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Ángeles González Ceballos
Habitantes del ejido Tejocotal Ranchillos, perteneciente al municipio de Las Vigas de Ramírez, exigieron al gobierno de Veracruz el pago de adeudos acumulados por más de 22 años, por el uso de tierras de uso común donde se encuentran instaladas las antenas repetidoras de Radiotelevisión de Veracruz.
Carlos Hernández Arriaga, asesor legal de los ejidatarios y presidente de la asociación civil Frente Veracruzano Social A.C. (FREVESOL), precisó que además de RTV, están instaladas antenas de Canal 11, Televisa, entre otras empresas, pero sólo les debe el Estado.
Explicó que las tierras ejidales corresponde a un área de uso común ubicadas en Las Lajas, donde desde hace más de dos décadas operan las repetidoras de la televisora estatal.
Reconoció que en un inicio había el compromiso de hacerles un pago mensual por el uso del predio, sin embargo, este sólo se cumplió durante los primeros años y, a partir del 2002 o 2003, los pagos se suspendieron totalmente.
“Estamos hablando de un adeudo de aproximadamente 22 años. Lo que se pagaba en aquel entonces era un promedio de 22 a 27 mil pesos mensuales, pero desde hace más de dos décadas los ejidatarios no han recibido absolutamente nada”, aseguró.Los ejidatarios quieren que se les pague lo adeudado o que se les informe si el pago ya se realizó, a quién, cuándo y por cuánto fue la cantidad.
“No queremos otra cosa. Nada más que se nos diga la verdad y se cumpla conforme a derecho”, manifestó.Reveló que desde julio de 2025, los ejidatarios solicitaron a través de distintos oficios al gobierno del Estado, la instalación de una mesa de trabajo, sin embargo, no han recibido respuesta.
Además, en distintos intentos de tener un diálogo con las autoridades, se les negó el acceso a reuniones oficiales, incluso hasta se les intimidó.
“Un funcionario nos dijo que éramos revoltosos y que ya nos estaban esperando con la policía. Eso es falso. Nosotros hemos actuado siempre de manera pacífica y legal”, sostuvo.Hernández Arriaga informó que de no ser atendidas sus demandas, interpondrán acciones legales y llegarán hasta las últimas consecuencias, ya que lo único que buscan es respeto y legalidad para los ejidatarios.
Los afectados llamaron a la gobernadora Rocío Nahle García y al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, para que intervengan y se dé una solución justa al conflicto.
