, pero no sustituye el conocimiento del estado, ni la responsabilidad del funcionario público.
Si todo se va a delegar a la IA, entonces la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿para qué se les paga?
Este no es un llamado al enfrentamiento, sino a la corrección.
A escuchar antes de que el desgaste sea irreversible.
A entender que la crítica informada no debilita al gobierno; lo fortalece.
Porque insistir en avanzar con soberbia, rodeada de funcionarios que no conocen Veracruz y que gobiernan desde la improvisación, no solo pone en riesgo el reemplacamiento de 2026, sino algo más profundo:
la confianza ciudadana y la viabilidad política del proyecto.
No queremos que le vaya mal, Gobernadora.
Queremos que Veracruz funcione.
Y para eso, escuchar también es gobernar.
