Síguenos ahora también en WhatsApp. ¡Da clic aquí!
Ignacio Alvarez
Pluma Negra
Una vez más los transportistas de Veracruz amagan al gobierno de estado, con el chantaje de dejar sin transporte a la zona conurbada más grande del estado que es Veracruz, Boca del Río, Medellín de Bravo y Jamapa, con la decisión arbitraria de aumentar la tarifa de 9 a 12 pesos.
Y es el aumento a la tarifa se autorizó al sistema de transporte de la ciudad de Xalapa en esta semana; pero los transportistas de Veracruz incluidos los autobuses Ulúa aplicaron de inmediato el aumento de tres pesos al pasaje y sin descuento a la tercera edad y los estudiantes.
La arbitrariedad de los transportistas supera al mensaje de la gobernadora Rocío Nahle, que ayer declaró y dejó claro de viva voz que el aumento se autorizó sólo para los transportistas de Xalapa, ayer también, la Dirección de Transporte Público del Estado, emitió un boletín para informar que, NO está autorizado el aumento en la zona de Veracruz.
Prácticamente en todas las rutas urbanas y suburbanas los transportistas colocaron anuncios de tarifa mínima de 12 pesos, es decir, aumentaron tres pesos el costo por decisión propia en afectación directa a miles de usuarios de los municipios de la zona centro.
Lo cierto es que el Gobierno del Estado no está dispuesto a soportar el abuso de los transportistas urbanos y mucho menos sus amagues de suspender el servicio para condicionarlo al aumento. Desde temprana hora de este jueves se realizaron operativos de personal de Transporte Público para hacer respetar la tarifa de 9 pesos en el transporte.
Históricamente Veracruz padece de un transporte de mala calidad y abusos de parte de los transportistas, el mejoramiento del servicio requiere de mano dura. La gobernadora Nahle tiene en sus manos esa decisión para garantizar servicio de calidad y costo accesible.
La introducción de los autobuses Ulúa es una buena señal, pero no es suficiente, hace falta un ordenamiento puntual y estratégico de todo el sistema de transporte público, al fin y al cabo, se trata de concesiones que el propio gobierno otorga y puede retirar.



