Isabel Ortega
La directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, Clara Mora Juárez, evitó explicar las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el ejercicio fiscal 2024, cuando se entregaron apoyos sociales a personas fallecidas o inexistentes, y se limitó a responder: “eso fue en otra administración”.
En breve entrevista, al ser cuestionada sobre las observaciones realizadas a la gestión de la extitular del DIF, Rebeca Quintanar Barceló, quien encabezó el organismo durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez (2018-2024), la funcionaria evitó abundar en el tema y se deslindó de las irregularidades detectadas por la autoridad fiscalizadora.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz fue observado tanto en la primera como en la tercera entrega de informes de la ASF. Inicialmente se detectaron irregularidades por 16 millones 842 mil pesos debido a la falta de acreditación en la entrega de apoyos sociales.
El organismo no presentó el soporte documental ni el padrón de beneficiarios que avalara que los bienes adquiridos mediante el programa “Atención a Población en Condiciones de Emergencia” llegaron a los destinatarios finales.
La fiscalización también reveló inconsistencias en los padrones de beneficiarios de programas alimentarios estatales, al confrontarlos con las bases de datos de la Secretaría de Salud. Se identificó que mil 496 beneficiarios figuraban como personas fallecidas en registros oficiales.
Asimismo, se detectó el pago de 547 mil 900 pesos a 275 personas que se encontraban fuera del rango de edad permitido para recibir apoyos escolares, lo que evidenció fallas en la depuración y control de los listados de beneficiarios.
Además, la Auditoría Superior de la Federación detectó que la CURP de 3 mil 10 beneficiarios de desayunos escolares no fue localizada en la matrícula de alumnos de educación básica del ciclo 2024, mientras que 3 mil 456 registros presentaron errores en su integración y 2 mil 542 beneficiarios no existen en las bases de datos del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO).
La ASF determinó que el DIF Estatal operó con padrones que incluían identidades inexistentes, duplicadas o de personas fallecidas, situación documentada en la Auditoría de Cumplimiento 2024-A-30000-19-2012-2025 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
En la tercera entrega de informes, la Auditoría de Cumplimiento 2024-A-30000-19-2020-2025 de Participaciones Federales a Entidades Federativas reveló irregularidades por 13 millones 10 mil pesos relacionadas con la adquisición de despensas y vales para trabajadores sindicalizados.
La Auditoría Superior de la Federación determinó un probable daño patrimonial al detectar que el organismo no cuenta con la documentación justificativa necesaria para acreditar la recepción y destino final de los bienes, además de omitir evidencia del ingreso de productos a almacén y los contratos de las cuentas bancarias utilizadas para los pagos.
El monto total observado al DIF estatal asciende a 33 millones 785 mil pesos
