Elena Córdova Molina
Legislando Contigo
¿A quién le gusta recibir problemas por la irresponsabilidad de otros?
A nadie.
Y, sin embargo, eso es exactamente lo que suele pasar cada vez que hay un cambio de administración municipal.
Veracruz acaba de renovar 211 ayuntamientos y un Concejo Municipal. Nuevas autoridades llegan con ganas de trabajar, de hacer las cosas mejor, de responderle a su gente.
Pero muchas veces, antes de que entren, ya les dejaron la mesa puesta… llena de problemas.
Por eso, en 2018, este Congreso tomó una decisión responsable: establecer un candado legal para evitar que, en el último trimestre de su mandato, los ayuntamientos pudieran vender, donar o enajenar bienes que comprometieran el patrimonio municipal.
Ese candado ha funcionado.
En 2021 y en 2025 este Congreso actuó con prudencia y no aprobó nada en esa etapa final.
Pero hoy sabemos que ese candado no fue suficiente.
Porque la ley no dice nada sobre las concesiones.
Y ese vacío legal abre una puerta muy peligrosa: que a días de concluir su mandato, un ayuntamiento pueda solicitar autorización para otorgar una concesión que comprometa a la siguiente administración… y peor aún, a la ciudadanía por muchos años.
Las experiencias antiguas y recientes nos lo han demostrado con claridad.
Ahí está el caso de Grupo MAS en Veracruz y Medellín de Bravo, donde miles de personas siguen sin ver soluciones a afectaciones en el servicio, con señalamientos que incluyen impactos a la salud, al medio ambiente y presuntas irregularidades técnicas y financieras.
Ahí estuvo el intento de la administración saliente de Coatepec de imponer parquímetros en pleno centro histórico.
Ahí están los reclamos cuando el alumbrado público concesionado deja de funcionar a los pocos días.
O cuando se concesiona el servicio de limpia sin protocolos adecuados y terminamos con problemas de contaminación.
Todas esas decisiones tienen algo en común: las toma una administración… pero las padece la gente durante años.
Por eso presenté una iniciativa muy clara: que no se puedan autorizar concesiones, prórrogas ni cancelaciones cuando los ayuntamientos ya están cerrando cortinas.
No estamos inventando nada nuevo.
Estamos ampliando una protección que ya existe desde hace más de siete años, para fortalecer los procesos de entrega-recepción y respetar la autonomía de las nuevas autoridades municipales, para que sean ellas quienes decidan con libertad si continúan o no con esos trámites.
Porque los asuntos que duran años no deben decidirse a última hora.
Porque este Congreso no debe tener concesiones… con las concesiones de última hora.
Y porque en la vida pública, como en la vida diaria, todo debe hacerse a su debido tiempo.
