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NdelaR
Mientras el Gobierno de Veracruz presume combatir abusos notariales y redes de corrupción inmobiliaria, su política fiscal obliga a miles de ciudadanos a acudir forzosamente ante notarios, encareciendo de forma desproporcionada un trámite administrativo que históricamente se resolvía con documentos privados plenamente válidos.
El programa de canje de placas en Veracruz se ha convertido en un símbolo de desorden administrativo, contradicción institucional y carga económica injustificada para la ciudadanía. A las fallas del sistema, la confusión de requisitos y un programa de condonación que en los hechos no opera, se suma ahora un elemento que ha detonado indignación generalizada: la exigencia de endosos notariados para acreditar la propiedad de vehículos, con costos que van de 2 mil 500 a 3 mil pesos, trasladando el peso financiero directamente al contribuyente.
Paradójicamente, esta medida se impone en un contexto donde el propio Gobierno del Estado anunció recientemente el retiro de una notaría en Xalapa, vinculada presuntamente al llamado cartel inmobiliario, y la prohibición del registro de contratos privados por considerarlos instrumentos utilizados para despojos y fraudes.
El mensaje oficial es de combate frontal a las prácticas notariales irregulares; la realidad administrativa, sin embargo, crea un mercado cautivo para notarios impulsado desde la propia autoridad fiscal.
EL ENDOSO ES LEGAL: LA EXIGENCIA NOTARIAL NO
Desde el punto de vista jurídico, el endoso de la factura vehicular es un medio válido para acreditar la transmisión de la propiedad. La factura constituye un título de propiedad y el endoso en propiedad es un acto jurídico privado plenamente reconocido tanto en el ámbito mercantil como en la práctica administrativa histórica del país.
No existe disposición expresa en la legislación estatal que obligue a que dicho endoso deba ser ratificado ante notario para surtir efectos administrativos.
En consecuencia, la Secretaría de Finanzas y Planeación no puede, mediante criterios internos o lineamientos operativos, desconocer una figura jurídica válida ni imponer requisitos adicionales que no estén previstos en la ley.
Esta práctica vulnera directamente el principio de legalidad administrativa consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige que todo acto de autoridad esté debidamente fundado y motivado.
MEDIDA DESPROPORCIONADA Y REGRESIVA
La exigencia de comparecer ante notario viola además el principio de proporcionalidad que rige tanto la actuación administrativa como la materia tributaria.
El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece que las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas. Obligar a un ciudadano a pagar miles de pesos adicionales para cumplir un trámite administrativo básico no es necesario, no es idóneo y no es proporcional, pues impone una carga económica excesiva e injustificada.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido de manera reiterada que la autoridad no puede imponer cargas administrativas excesivas que hagan nugatorio el ejercicio de un derecho, ni establecer requisitos que impliquen un obstáculo económico irrazonable para el gobernado. Asimismo, los tribunales federales han sido claros al señalar que los lineamientos administrativos no pueden ir más allá de la ley ni crear obligaciones nuevas para los ciudadanos.
IMPACTO SOCIAL: EL COSTO LO PAGAN LOS MÁS VULNERABLES
Esta política afecta de manera particular a quienes adquirieron vehículos usados hace años, no cuentan con factura electrónica y cumplieron en su momento con la normativa vigente.
El resultado es una discriminación administrativa indirecta, donde contribuyentes en la misma situación jurídica reciben un trato desigual únicamente por la fecha o forma en que adquirieron su vehículo, lo que contraviene el artículo 1º constitucional, que prohíbe toda forma de discriminación y obliga a las autoridades a aplicar las normas favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas.
CONDONACIÓN FALLIDA Y DISCURSO CONTRADICTORIO
A este escenario se suma el fracaso del programa de condonación. Aunque la Gobernadora Rocío Nahle aseguró públicamente que el canje de placas no estaría condicionado a la verificación vehicular, en la práctica el sistema arroja cobros elevados, sin transparencia ni criterios claros, contradiciendo el discurso oficial.
El ciudadano enfrenta sistemas que no funcionan, requisitos cambiantes, criterios discrecionales entre oficinas y ahora un gasto notarial forzoso que eleva aún más el costo de cumplir con la ley.
ENTRE EL DILEMA POLÍTICO Y SOCIAL
El canje de placas en Veracruz ya no es solo un trámite administrativo.
Es el reflejo de una política pública mal diseñada que castiga al ciudadano cumplido, encarece la legalidad y contradice el propio discurso gubernamental de combate a la corrupción.
Mientras el Gobierno presume retirar notarías por abusos, obliga a los veracruzanos a acudir con notarios.
Mientras habla de condonación, cobra más. Mientras promete simplificación, complica.
La pregunta es inevitable.
¿Se gobierna para ordenar la administración pública o para trasladar el costo de la improvisación al bolsillo del ciudadano?
Porque hoy, en Veracruz, el mensaje es claro para miles de contribuyentes: la legalidad se paga cara, la improvisación se tolera y el ciudadano vuelve a ser el último en la fila de prioridades.
