Mara Iliana Cruz Pastrana
Hablar de los derechos de las mujeres como conquistas del pasado es una forma cómoda de ignorar el presente. Si bien las leyes han cambiado y los discursos institucionales se han llenado de palabras como igualdad y paridad, la realidad demuestra que la agenda histórica de las mujeres sigue abierta y, en muchos aspectos, estancada.
La violencia es el ejemplo más brutal. Feminicidios, desapariciones y agresiones cotidianas continúan marcando la vida de miles de mujeres. No se trata solo de cifras alarmantes, sino de un patrón sostenido de impunidad que envía un mensaje claro: denunciar no siempre garantiza justicia. Mientras los expedientes se acumulan, la violencia se normaliza.
En el terreno laboral, la igualdad sigue siendo una promesa incumplida. Las mujeres ganan menos, ascienden menos y cargan con el costo de la maternidad en entornos laborales que aún la penalizan. A esto se suma el trabajo doméstico y de cuidados, invisible y no remunerado, que sostiene la economía sin reconocimiento ni corresponsabilidad real del Estado o del mercado.
El cuerpo de las mujeres sigue siendo un campo de disputa política. El acceso desigual a los derechos sexuales y reproductivos revela que la autonomía corporal aún genera resistencias profundas. No basta con reformas legales si estas no se traducen en servicios accesibles, información clara y trato digno.
La participación política tampoco está exenta de violencia. Las mujeres que acceden a cargos públicos enfrentan ataques, descalificaciones y amenazas que buscan expulsarlas del espacio público. La paridad numérica no ha eliminado las prácticas patriarcales que operan al interior del poder. La paridad ha permitido el acceso, pero no ha eliminado la violencia política ni la resistencia al liderazgo femenino. Las mujeres llegan a los cargos, pero enfrentan deslegitimación, amenazas y sabotaje. Se les permite estar, pero no ejercer el poder.
Hablar de las mujeres como un grupo homogéneo es otra forma de exclusión. Las mujeres indígenas, migrantes, con discapacidad o privadas de la libertad siguen quedando al margen de las políticas públicas y del debate mediático. La interseccionalidad no es un concepto académico: es una realidad ignorada. Hablar de derechos de las mujeres sin considerar estas realidades es seguir construyendo discursos incompletos.
Incluso en el ámbito digital, las violencias se reproducen con nuevas formas y viejas omisiones. El acoso y la difusión no consentida de contenidos íntimos muestran que la tecnología avanza más rápido que la protección efectiva de los derechos. La violencia en redes sociales se ha convertido en una extensión de la violencia estructural, mientras las respuestas institucionales siguen siendo tardías y débiles.
Las luchas de las mujeres no son una consigna ni una moda. Son una exigencia constante frente a un sistema que ha avanzado en el papel, pero no en la vida cotidiana. Reconocer que la agenda sigue pendiente no es un acto de confrontación, sino de honestidad social. Insistir en que la igualdad ya se alcanzó es una narrativa cómoda, útil para el discurso oficial, pero ajena a la realidad. Sirve para cerrar debates, justificar presupuestos insuficientes y administrar la desigualdad sin enfrentarla. La agenda histórica de las mujeres sigue abierta porque las deudas no solo persisten: se han normalizado.
A 110 años del Congreso Feminista de Yucatán, la agenda de las mujeres no debería ser conmemorativa, sino incómoda. Recordar ese encuentro histórico no es un acto simbólico: es un recordatorio de que el Estado sigue en deuda. Mientras la igualdad sea un discurso y no una experiencia cotidiana, hablar de avances será solo una forma elegante de negar la realidad.
