Mara Iliana Cruz Pastrana
Lo que hasta hace unos años era un reclamo recurrente en marchas obreras, foros universitarios y columnas de opinión, hoy se ha convertido en un proceso estructurado de diálogo social y legislativo que busca transformar las condiciones laborales en México. Bajo el lema de “justicia laboral y bienestar compartido”, el gobierno federal ha puesto en marcha mesas de discusión para avanzar hacia una jornada laboral de 40 horas semanales, un estándar que, de aprobarse y adoptarse, marcaría un hito histórico en la legislación laboral mexicana.
Un debate construido desde múltiples voces
La iniciativa -promovida por la presidencia y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)- fue anunciada en el contexto del Día Internacional del Trabajo. En ese acto, la presidenta enfatizó que la reducción de horas no sería una imposición, sino el resultado de un proceso inclusivo en el que participen sindicalistas, representantes empresariales, trabajadores, académicos y organizaciones sociales.
Desde junio hasta julio de 2025, la STPS organizó una serie de foros y mesas de diálogo en diversas ciudades del país. En estos encuentros se analizó no solo el cómo implementar la reducción de la jornada, sino qué implicaciones tendría para la productividad, la economía y la calidad de vida de los trabajadores. La participación de expertos en trabajo decente y de sectores productivos fue clave para abrir un intercambio que, según las autoridades, ha permitido construir puentes entre intereses a veces divergentes.
¿Qué propone la reforma laboral?
El corazón del debate está en reformar tanto el Artículo 123 de la Constitución como la Ley Federal del Trabajo, para establecer la jornada de 40 horas como la nueva norma. Los promotores de la iniciativa han subrayado que la implementación será gradual, con reducciones paulatinas desde las 48 horas actuales hasta las 40 para el año 2030.
El esquema dibuja una secuencia que bajaría la jornada en dos horas cada año a partir de 2027: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 en 2030. Según las autoridades, esto permitirá que tanto empresas como trabajadores ajusten sus procesos sin poner en riesgo la productividad ni los derechos laborales.
Debate y críticas: ¿una reforma de justicia o de simulación?
Aunque el proceso de diálogo ha sido amplio, no ha estado exento de críticas. Desde algunos sectores empresariales se ha señalado la necesidad de reglas claras y una transición ordenada para evitar impactos negativos en sectores con dinámicas de producción intensivas. Algunos críticos argumentan que el ritmo paulatino podría diluir el objetivo de la reforma, mientras que otros apuntan que no garantiza un segundo día de descanso semanal, lo que a su juicio limita los beneficios reales para los trabajadores.
Por otro lado, actores políticos y sindicales han defendido que, más allá del calendario, el avance en justicia laboral consiste en recuperar tiempo de vida para las personas, mejorar la salud física y mental, fortalecer la vida familiar y comunitaria, y reconocer el valor del trabajo humano más allá de la productividad.
Hacia una decisión legislativa
Tras meses de diálogo y análisis, las iniciativas ya fueron enviadas al Congreso de la Unión, donde se espera que sean discutidas en el próximo periodo de sesiones que inicia en febrero de 2026. La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado ha señalado que será fundamental escuchar todas las voces para construir un dictamen robusto que refleje tanto la justicia social como la viabilidad económica de la medida.
El destino de la jornada laboral de 40 horas no está definido todavía, pero el proceso abierto alrededor de ella representa un ejercicio significativo de diálogo por la justicia laboral, donde el conflicto y el consenso se entrelazan en una agenda que busca redefinir las condiciones del trabajo en México para el siglo XXI.
